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¿Se abusa de la prisión preventiva?

I. Dos defensores oficiales de General Pico presentaron un habeas corpus por el hacinamiento que sufren los detenidos en comisarías de la ciudad cuyo número duplica la capacidad de alojamiento afectando negativamente el proceso de resocialización. En La Pampa, es bien sabido, las comisarías fungen de prisiones de emergencia, albergando presos que cumplen condenas firmes y otros que están a la espera de sentencia.
A los pocos días fue el presidente del Colegio de Abogados el que salió públicamente a cuestionar «la gestión de la prisión preventiva que tiene algunos vicios o excesos», pues suele cumplir el papel de «anticipo de pena», coincidiendo con los defensores piquenses en cuanto los resultados: genera sobrepoblación en comisarías y alcaidías.
La réplica no tardó en llegar. Primero fue el juez de audiencia de General Pico quien afirmó que «no hay un aumento de las prisiones preventivas» y deslindó las responsabilidades de los magistrados con relación a las condiciones de detención y la cantidad de presos en las comisarías «porque no tenemos injerencia en determinar la cantidad de detenidos» en las dependencias policiales. En el mismo sentido se expresó el procurador general de la provincia al señalar que la prisión preventiva «no es un adelanto de pena» y que se aplica bien en el ámbito provincial pues «nunca excede el plazo razonable establecido». Por último fue el ministro de Gobierno quien intervino mencionando un aspecto no menos grave del problema la falta de capacidad para alojar a detenidos en virtud del incumplimiento del Servicio Penitenciario Federal de un convenio firmado con la Provincia para aceptar 300 condenados pampeanos.

II. Resulta alentador observar que no se está barriendo debajo de la alfombra y que el problema no es eludido por los actores de la Justicia, el Ejecutivo y los abogados. Aunque sin ponerse de acuerdo sobre la correcta aplicación de la figura de la prisión preventiva, todos admiten que existe una situación de hacinamiento lo cual constituye un castigo adicional -e inconstitucional- a los encarcelados.
La polémica y el involucramiento de los que están vinculados al tema son valiosos pues permiten mantener informada a la sociedad sobre una cuestión de relevancia. Alguien dijo, y no sin razón, que se pueden conocer los principios que rigen una sociedad por la forma en que se trata a las personas que sufren la privación de la libertad en los lugares de confinamiento. A esta altura lo que correspondería es, a partir del debate, dar un paso adelante y avanzar sin demora en la implementación de las medidas que permitan comenzar a superar esta grave falencia institucional. Este es también un tema vinculado a la seguridad, bandera de los sectores conservadores para justificar el endurecimiento de las políticas penales sin hacerse cargo de las consecuencias.

III. Si se habla del instituto de la prisión preventiva no puede ignorarse que en nuestro país ha sufrido un manoseo escandaloso y ha servido, especialmente en el ámbito de la Justicia federal porteña, para la persecución de dirigentes y empresarios por razones políticas. La reciente denuncia ante una jueza de un conocido propietario de medios de comunicación es alarmante, como también el informe presentado por una de las Relatorías Especiales de la ONU con duras críticas al Ejecutivo nacional por sus intromisiones en el Poder Judicial.
Pero si bien ese es el marco nacional, no es lo que sucede en nuestra provincia con la administración de justicia en general y el instituto de la prisión preventiva en particular, aunque tenga consecuencias graves para la población carcelaria. Y este es el punto sobre el cual corresponde insistir porque el Estado debe velar por el bienestar de todos, incluso por quienes están privados de su libertad, mal que les pese a las mentes medievales.