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Son números, no adjetivos

Cada dos minutos se destruye un puesto de trabajo en el país. Todo un récord de velocidad el que ha logrado el macrismo en la materia, al superar incluso el proceso de la Convertibilidad -mucho más largo- que desembocó en la crisis de 2001-2002. Pero lo peor es que no se trata de un dato aislado. En las últimas horas varios organismos públicos coincidieron en dar a conocer estadísticas que muestran el agudo proceso de deterioro que está padeciendo el tejido social argentino.
La Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) reveló que en un año se perdieron 268 mil empleos registrados, cifra que da aquel promedio citado al comienzo de esta columna y que debería ser mayor aún pues no existen datos precisos de la caída del empleo informal. También cayeron las remuneraciones de 2019 con relación al año pasado: nada menos que un 12 por ciento en promedio.
Otra casa de estudios, la Universidad Católica Argentina divulgó un estudio con cifras que hablan de la profunda caída en la calidad del trabajo al mostrar que casi la mitad de la población económicamente activa -el 49,3 por ciento de los argentinos en edad de trabajar- se desempeñan en la economía informal, es decir, lo que vulgarmente se conoce como trabajo «en negro», percibiendo, en promedio, un salario que apenas supera los diez mil pesos mensuales.
En tanto, el Indec en su informe sobre la evolución de la distribución de los ingresos reveló que se incrementó el índice de Gini, que mide la desigualdad entre lo que ganan los sectores más ricos y los más pobres: esa brecha aumentó de 20 a 21 veces en el último año, lo cual refleja que vivimos en un país crecientemente desigual y que no mienten los que imputan al macrismo de gobernar en beneficio de los ricos y en perjuicio de los sectores medios y humildes.
Hay muchos otros datos estadísticos, de estos y otros organismos oficiales, que confirman esta tendencia al deterioro de la calidad de vida de las mayorías populares y, como contrapartida, la acelerada acumulación de mayores riquezas por parte de las minorías más opulentas.
Esta elocuencia de los números evita la discusión bizantina sobre la «sensación» que cada cual pueda tener con respecto a la realidad económica y social del país. (En tiempos preelectorales las discusiones pueden subir de tono y alcanzar un alto grado de vehemencia, y cualquier crítica puede ser rebatida en función del color político de quien la formule. Pero con las estadísticas en la mano se terminan las especulaciones, salvo para los necios).
Son los números y no los adjetivos los que condenan al gobierno nacional. Los que ayudan a definirlo políticamente. Son los índices de la economía real los que hablan del crecimiento de la pobreza, la desocupación, la caída de los salarios y jubilaciones ante la inflación, el endeudamiento externo y muestran con absoluta transparencia la naturaleza oligárquica -palabra fuera de moda que recobra notable actualidad en estos años- de un gobierno integrado por grandes empresarios.
El marketing electoral y la prensa oficialista se esfuerzan por disfrazar y pintar de rosa este presente aciago, pero alcanzan unas pocas cifras para derrumbar esas operaciones. Dato mata sanata.