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Se hizo justicia

I. Las recientes condenas dictadas por la Justicia en el marco del denominado Juicio por la Subzona 14 II tienen una importancia capital porque vienen a ratificar, en la misma línea de la causa anterior, que durante la última dictadura se instaló en La Pampa el terrorismo de Estado a través de la aplicación de un plan sistemático para perseguir y silenciar a una parte de la población mediante métodos aberrantes y reñidos con el estado de derecho.
En el primer juicio se habían sentado ocho acusados: un militar, Néstor Omar Greppi, y siete policías. Esta vez fueron trece: se sumó otro militar, el exjefe de la policía pampeana, Luis Enrique Baraldini, y el primer civil que enfrenta un tribunal por participar en la consumación de delitos de lesa humanidad, el médico Máximo Pérez Oneto, además de otros policías.
Los jueces encontraron pruebas suficientes de que, con la excepción de uno de ellos beneficiado con la absolución, todos participaron con distinto grado de responsabilidad en la maquinaria represiva que consistió en secuestrar y torturar a centenares de personas contando incluso con una supervisión «científica» a cargo de un profesional de la salud para aumentar el nivel de «eficacia» de los interrogatorios mediante la aplicación de tormentos físicos y psicológicos.
Las víctimas de la represión, que siguieron las alternativas del juicio y presenciaron la lectura de las condenas, mostraron en términos generales satisfacción con la sentencia aunque expresaron su disconformidad porque el Tribunal Oral Federal decidió no aplicar la figura de «genocidio» sino la de «crimen de lesa humanidad»; por esa razón, anticiparon, continuarán con la batalla legal en pos de revertir este pronunciamiento.

II. Otro aspecto que no pasó desapercibido es que los condenados continuarán en libertad. A pesar de la extrema gravedad de los delitos perpetrados los represores no irán a prisión porque las condenas aún no están firmes y quedan instancias de apelación por transitar. En tiempos de uso tan arbitrario de la figura de la «prisión preventiva» como instrumento de persecución contra dirigentes políticos y exfuncionarios esta no es una cuestión menor.
Sin embargo, aún frente a estos mecanismos de la burocracia judicial nada fáciles de entender para el ciudadano común, la templanza mostrada por las víctimas es digna de reconocimiento. Una de ellas -seguramente en nombre de todas- pidió «que cumplan sus condenas en cárcel común» y que no sufran torturas «con picanas eléctricas como hacían con nosotros». Esa enorme distancia ética y política entre victimarios y víctimas no puede dejar de mencionarse. Al momento de los alegatos, los hoy condenados no se privaron de hablar de Dios, de sus convicciones espirituales e incluso de sus linajes familiares; y con la excepción de uno de ellos que pidió perdón, el resto no mostró el más leve signo de arrepentimiento por los actos aberrantes cometidos.

III. El escenario político argentino es otra referencia ineludible a la hora de evaluar la trascendencia de este fallo condenatorio. El gobierno que asumió en diciembre de 2015 nunca ocultó su aversión por las investigaciones judiciales sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar que están en marcha en todo el país. Los grandes logros obtenidos en la materia y el significativo avance de los tribunales en los procesos en marcha, además de la férrea voluntad de los organismos defensores de los derechos humanos y el acompañamiento de una parte mayoritaria de la sociedad evitaron que se consumara la doctrina de «terminar con la revisión del pasado» defendida por el macrismo y los grandes medios aliados. Así y todo el beneficio de la excarcelación y la prisión domiciliaria concedidas a una sensible mayoría de los represores condenados refleja la ideología dominante en el gobierno que también se manifiesta en su insistente cuestionamiento al número de víctimas de la dictadura.