Sobran alimentos, pero son inaccesibles

Una de las grandes contradicciones de Argentina es que produce alimentos para 400 millones de personas, pero la mitad de niños y niñas no hacen las cuatro comidas diarias.
IRINA SANTESTEBAN
Alberto Fernández ha dicho desde su asunción que el problema del hambre es una de las batallas prioritarias de su gestión. El 12 de enero se creó el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, bajo la dirección del ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo.
El objetivo es «garantizar seguridad y soberanía alimentaria a toda la población y a las familias argentinas, con particular atención a los sectores de mayor vulnerabilidad económica social». Partiendo de una situación de «emergencia alimentaria y nutricional» se implementan programas para responder a esta situación.
Pero en simultáneo, durante enero murieron siete niños de la etnia wichi en Salta, por cuadros graves de desnutrición; y más de 40 permanecen internados con altos niveles de malnutrición.

Tarjeta alimentaria.
Una de las primeras medidas fue la distribución de 1,4 millones de tarjetas alimentarias, que son entregadas a los padres y madres de niños de hasta 6 años y a embarazadas desde el tercer mes, que se entregan con los datos que ya tiene la Anses de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Sirven para comprar alimentos, no para extraer dinero, y se les acredita mensualmente 4.000 pesos a quienes tengan un niño en esa franja etárea o 6.000 si tienen dos.
No sería una solución para la comunidad wichi, pues la mayoría vive lejos de lugares donde pueden utilizarla (mediante posnet) para la compra de alimentos. Y porque su problema es mucho más complejo pues se trata de comunidades expulsadas de sus territorios ancestrales, despojados de sus tierras y obligados a vivir en condiciones de miseria extrema, sin acceso al agua potable.

Alimentos inaccesibles.
Aunque se trata de una buena iniciativa, el gobierno no está atacando la raíz del problema del hambre, si partimos de la base de que el nuestro es un país productor de alimentos, pero con una parte importante de sus habitantes sin acceso a ellos.
Hay una crisis social, con desempleo, precarización laboral y bajos salarios, que determinan que una gran parte de compatriotas tengan ingresos por debajo de la canasta alimentaria familiar, que hoy ronda los 38.000 pesos.
El aumento incesante de los precios de los alimentos ha llevado a una drástica disminución del consumo de productos básicos de la mesa familiar, como el pan y la leche.
Para combatirlo el gobierno relanzó el programa Precios Cuidados, al principio para las grandes cadenas de supermercados, luego la amplió a cadenas de almacenes y otros supermercados. Sin embargo, en diciembre la inflación fue de 3,7 llevando a 53,8 la anual, la más alta en 28 años. Claro que cualquier persona que hace las compras cotidianas, no necesita leer las estadísticas del Indec para saber que la escalada de precios no para.
La raíz del problema está en los formadores de precios, en una economía en la que la producción de alimentos está altamente monopolizada por grandes empresas. Allí es donde el Ministerio de la Producción tiene que definir y aplicar políticas públicas para combatir las alzas continuas de los precios de los alimentos. Molinos Río de la Plata, propiedad de la familia Pérez Companc, es la alimenticia más grande de la Argentina y ejerce una posición dominante en rubros sensibles como aceites, harinas, alimentos congelados, yerbas, arroz, salchichas, pan rallado, caldos, margarinas, hamburguesas, vinos y otros productos. MRP tiene una planta propia de producción de pastas frescas y secas, y es dueña de las marcas La Salteña, Luccheti, Don Vicente, Matarazzo, Delverde, Don Felipe y Terrabusi. También de Granja del Sol, Gallo, Chocoarroz, Favorita, Canale, Exquisita, Preferido, Vitina, Arlistán, Cocinero, Nobleza Gaucha, Lira, Minerva, Cruz de Malta y Blancaflor, entre otras.
El gobierno no puede dejar que sean estas empresas las que definan los precios de los alimentos, si de verdad se quiere resolver la seguridad alimentaria, que según la definición de la FAO (2006) «se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana».

Silos llenos, trabajadores pobres.
En Córdoba, la planta de producción y procesamiento de harina de Molinos Minetti, refleja la contradicción que vive hoy la sociedad argentina, en este caso con silos llenos de trigo, listos para la producción de harina, pero paralizada por la decisión empresaria de negarse a pagar a sus trabajadores los salarios adeudados desde hace 6 meses. Un conflicto en el cual ni el Ministerio de Trabajo provincial ni el Poder Judicial (Minetti se presentó a concurso preventivo) se animan a resolverlo, porque los empresarios se niegan a reincorporar a los 150 trabajadores que despidió porque «habían ocupado» la planta. ¡Hacía 5 quincenas que no les pagaban sus salarios!
Casos como el de Minetti en Córdoba, o, más grave aún, el de Vicentín en Avellaneda, Santa Fe, deudor de 350 millones de dólares al Banco Nación, ponen la soberanía alimentaria al tope de los problemas urgentes.
Frente a la voracidad empresaria, se debería proponer la creación de una empresa estatal de alimentos, que le compre a los productores de la economía familiar, a los pequeños y medianos productores agrarios y hortícolas, que regule los precios, para abastecer a comedores escolares y comunitarios, a comunidades con situaciones de extrema vulnerabilidad y al mercado nacional.
No podemos admitir ningún niño, niña o adulto más que muera por desnutrición en un país donde el trigo se almacena en los silos y produce alimentos para 400 millones de personas.