Sospechas confirmadas

El debate sobre la represa de Portezuelo del Viento fue agitado en los últimos días por algunas revelaciones sorprendentes que, por cierto, alcanzan el nivel del escándalo. Lo que ahora ha quedado en evidencia es que, detrás de los discutibles argumentos y proyecciones sobre la obra, se oculta una trama de oscuros intereses que empiezan a develarse. Las irregularidades no son pocas y abarcan desde la sospechosa confección de los pliegos para la licitación de la obra (de los que se vendió uno solo) hasta la restricción, dudosamente constitucional, de que solamente se admitirán trabajadores mendocinos en las obras.
En realidad, esta olla que se destapa ahora y que muestra toda la corrupción que latía tras el proyecto de Portezuelo, confirma las sospechas que circulaban en varias provincias de la cuenca desde hace años, hasta con la mención de nombres y firmas que ahora se ratifican. Y tanto que le costó el puesto al asesor -y exsubsecretario- del Ministerio de Infraestructura, ya desgastado por sus sugestivos antecedentes laborales en empresas vinculadas a la obra pública y por la gigantesca marcha de productores en defensa del agua, realizada en Mendoza hace algunos meses. Este currículum deja en evidencia que su propósito era accionar en favor de un grupo de presión para que la realización de la obra quede en manos de una sola compañía.
Con los datos expuestos se advierte con claridad la existencia de una trama que involucra a altos funcionarios de la provincia operando en favor de grandes corporaciones empresariales, algunas de ellas sospechadas de participar en actos de corrupción en varios países de la región, el nuestro entre ellos. La presencia de un alfil de ese holding en un alto puesto provincial termina de cerrar un esquema que fue muy utilizado durante el cuatrienio macrista. Un legislador mendocino, en coincidencia con la Cámara Argentina de la Construcción, fue claro al decir que «las condiciones del pliego impiden la participación de empresas nacionales y (crean) la falta de competencia en la licitación y un perjuicio para la provincia». La Cámara tampoco había andado con vueltas: para disgusto de las autoridades cuyanas dijo que la licitación era «poco trasparente».
La crítica era ampliamente justificada: otra persona que tuvo injerencia en la redacción de los pliegos es un exempleado jerárquico de la empresa que apuntaba a ser única ganadora de la licitación. La trascendencia y el escándalo generados pueden evaluarse a través del hecho de que algunos medios de comunicación capitalinos también se hicieron eco de las revelaciones acerca de la estructura poco transparente que quedó al descubierto. Lo que no suele mencionar esa prensa es un punto muy sensible para los pampeanos: el propósito del gobierno mendocino de desviar ingentes caudales de agua desde la cuenca del Colorado a la del Atuel.
Sería interesante saber si habrá voluntad política de debatir un tema de tanta trascendencia en el interior del Coirco. Es posible que, desde el punto de vista administrativo, no le corresponda opinar pero, tratándose de un proyecto tan controvertido que involucra directamente a las cinco provincias integrantes de la cuenca, debería esperarse que, en su seno, todos los representantes expresen su parecer. Es demasiado importante lo que está en juego.