Se cierra una causa vergonzosa

La causa conocida como «dólar futuro» se cerró y quedó demostrado, ya sin sombra de duda, que se trató de una persecución político-judicial contra Cristina Kirchner, Axel Kicillof y otros funcionarios kirchneristas. La denuncia original había sido presentada por Federico Pinedo y Mario Negri el 30 de octubre de 2015, cinco días después de la primera vuelta de la elección presidencial -cuando Daniel Scioli se impuso por tres puntos a Mauricio Macri- y tres semanas antes del ballotage del 22 de noviembre, que ganó Macri por dos puntos.
La intención aviesa de la denuncia fue visible de entrada, no solo por la oportunidad temporal de su presentación sino porque recayó en el juzgado de Claudio Bonadío, el hombre que decidió no actuar como juez sino como verdugo con el beneplácito de toda la estructura judicial que estaba por encima de él y lo apañó en su tarea de hostigamiento a la entonces oposición política. No se puede olvidar que once de los trece procesamientos contra CFK los dictó este magistrado; los otros dos corrieron por cuenta de otro pescado del cardumen macrista: Julián Ercolini.
La profunda corrupción que carcome al Poder Judicial se puso de manifiesto en esta causa absolutamente descabellada que acaba de cerrar, en fallo unánime, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal con el sobreseimiento de todos los imputados por inexistencia de delito. El grado supino de perversión que encierra este procedimiento está en el hecho de que el expediente inició su curso, y continuó su desarrollo, sin el peritaje imprescindible que determinara si hubo o no perjuicio contra el Estado, es decir, si hubo o no accionar delictivo. Esa evaluación crucial se concluyó nada menos que cinco años después de iniciadas las actuaciones, lapso en el cual los imputados estuvieron embargados y sometidos a un ataque mediático impiadoso por parte de la prensa porteña corporativa.
En verdad esta causa no es muy distinta, en su armado e intención, de las pergeñadas contra la expresidenta por el Memorándum de Entendimiento con Irán, la muerte de Nisman, la obra pública de Santa Cruz, Hotesur-Los Sauces y Oil Combustibles entre otras. El denominador común que animó esta sucesión de procesos judiciales contra quien fuera elegida por dos veces para ocupar la Casa Rosada, algo sin precedentes en la historia argentina, fue la voluntad indisimulable de encarcelarla para dañar su figura pública y sacarla definitivamente de la carrera política. No muy distinto a lo que hicieron con Lula Da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador.
Este mecanismo perverso que puso en marcha la derecha continental -bajo la atenta mirada de Washington- contra líderes populares que desde el gobierno se negaron a aplicar la receta neoliberal, se conoce como «lawfare», es decir, guerra judicial. Engranajes indispensables de esta estrategia fueron los grandes medios de comunicación quienes, con su «periodismo de guerra», respaldaron la tarea sucia de los jueces y fiscales que se involucraron en semejante cacería de brujas.
Esta causa aberrante, por sí sola, justifica con creces una reforma judicial profunda, que no se detenga, ni entretenga, en la cosmética de las formalidades.