Se presentó en Córdoba, por la situación en Bolivia

Mientras una delegación viajó a Bolivia a recabar testimonios, en Córdoba se presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad por parte de los golpistas.
IRINA SANTESTEBAN - Argentina ha sido pionera en la investigación, enjuiciamiento y condena por los crímenes cometidos durante la vigencia del terrorismo de Estado; es reconocida a nivel mundial, porque constituye un gran avance en materia de defensa de los Derechos Humanos.
Mauricio Macri intentó con diferentes estrategias terminar con esas políticas, que si bien fueron implementadas por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, han sido el resultado de luchas de décadas de los organismos de derechos humanos. En especial, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que con gran coraje se plantaron frente a los militares en los años más duros de la represión.

En Bolivia.
El pasado viernes 29 se presentó en los Tribunales Federales de Córdoba, una denuncia sobre presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en la República Plurinacional de Bolivia, constituyéndose como querellante la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares. La presentación y redacción de la denuncia estuvo a cargo del abogado Rafael Ortiz, ex defensor público del Poder Judicial provincial de esa provincia, recayendo en la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo del Dr. Carlos Vidal Lascano. Suscribieron y adhirieron a la presentación unos cincuenta dirigentes de organismos de derechos humanos, sociales, gremiales y políticos.
La acción está dirigida contra la autoproclamada presidenta y senadora por la oposición, Jeanine Añez, y los ministros de facto Jerjes Justiniano (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno), Roxana Lizárraga (Comunicación), Fernando López (Defensa), Álvaro Coimbra (Justicia), los dirigentes opositores Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, los comandantes de las FFAA Carlos Orellana Centellas y su antecesor Williams Kaliman, y de la Policía Nacional Boliviana, Vladimir Calderón.

Los hechos.
La denuncia enumera los delitos que se habrían cometido en el hermano país, desde que se pergeñó el plan para producir el golpe de Estado que obligó a renunciar al presidente Evo Morales y su vice, Alvaro García Linera, quienes tenían mandato hasta el 22 de enero de 2020.
El escrito expresa que los acusados realizaron "diversos actos de terror generalizado y sistemático en contra de las autoridades legítimamente electas y en ejercicio, persiguiendo a sus partidarios para eliminar su participación política e institucional mediante torturas, vejaciones públicas, incendio -como la sede de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico del Chapare y del MAS, y la alcaidía de Vinto-, saqueos de viviendas -como la del propio Presidente-" y la quema de lugares públicos, así como "secuestro de familiares y coacción afectando su integridad física para imponer la renuncia de los funcionarios -como el de la hermana del Presidente, Esther Morales Ayma-, la vejación pública de la alcaldesa de la ciudad de Vinto, Cochabamba, Patricia Arce".
También se apunta al golpista Luis Fernando Camacho, quien se irrogó el poder de ordenar la detención de Evo Morales, lo que no pudo ser concretado porque éste pidió y obtuvo asilo diplomático en México. Asimismo, se alude al autoproclamado ministro de Gobierno, Murillo, quien declaró que había comenzado la "cacería" contra los militantes y dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) y que podían "empezar a correr".
También se denuncian los actos de persecución, amenazas y ataques a mujeres bolivianas por el hecho de ser indígenas y usar pollera, así como los asesinatos y lesiones a decenas de manifestantes, mediante el uso indiscriminado e ilegal de armas de guerra por los grupos paramilitares y las fuerzas combinadas de las FFAA y de la Policía, dentro de un contexto de hostigamiento y discriminación racial hacia los pueblos originarios de dicha nación.

Fundamento legal.
La denuncia se funda en el principio de jurisdicción universal que nuestra legislación prevé en el art. 118 de la Constitución Nacional Argentina y de las leyes que han adoptado el Estatuto de Roma, y el reconocimiento de la Corte Penal Internacional. En estas normas se dispone que todas las conductas sancionadas en ese Estatuto, serán punibles en la República Argentina. Por lo tanto la jurisdicción federal argentina es competente para el juzgamiento de los delitos de guerra y de lesa humanidad. Así, en el régimen penal internacional "con el fin de asegurar el enjuiciamiento y el castigo de las personas culpables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad" no hay condicionantes de territorio o espacio para su investigación, puesto que "... dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas".
El abogado Ortiz ha presentado diferentes constancias de prueba: testimonios recabados por la delegación argentina que se hizo presente en Bolivia; noticias y entrevistas periodísticas; la carta del ex representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abogado Denis Racicot, a la comisionada Michelle Bachelet; el comunicado de la Comisión de DDHH del Parlasur que visitó Bolivia la semana pasada; etc.
Y se solicita que se cite a declarar a quienes se identifica como los responsables de los delitos enumerados, para que sean informados de los hechos que se les atribuyen y puedan ejercer su derecho de defensa. Y para el caso que no se logre su comparecencia voluntaria, se pide su captura internacional por intermedio de nuestra cancillería.
En momentos en que la vicepresidenta electa ha sido tan dura (y con razón) con los jueces y fiscales del Poder Judicial de la Nación, ¿se animarán éstos a aplicar el Derecho Internacional, plenamente vigente en la legislación argentina?