Se viene la sentencia

El Juicio Popular contra el endeudamiento externo argentino está llegando a su final. El lunes se escucharon los alegatos de la fiscalía y la defensa; en dos semanas, se dictará sentencia.
IRINA SANTESTEBAN
Convocado y organizado por la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago y la Investigación de la Deuda Externa, un colectivo que reúne a más de 100 organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos, el Juicio Popular comenzado en julio está llegando a su etapa final. El Tribunal que dictará sentencia el próximo 14 de diciembre está integrado por el ex premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; Norita Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el ex juez federal Miguel Rodríguez Villafañe, la abogada feminista Nina Brugo y el periodista Alejandro Bercovich.

Deuda eterna.
El juicio comenzó cuando se cumplieron 20 años de la sentencia dictada por el juez Jorge Ballestero en la causa iniciada por Alejandro Olmos, quien denunció el endeudamiento producido durante la dictadura militar desde 1976 a 1983, cuando la deuda externa creció desde 7.000 millones de dólares a 45.000 millones. En ese fallo, no hubo condenas, pues se absolvió al único acusado, José Alfredo Martínez de Hoz, por el beneficio de la prescripción, pero el juez reconoció 477 irregularidades en el proceso de endeudamiento en el período investigado. Los antecedentes fueron girados al Congreso de la Nación, para que los representantes del pueblo tomaran las medidas que consideraran necesarias para revertir ese proceso fraudulento.
Y nada de eso ocurrió, la deuda se fue negociando, pagando, e incluso se contrajeron nuevos empréstitos, siendo el más escandaloso el que tomara Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018, el más grande en la historia de ese organismo. Fueron 57.000 millones de dólares de los que se desembolsaron 44.000 millones, que no fueron tomados para beneficio del pueblo argentino sino para un proceso de fuga de capitales. Ello fue acreditado en el informe del Banco Central de la República Argentina de mayo de este año, cuando se dio a conocer que en el período 2015-2019 se fugaron de nuestro país 86.200 millones de dólares.

Denuncias.
El Juicio Popular se realizó mediante foros de denuncias, con testimonios que fueron dando cuenta de los perjuicios ocasionados al pueblo por el continuo endeudamiento. Así, se sucedieron los foros de Salud y Ambiente, Hambre y Soberanía Alimentaria, Territorio, Trabajo, Mujeres y Disidencias, Agua y Extractivismo, Pueblos Originarios, Educación, Hábitat, Niñez y Juventud, Violencia Institucional, Jubilados, Crisis Climática, Cultura y Comunicación, Ciencia y Tecnología, Energía y Modelo Productivo.
Fueron catorce jornadas en las cuales se expuso el impacto que tiene y tendrá el pago de las obligaciones con los acreedores externos, y la consiguiente reducción de recursos tan necesarios en esas áreas, fundamentales para el desarrollo del país y una mejor calidad de vida de sus habitantes.
También se realizó una jornada de pericias, con los economistas Claudio Lozano, Eduardo Lucita y Julio Gambina, entre otros, que contestaron preguntas técnicas del Tribunal.

Alegatos.
En la etapa final, la Fiscalía, integrada por las abogadas Verónica Heredia y Liliana Costante, y el delegado sindical Carlos Zerrizuela, acusó «al endeudamiento público como delito económico de lesa humanidad y al FMI por su participación criminal». Consideraron que se produjo un verdadero «entramado de delitos específicos» contra la vida humana, los bienes comunes y el medioambiente, contra la salud pública, contra la Administración Pública por violación de los deberes de los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, denegación y retardo de justicia, lavado de activos de origen delictivo, fraude al comercio y a la industria, etcétera.
Esa conducta criminal se la adjudicaron tanto al FMI como a los funcionarios de los poderes de facto desde 1976 a 1983, a los poderes constituidos a partir de 1983 hasta el presente y a todos quienes hayan tomado parte en la ejecución de los hechos, entre ellos los medios de prensa hegemónicos.
La defensa fue de oficio y recayó en esta cronista, quien debió, muy a su pesar, defender al FMI y a los funcionarios acusados. Ello fue para garantizar el derecho a la defensa en juicio, pues aún tratándose de un Juicio Popular ese principio debía ser respetado.
La estrategia defensiva fue en primer lugar, la misma del fallo del juez Ballestero: la prescripción. La mayoría de los hechos se cometieron fuera de los plazos que establece el Código Penal para la caducidad de la acción. Y en segundo lugar, el principio «non bis in idem» que significa «no dos veces por lo mismo», pues los delitos que se imputan al FMI y al gobierno de Mauricio Macri (que no entran dentro de la prescripción) ya están siendo juzgados en otros tribunales. Se hizo referencia a las denuncias formuladas por Claudio Lozano en 2018 por los dos préstamos del FMI, por no haber sido autorizados por el Congreso de la Nación, como exige la Constitución Nacional; y al amparo presentado por Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, junto a Eduardo Codiani y Pedro Biscay, para conocer los detalles del préstamo y sus condiciones.
Ambas presentaciones fueron rechazadas en el fuero contencioso administrativo, tanto en primera como en segunda instancia y se encuentran a resolución de la Corte Suprema desde 2019.
Otra defensa argüida a favor del FMI fue que el préstamo otorgado a Macri, ha sido convalidado por el actual gobierno, en proceso de negociación para su pago. Así pasó también con el acuerdo arribado con los bonistas privados, avalado por ley del Congreso y saludado como positivo por la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria, del gobierno y la oposición.

Sentencia.
Los jueces se han avocado a la redacción de la sentencia, la que será leída el 14 de diciembre. Se espera un fallo condenatorio, que aunque no sea de cumplimiento obligatorio, servirá para una amplia difusión, en aras de una mayor concientización sobre lo que significa «honrar las deudas», cuando se condicionan las políticas de un Estado por parte de un organismo imperial como el FMI.
El exiguo aumento a los jubilados, como «adelanto» del que se concederá en marzo y la fórmula de movilidad jubilatoria que no tendrá en cuenta la inflación, son consecuencia directa de los condicionamientos que el FMI impone en toda negociación.
Y eso, en Argentina y en cualquier parte del mundo, se llama ajuste.