Secuela trágica

No siempre la interna que sacude al justicialismo pampeano se circunscribe a los límites del partido. Por tratarse de la organización política que viene gobernando esta provincia desde hace casi 32 años sin interrupciones, los efectos de los enfrentamientos que protagonizan las líneas rivales con frecuencia se desbordan y perturban el desempeño de las instituciones gubernamentales. El caso más visible es el de la Legislatura provincial, caja de resonancia política por excelencia y, además, poder del Estado responsable de sancionar leyes y controlar a los otros dos.
Pero en las últimas horas hubo una consecuencia trágica de las duras peleas intestinas del PJ. La decisión de retirar la vigilancia policial de vastos sectores de esta capital por un atraso de la municipalidad santarroseña en los pagos de adicionales a la fuerza, fue una de las causas de la muerte de un chico de 12 años que se precipitó al vacío desde las alturas de las ruinas del Molino Werner. Entre las responsabilidades compartidas que concurrieron en ese drama -no pueden obviarse entre ellas las que competen a los responsables del menor- la de la policía no puede subestimarse. Pocas horas antes, una jueza había determinado que el organismo debía restablecer, inmediatamente, sus tareas de vigilancia en lugares públicos de la ciudad. Uno de ellos, mencionado expresamente, es el Parque Don Tomás, lindero, precisamente, al edificio en donde encontró la muerte el menor.
Es claro que la confrontación entre el gobierno provincial y el municipal, conducidos por dirigentes justicialistas antagónicos, excedió los márgenes partidarios y llegó a afectar el desempeño de ambos. Las consecuencias las pagan los ciudadanos que ven en esas disputas un desvelo por posicionarse mejor ante el adversario interno con vistas a las inminentes elecciones, que una preocupación por gobernar en beneficio del bienestar general.

Acertada sentencia
Los varones son los que con mayor frecuencia, por lejos, asumen el papel de golpeadores. Las mujeres y los niños -también por abrumadora mayoría- los que sufren los golpes. Esta relación asimétrica se puede corroborar con el muy simple trámite de leer las crónicas policiales. La última de ellas, publicada ayer por este diario, da cuenta de la condena que recibió en General Pico, un hombre de 33 años por castigar con un cinturón a su hijo menor de edad.
Probada la agresión y las heridas en el cuerpo del chico, el juez le aplicó una condena de seis meses de prisión, un monto que por lo general recibe el beneficio de la excarcelación. Sin embargo, ante la presencia de una pena anterior el magistrado resolvió unificar ambas causas y aplicarle una condena única de tres años de cumplimiento efectivo tras las rejas. El delito que había cometido antes fue también de naturaleza violenta, ya que se trató de dos episodios de amenazas con armas contra su ex pareja.
Esta condena tiene lugar una semana después de realizada la marcha bajo el lema “Ni una menos”, contra el femicidio en particular y la violencia de género en general. El gran debate que generó esa gran movilización ha contribuido a crear conciencia sobre este grave problema sociocultural. Una de las cosas que permitió conocer es que la inmensa mayoría de las agresiones a las mujeres -y a los niños, por extensión- se producen, paradójicamente, en el interior de los hogares y por parte de varones que integran el núcleo familiar.
Este caso de General Pico viene a confirmar por partida doble esa tendencia ominosa, pues el agresor es el padre del chico y la pareja de la mujer a quienes victimizó con golpes, en un caso, y amenazas, en el otro. La sentencia aplicada por los jueces aparece entonces en sintonía con la gravedad del problema que se está enfrentando y los reclamos de la sociedad que se hacen oír con creciente energía.