Inicio Opinion Si se afloja más a los bonistas buitres va a ser peor

Si se afloja más a los bonistas buitres va a ser peor

LA SEMANA POLITICA

Hubo acercamiento entre las posiciones del gobierno argentino y los bonistas, por mediación del FMI y la Casa Blanca. Un acuerdo de ese tipo por la deuda impondrá muchos sacrificios a los argentinos.
SERGIO ORTIZ
En abril el ministro Martín Guzmán presentó su propuesta de renegociación de una parte de la deuda externa, unos 68.000 millones de dólares, a los tres grupos de bonistas acreedores.
Las condiciones ofertadas eran un recorte del 62 por ciento en los intereses, del 5,4 en el capital y una tasa de interés del 2.5 por ciento. «De ahí no nos movemos», planteó el gobierno, porque eso es lo que el país puede pagar. Si en ese ámbito confiaron en reunir una cantidad suficiente de consentimientos, el resultado fue decepcionante pues menos del 20 por ciento dio su okey.
A partir del 22 de mayo, como tampoco hubo aceptación de los bonistas, el país ingresó en default o cesación de pagos. Lo hizo en forma mitigada porque ambas partes se dieron un plazo hasta el 2 de junio para limar las diferencias. Ahora ya se advierte que, ante las dificultades, puede extenderse otros diez días hasta el final-final.
Conscientes de que están agotándose los plazos, ambas partes, pero especialmente el gobierno argentino, han modificado sus propuestas originales. La situación es dramática, pero al cronista le viene a la memoria un tema cree de Les Luthiers donde Marcos Mundstock ponía en boca de un personaje la frase «de acá no me moveré» y reanudaba el relato diciendo «30 kilómetros al sur…».
La oferta inicial de Guzmán era reconocer a los bonos un valor de 38 centavos de dólar. Los bonistas reclamaban 55 o más y el fondo más buitre, BlackRock, 62.
Esas diferencias recorrían toda la arquitectura financiera-política: en vez de tres años de gracia, el fondo mencionado decía cero gracia: a garpar ahora.
La nueva propuesta de Economía, presentada el jueves 28 a la noche, baja a dos los años de gracia, aumenta la tasa de interés y hace otras concesiones, por lo que, de conjunto, les reconoce unos 48 o 50 centavos de dólar. En esa mejoría se incluye como «endulzante» (veneno, según se mire) un pago extra como cupón adicional. No estará ligado al PBI como en la renegociación de 2005 por la sencilla razón de que ahora no habrá crecimiento del mismo.
El FMI, la Casa Blanca y el Departamento de Estado han oficiado de amables componedores. Y lo han logrado, porque las partes están más cerca. Eso no significa que antes del 2 de junio o del 12, se vaya a anunciar el acuerdo con bombos y platillos. Hay varios miles de millones de dólares de diferencia, que están en juego; algunos bonistas están dispuestos a esperar y ligar en Nueva York para cobrar el precio nominal de sus títulos, más los intereses, comisiones y honorarios. Así lo lograron en 2015 con la llegada al gobierno de su aliado Mauricio Macri.

Lo que se pierde.
Alberto Fernández ha reiterado instrucciones a Guzmán para que parta las diferencias y firme un acuerdo con los acreedores, aún consciente del precio a pagar. En la misma sintonía, Cristina Fernández de Kirchner, habría desmentido que ella impulsara a Guzmán en dirección a un default, como eran las acusaciones de la prensa monopólica.
El sentido común indica que si los dos socios principales del gobierno, AF y CFK, están contestes en acordar y pagar, y si Kristalina Georgieva y Wall Street empujan en esa misma dirección, lo más probable es que al final habría un humo blanco de «habemus acuerdo».
Eso no se puede asegurar hoy.
En primer lugar porque hay bonistas con diferentes posiciones y algunos no están dispuestos a perder más dinero (en rigor ganar un poco menos).
Y segundo término, porque aunque el presidente quiera pagar un alto precio y lo aplaudan miembros de su administración muy afines a Washington, como el influyente Gustavo Béliz, el canciller Felipe Solá y el titular de YPF, Guillermo Nielsen, entre otros, pueden surgir voces en contra, incluso de gente de su mismo palo.
Un ejemplo tomado de las explicaciones oficiales da cuenta de lo injusto de ese pago.
Según Fernández y Guzmán, uno de los argumentos que usan para rechazar las mayores demandas de los fondos es que con el FMI tienen acordado un tope de pago de la deuda equivalente a 3 puntos del PBI. Como el PBI argentino es de 350.000 millones de dólares, 3 puntos equivalen a 10.500 millones de dólares a pagar cada año.
¿El gobierno aceptará abonar semejante cantidad de dinero por una deuda odiosa e ilegítima, incluso ilegal en varios de sus tramos y bonos?
No son pocos los argentinos que antes de sellar un compromiso de ese tipo plantean que se debe analizar sus vicios, sobre todo acumulados en los cuatro años del macrismo, de unos 150.000 millones de dólares.
Las dudas sobre aquella legalidad se acrecentaron luego del informe del Banco Central sobre la fuga de capitales, publicado el 14 de mayo. Allí se plantea que esa «formación de activos en el exterior» (sic) alcanzó la friolera de 86.200 millones de dólares. Y el gobierno no puede desconocer de quiénes se trata, porque el titular del Central tiene toda esa data, aunque se ha cuidado de darla a publicidad.
De todas maneras, en El Cohete a la Luna y LA ARENA del 17 y 24 de mayo Horacio Verbitsky publicó que los mayores fugadores de divisas fueron Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Marcelo Midlin, Luis Pagani, Miguel Acevedo y otros monopolistas.
Las dudas son varias. ¿Hay que pagar o auditar primero? En caso de pagar, no solamente se deben discutir los montos y fechas sino también de dónde deben salir los fondos para esas erogaciones. ¿Es muy alocado y patriótico sugerir que los fugadores de divisas aporten de sus peculios para ese pago?

Vivir con lo nuestro.
Rocca y el clan de los miserables no quieren poner plata para el aporte extraordinario del impuesto a la riqueza, proyecto que sigue navegando entre las nubes de Úbeda, diría Vicente Saadi. Tampoco para pagar los salarios de su propio personal. Es vergonzoso que el Estado haya aportado el 50 por ciento para eso a Techint, Clarín, Vicentín, Arcor y otros fugadores de capital, en el marco del programa de asistencia ATP que iba a beneficiar a Pymes y empresas de hasta 800 empleados y luego no tuvo topes.
No pagan los salarios de su personal, no quieren hacer el aporte excepcional a las grandes fortunas y menos abonar de su bolsillo la deuda del país que ellos endeudaron y vaciaron sobre todo en los años de Macri, pero también antes y después.
Si los bancos recibieron del Central el importe de sus inversiones en Leliq por miles de millones de pesos y fueron a comprar dólares a 60 pesos que hoy cotizan al doble, y no hicieron ningún aporte. Si los exportadores están aguantando en los silos en espera de la devaluación para cobrar sus ventas a un dólar de 120 pesos. Si los ricachones no quieren pagar el impuesto a la extraordinaria riqueza. Si los monopolios se hacen pagar el sueldo de sus empleados y jerarcas. Si no se avanza sobre las 950 cuentas de argentinos con millones de dólares no declarados en el exterior, etcétera.
Si eso es así, y la realidad indica que lo es, entonces el gobierno, que a su vez ha visto disminuida su recaudación en más del 35 por ciento, seguirá afrontando los mayores gastos sociales dándole duro a la maquinita de imprimir billetes. Y eso significa un grave peligro inflacionario a un plazo no largo sino corto o a lo sumo mediano.
Hoy se supo que en abril de 2020 se perdieron 91.237 empleos en relación al mes anterior, marzo, cuando empezó la cuarentena. Si la comparación se extiende hasta abril de 2019, la disminución de empleos llega a 254.244 puestos, un 40 por ciento correspondientes a la construcción.
Si tanta gente perdió el empleo y hoy no puede hacer changas o lo hace en mínimo grado por la caída de la actividad y la cuarentena, entonces es posible que la pobreza no afecte al 35 por ciento de la población sino que puede rondar el 50 por ciento, como en la peor crisis del 2001.
En estas condiciones económico-sociales es muy equivocado que el gobierno nacional proponga a los bonistas el mencionado plan de pago. Aún suponiendo que le aceptaran el inicio de pagos en dos años, en 2022, eso será una locura, por lo siguiente: la economía argentina caerá 9 puntos en 2020 y se supone que con mucha suerte puede crecer 9 puntos en 2021. O sea que en 2022, cuando se debería comenzar a pagar esos 3 puntos del PBI (10.500 millones de dólares anuales), la economía estaría en el mismo nivel de 2019 (menos 9 en 2020 y más 9 en 2021). ¿Cómo pagar en 2022 semejante cantidad de dólares de una deuda no investigada con la misma y debilitada economía de 2019, que venía de dos años seguidos de caídas?
No es sólo que las cuentas no dan. No es justo que los sacrificios vuelvan a reclamarse de hecho a los trabajadores, jubilados, cooperativas, Pymes y demás sectores populares. Esta vez habría que desobedecer y patear el tablero de los fondos buitres (hay que llamarlos por su verdadero nombre). Y entonces pasar a «Vivir con lo nuestro», diría el gran Aldo Ferrer.
Cuando aún no pagaron nada, esos monopolios por medio de intelectuales orgánicos de decadentes neuronas mienten con que este gobierno es una «infectadura» y que «la democracia está en peligro». Aunque usen barbijos, aquellas patronales y estos tipos contaminan…