Se caen las mentiras del gobierno de Abdo

Organizaciones de derechos humanos de Paraguay y Argentina, las Naciones Unidas y la CIDH piden el esclarecimiento del hecho donde resultaron muertas dos niñas de 11 años.
IRINA SANTESTEBAN
Según la versión del gobierno de Mario Abdo Benítez, las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del ejército paraguayo tomaron un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), y en esa acción resultaron muertas María Carmen y Lilian Mariana Villalba . Según informó su abuela Mariana de Jesús Ayala López, las niñas vivían con ella en Puerto Rico, Misiones, y habían viajado a Paraguay a visitar a sus padres, miembros del EPP.

Mentiras.
La euforia del presidente paraguayo, que se fotografió en el lugar del hecho rodeado de militares, se expresó en sus declaraciones, al decir que habían destruido la «base más importante» del EPP. El general Héctor Grau, de las FTC aseguró que se trataba de «combatientes» de esa guerrilla, que tenían 15 y 17 años y que vestían uniformes de esa fuerza guerrillera. Sin embargo, sus cuerpos fueron enterrados presurosamente en Yby Yaú, donde ocurrieron los hechos y los uniformes quemados, supuestamente, por el «protocolo Covid». No se filmó el procedimiento y cuando comenzó a caerse el relato oficial, se procedió a desenterrar los cuerpos, pero en lugar de entregarlos a sus familiares, los llevaron a Asunción, donde no se permitió la presencia de los abogadxs de la familia en la autopsia.
La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY) cuestionó «el acento triunfalista del gobierno, en relación a un hecho que está más cerca de ser caracterizado como terrorismo de Estado». El organismo apuntó a la «premura» para sepultar los cuerpos antes de que fueran identificados y entregados a las familias, en lo que parece un intento de «borrar evidencias del terrible suceso» (Agencia ANCLA, 06/09/2020). En el mismo sentido, se pronunció la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, organización que ha asumido la defensa de la familia de las niñas, y cuyos abogados como Eduardo Soares han actuado en otros juicios contra dirigentes del EPP.

Argentinas.
Según lo reconoció la Cancillería argentina, las niñas nacieron en nuestro país: Lilian el 29 de octubre de 2008 en Formosa y María Carmen el 5 de febrero de 2009 en Clorinda. Así surge de sus documentos de identidad argentinos.
Pero el general Grau afirmó que las niñas nacieron en Paraguay y luego llevadas a Argentina, para inscribirlas allí. Y acusó a nuestro país de ser una «guardería» para formar soldados del EPP. También dijo en un primer momento que una de las niñas era Magna Meza, una reconocida lideresa del EPP y la otra su hija. Luego que fueran difundidos los documentos de identidad, el gobierno de Paraguay está siendo intimado para que esclarezca el hecho. Será muy difícil, porque tal como lo expresara el militar, la acción contó con la anuencia del jefe de Estado, quien tomó esa acción como un gran triunfo sobre la organización guerrillera.

Guerrilla campesina.
El EPP surge del partido Patria Libre y tiene su nacimiento oficial en 2008, con actuación en los departamentos del oriente de Paraguay: Concepción, Amambay, San Pedro, Presidente Hayes y Canindeyú. Allí, el gobierno paraguayo ha dictado el «estado de excepción», otorgando amplias facultades al ejército para la detención de personas y accionar contra supuestos grupos de apoyo a la guerrilla.
El EPP tiene varios de sus dirigentes presos, una de ellas Carmen Villalba, tía de las niñas asesinadas, y a su propio hijo de 13 años también lo asesinó el ejército. Los sucesivos gobiernos del vecino país, han acusado al EPP de recibir entrenamiento militar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de Chile y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las organizaciones de derechos humanos y hasta la diócesis de Concepción, acusan al gobierno de utilizar como pretexto la lucha contra el EPP, para criminalizar las justas demandas económicas y sociales de los campesinos. Tal como sucedió y sigue sucediendo en diferentes países latinoamericanos (México, Colombia, Brasil), numerosos sindicalistas y líderes campesinos son asesinados por el ejército cuando se resisten a los desalojos de sus tierras, o demandan reforma agraria o protestan contra la utilización de pesticidas que afectan el medioambiente.

Hábeas Corpus.
Las madres de María Carmen y Lilian, junto con su abuela, presentaron un recurso de Habeas Corpus en Argentina, patrocinados por letrados de la Gremial, para que se intime al Estado Paraguayo a informar si ha iniciado en nuestro país acciones contra las familias de combatientes del EPP. Si es así, para que informen dónde se encuentran esas causas y para que se proteja a los niños y a sus madres de eventuales represalias del ejército del vecino país.
En Argentina se conoce bien lo que significa el terrorismo de Estado, que dejó el luctuoso saldo de 30.000 desaparecidos, bebés apropiados, torturas y asesinatos en centros clandestinos de detención.
Los enfrentamientos simulados, en los que aparecían cadáveres de supuestos «terroristas», pero nunca militares muertos ni heridos, eran moneda corriente, pero la Justicia no investigaba los signos de tortura que presentaban esos cuerpos. La muerte de estas dos niñas, en una acción del ejército en la que no hubo otras víctimas, a pesar de tratarse, según el presidente Abdo, de la «mayor base» del EPP, indicaría que no hubo tal enfrentamiento sino accionar terrorista del Estado.

Cuestionamientos.
Abdo Benítez pidió una sesión reservada en el Congreso para informar sobre lo ocurrido, ante la avalancha de críticas del país y a nivel internacional. También el Senado convocó a una sesión virtual para hoy, en la que expondrán los médicos forenses, los responsables militares, los ministros de Defensa e Interior y los fiscales que investigan el caso.
Lo cierto es que la versión oficial del gobierno se está cayendo a pedazos, pues hablar de un «operativo exitoso» en contra de un grupo guerrillero, con el resultado de dos niñas muertas y ningún combatiente capturado ni herido ni muerto, resulta insostenible. Si como dijo Abdo, el campamento era el «más importante» del EPP, los hechos tal como los ha narrado su gobierno, con la anuencia del fiscal Federico Delfino y los medios de comunicación que se hicieron eco de la versión oficial, no concuerdan con la verdad.
La abuela de las niñas fue entrevistada por el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, donde confirmó que vivían con ella y que habían viajado a ver a sus padres. Y acusó al gobierno y al ejército paraguayos de «matar a dos niñas y ahora no saben cómo salir de la situación».
Desde las Naciones Unidas también se lo consideró «un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país».
En diversas ciudades de Argentina ayer hubo marchas a la embajada y consulados de Paraguay para repudiar estos asesinatos.