Si Macri habla de "seguridad", los manifestantes están inseguros

Emilio Marín - La ministra de Seguridad anunció un nuevo Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas. Su esencia fue sintetizada por Patricia Bullrich en una frase: "les damos 5 minutos y si no se van los sacamos".
La reunión del Consejo de Seguridad Interior fue el 17 de febrero en Bariloche, para que los funcionarios pudieran combinar algo de trabajo con una distracción turística. La contracción al trabajo no fue el rasgo característico de la administración Macri en sus ocho años en la Ciudad de Buenos Aires y podría repetirse en su mandato nacional.
Allá fueron Patricia Bullrich, ministra; Eugenio Burzaco, viceministro y ex jefe de la Policía Metropolitana, y Gerardo Millman, el secretario de ese Consejo de Seguridad Interior y ex representante de la oposición en la Afsca. Junto a ministros provinciales (y falta saber si jefes policiales y de otras fuerzas de seguridad, que no fueron informados) aprobaron el "Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas".
El instrumento procura enfrentar manifestaciones callejeras y piquetes, desde el ángulo macrista, con énfasis en el control policial y sin descartar las represiones policiales y de Gendarmería.
El día anterior había habido numerosos cortes de calles demandando la libertad de Milagro Sala, detenida política del gobernador Gerardo Morales. Bullrich dijo: "eso no lo van a poder hacer más".
En protocolos anteriores, durante la época kirchnerista, en la letra -y en buena medida en la práctica- se enfatizó en el criterio diferente, de no criminalizar la protesta social, si bien promediando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hubo un proyecto de ley antipiquetes que no tuvo consenso en la bancada oficialista.
En ese tiempo se proclamaba el derecho a la protesta, si bien se reconocía en un plano importante, también con rango constitucional, el derecho a transitar libremente por las calles y rutas. Eran dos derechos y uno tenía una jerarquía mayor, pero se trataba de respetar a ambos.
Y por otro lado, tomando en cuenta la experiencia represiva que se había atravesado entre 2001, con las muertes de diciembre en Plaza de Mayo y ciudades del interior, y el asesinato de Mariano Ferreyra en octubre de 2010, en el gobierno de CFK se prohibía el uso de armas de fuego en las fuerzas represivas y el disparar balas de goma al cuerpo de los manifestantes.
En ese tiempo no todo fue paz y amor, ni mucho menos, sobre todo luego que Sergio Berni asumiera en la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, la línea del kirchnerismo fue no reprimir la protesta social, algo que ha cambiado hasta oponerse por el vértice en el nuevo tiempo macrista. Así se lo vio en Cresta Roja, Municipales de La Plata, Murga juvenil del bajo Flores, La Pampa y el mencionado proceso penal fraguado en contra de Sala.

Quien se quema con leche...
La política se consustancia con el proyecto de un gobierno dado y los funcionarios que lo representan en determinadas áreas, por ejemplo, en Seguridad. Si el ministro fuera, por ejemplo, Raúl Zaffaroni, cabría esperar protocolos democráticos, y en caso de zonas grises se podría dar el beneficio de la duda pensando que ese funcionario las aclararía a favor de las conquistas democráticas.
Patricia Bullrich, para colmo en el marco del gobierno del ajuste de Macri, es diametralmente opuesta: cabe esperar lo peor, de acuerdo al prontuario de "Pato".
Como ministra de Trabajo de la Alianza fue entre 2000 y 2001 la sucesora de Alberto Flamarique y su ley laboral aprobada con coimas a los senadores y represión a los trabajadores (dicen que allí perdió un testículo el ex combativo Julio Piumato, que en tiempos recientes perdió la memoria política). Al final del gobierno de De la Rúa fue ministra de Seguridad Social, donde llegó a justificar el recorte del 13 por ciento en los haberes de los trabajadores estatales y jubilados.
Como era de suponer, aquellas medidas de ajuste incendiaron el país y "Pato" renunció unos días antes que las llamas lo devoraran todo. Había sido una de las responsables de esa crisis que desembocó en Estado de Sitio, represión policial y 39 muertes en el territorio nacional.
¿Con esos antecedentes tan poco compatibles con los derechos humanos la designaron como responsable en Seguridad? Eso no habla tanto mal de Bullrich como de quienes la pusieron allí, o sea Macri.
No sería la primera vez que el actual presidente elige en forma pésima para estos cargos. En julio de 2009 designó al comisario Jorge Palacios en la flamante Policía Metropolitana. El mismo estaba procesado como cómplice del encubrimiento de la causa AMIA y luego por espionaje ilegal, por ejemplo a Sergio Burstein, familiar de una víctima en ese atentado. Cuando emergió el escándalo y Palacios debió renunciar, el jefe del gobierno de la Ciudad argumentó que había consultado con las embajadas de EEUU e Israel y le habían recomendado a Palacios, "el policía más condecorado".
En esa Metropolitana, tras la salida de Palacios, asumió como titular Eugenio Burzaco, actual mano derecha de Bullrich. Esa fuerza no se caracterizó por su respeto a los derechos humanos, con denuncias por represión a gente en situación de calle y en 2010 por el desalojo del Parque Indoamericano, donde gente sin vivienda había tomado tierras. Tres personas fueron asesinadas a balazos por esa fuerza y la Federal.
Burzaco fue jefe de la institución entre 2009 y 2011 así que tuvo esa responsabilidad en lo ocurrido. Ya no estaba en ese cargo en abril de 2013, de modo que no puede acusárselo en forma directa de la brutal represión en el Hospital Borda contra trabajadores de ATE, pacientes, enfermeros, periodistas, etc. Esos efectivos policiales pueden haber aplicado los protocolos fundacionales de la fuerza, con redacción de Palacios y Burzaco.
Por eso es tan aplicable al caso el famoso refrán de que "Quien se quema con leche, ve una vaca y llora". Uno los ve a Bullrich y Burzaco, e instantáneamente se cubre la cabeza y los ojos para que los palos y balas de goma no lastimen allí...

"Se van en 5 minutos".
Un amplio espectro político y social repudió el Protocolo. Allí se incluye la oposición kirchnerista y de izquierda, el CELS, el Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, otros organismos de DDHH, el premio Nobel Pérez Esquivel, miembros del Acuerdo de Seguridad Democrática, etc.
Justamente decenas de esas personalidades encabezadas por León Carlos Arslanián, Horacio Verbitsky y muchos otros habían firmado en enero una declaración repudiando el decreto que impuso la emergencia en Seguridad. Para que el lector lo ubique, es el instrumento que sin ningún estudio previo dictaminó que el narcotráfico es el problema principal del país, que se puede abatir aviones no identificados y dar intervención a las Fuerzas Armadas en estos temas de índole policial y de Seguridad Interior, violentando leyes nacionales.
Esa orientación, así como el Protocolo de marras, implica beber de la fuente del Comando Sur norteamericano y el FBI, lo que explica el viaje de Bullrich a Estados Unidos y podría ser motivo de conversaciones entre Macri y Barack Obama el 24 de marzo.
Aquellas entidades críticas del documento del Ministerio de Seguridad focalizaron sus objeciones en dos aspectos.
Uno, que no respeta los derechos de protesta, de huelga, de manifestarse, sino que los subordina al derecho a circular libremente.
Dos, que no incluya en la versión dada a conocer una prohibición expresa del uso de armas de fuego por las fuerzas estatales intervinientes.
Sólo después de formuladas esas críticas, salió Burzaco a decir que no habría armas letales en las primeras líneas y que "en el 99 por ciento de los casos no habrá balas de goma". Se reitera: en Cresta Roja, La Plata y el Bajo Flores sí se usaron balas de goma a mansalva, dirigidas al cuerpo, a corta distancia, e incluso algunos tiros de plomo. Todo eso pese a que los manifestantes en los dos primeros casos ya no cortaban ninguna calle y en el tercero sólo ejercitaban una murga barrial.
La ministra tuvo un admirable poder de síntesis para explicar su Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas: "les damos 5 minutos y si no se van, los sacamos". Pato podrá no tener claro en qué partido militaba en los '80 o '90 porque pasó por varios, como alguna vez la cargó Mirtha Legrand, o sobre cuáles papeles tenía que darle al suicida Alberto Nisman el fin de semana previo a su presentación en el Congreso. Sí tiene bien clarito a quién desalojar y en cuánto tiempo, en aquellos años y hoy.
Merece un recuadro la crítica formulada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), al cuestionar que el Protocolo pretende poner a los periodistas que cubren una protesta social en un "corralito", a distancia. De ese modo nunca habría podido aportar en 2002 fotos de Darío Santillán vivo en la estación Avellaneda, antes que el comisario Fanchiotti y el cabo Acosta lo ultimaran al lado de Maximiliano Kosteki. Ni se habría esclarecido el asesinato de Mariano Ferreyra a manos de la patota de la Unión Ferroviaria, con la zona liberada de la Bonaerense y la Federal en 2010.
¿Acaso Macri y Bullrich pretenden ocultar nuevos crímenes de ese tipo en las protestas sociales del futuro?