Selectividad jurídica

El ex juez español Baltasar Garzón, el que fue atacado por la corporación judicial de su país cuando intentó investigar los crímenes del franquismo, opinó sobre los “cuadernos” de las coimas en la Argentina y sus palabras no merecieron mayor repercusión aquí pese a tratarse de un tema del que los medios hablan todo el tiempo.
Es que Baltasar Garzón, el juez español dijo lo que esos medios y esos periodistas lanzados a la caza de brujas de los cuadernos, no quieren oir. Con la contundencia de su autoridad en materia jurídica, el magistrado advirtió que la justicia argentina está inmersa en una maniobra evidente de “selectividad jurídica”, tal el término que usó para definir la sospechosa forma en que los jueces y sus aliados en los medios, levantan y empujan sólo las causas que pueden conducir, si no a hallar pruebas, sí al menos a hostigar a los funcionarios del anterior gobierno.
Garzón volvió a hacer así lo que hizo en su país y le costó su cargo de juez: darle nombre a las cosas de las que el establisment económico-político y mediático no quiere ni hablar. Así como en España puso sobre la mesa la necesidad de darle solidez al estado de derecho en ese país investigando los crímenes de lesa humanidad del dictador Francisco Franco, en la Argentina le acaba de poner un nombre a la maniobra judicial que llevan adelante el juez Bonadío y el fiscal Stornelli.
La causa que ambos funcionarios judiciales llevan adelante ha dado lugar a una curiosa forma de aplicación del derecho encarcelando personas antes de estar siquiera acusadas de un delito y de que presten siquiera declaración indagatoria. Una aberración jurídica cuya explicación es otro de los temas que se omiten en el supuesto debate público en el que se encuentra la causa de los cuadernos fotocopiados.
La selectividad del juez para dirigir a todos los arrepentidos a mencionar a la ex presidenta Cristina Fernández y al ex presidente Néstor Kircher ha sido evidente desde el inicio mismo de la causa. Mientras dirige así su investigación con el objetivo, no de saber la verdad sobre las coimas, sino sólo a tratar de involucrar a la senadora que tiene la intención de voto más alta en la Argentina, el juez y el fiscal omiten tomar medidas judiciales similares por las declaraciones empresarios arrepentidos en la causa que apuntaron directamente a la responsabilidad penal del presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando era directivo de Iecsa, la firma constructora de la familia Macri.
Esta selectividad jurídica de la que habla Baltasar Garzón que lleva al juez Bonadío a no convocar a declarar a Macri mencionado en la causa como presunto responsable de cohecho en la obra pública cuando era uno de los titulares de Iecsa, ni pide allanar su domicilio, mientras hostiga de todas formas con la misma calidad de puebas a la ex presidenta, es posible porque otras “selectividad” corre pareja con la que él lleva adelante en el expediente.
El juez se siente protegido por la cobertura que le da la “selectividad periodística” que, paralelamente a la acción parcial del juez, les hace omitir cualquier referencia del expediente al presidente pese a que en las declaraciones de dos de los empresarios arrepentidos su nombre figura como titular de la firma que cartelizaba la obra pública y sobornaba funcionarios.
Ambos delitos, presuntamente cometidos por el presidente en ejercicio de su función de empresario, lo involucran en el tan meneado caso de los “sobreprecios” en la obra pública. Esto es, el presidente está hoy sospechado de ser uno de los autores de los famosos sobreprecios que supuestamente beneficiaban a Lázaro Baez (empresario que, a diferencia de la familia Macri, no es mencionado ni una sola vez en los cuadernos ni en las declaraciones de los empresarios arrepentidos).