Inicio Opinion Sin límites para apretar a jueces

Sin límites para apretar a jueces

El gobierno que está haciendo todo lo contrario a lo que prometió en la campaña electoral continúa demoliendo la independencia del Poder Judicial. En su primer discurso ante el Congreso, en marzo de 2016, el Presidente de la Nación había anunciado que defendería la «independencia» de la Justicia. A tres años de formulada, aquella promesa, como tantas otras, quedó triturada por los hechos.
La visita de dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI, ex SIDE) para presionar al juez Luis Carzoglio a fin de que mande a la cárcel al dirigente sindical Pablo Moyano es otra muestra de la ausencia de escrúpulos que exhibe el Poder Ejecutivo Nacional en su relación con el Judicial. Los dos visitantes no se anduvieron con rodeos y le expresaron al magistrado que el Presidente «espera la detención» porque está «obsesionado» con el gremialista.
Pero lo peor -siempre puede esperarse algo peor del gobierno nacional- es lo que hicieron después. Enviaron, directamente desde la AFI al juzgado de Lomas de Zamora, un «borrador» con la «sentencia» que debía firmar el juez para disponer la detención de Moyano. El magistrado habría guardado esa prueba contundente para enviársela a la comisión de bicameral del Congreso que fiscaliza los organismos de inteligencia y que preside el senador pampeano Juan Carlos Marino.
En su reciente comparecencia ante esa comisión, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los máximos responsables de la AFI, confirmaron la visita de dos de sus hombres al juez aunque minimizaron su importancia pues, según relataron, solo lo hicieron para «conocer» la decisión del juez a fin de «prever» eventuales conflictos en caso de una detención de Moyano.
Fue el propio juez el que desmintió a los jefes de los espías. Ayer, en declaraciones radiales, confirmó que los visitantes le fueron a plantear el «interés directo» del Presidente en el caso. Algunos periodistas recordaron por estas horas una reunión del gabinete nacional en Chapadmalal, el año pasado, en donde el jefe de gobierno expresó su deseo de que un juez «meta preso a los Moyano». La furia presidencial obedece a que ambos dirigentes encabezan el sector gremial que con más firmeza rechaza la reforma laboral, un proyecto que el macrismo no se resigna a archivar.
La embestida contra Carzoglio no paró con el fracaso de la «gestión» de la AFI. Al contrario, se intensificó con una ofensiva para destituirlo. El flanco mediático se activó con fuertes ataques al juez por parte del periodismo oficialista y, como en un juego de pinzas, el procurador general bonaerense lo denunció y el Tribunal de Enjuiciamiento lo apartó «preventivamente» de su cargo a la espera de un eventual juicio político.
No es el único funcionario judicial perseguido por no actuar conforme los deseos del macrismo. Un somero repaso de los «caídos» en esta guerra presenta nombres como Alejandra Gils Carbó, Luis Arias, Carlos Rozansky, Eduardo Freiler, Jorge Ballestero, Eduardo Farah por citar solo los más conocidos.
Ningún gobierno, desde el retorno de las instituciones democráticas, pisoteó con tanto entusiasmo la independencia del Poder Judicial y causó tantos estragos en sus filas.