Surfear las contradicciones

El talante personal de Federico Basualdo acrecienta el fastidio por el modo feroz con que se intentó eyectarlo y que en la reconstrucción posterior de los hechos prueba que la operación surgió de una de las oficinas más próximas a la de Guzmán.

Por Horacio Verbitsky

El gobierno del presidente Alberto Fernández satisface a pocos de sus partidarios, que acumulan reclamos y reivindicaciones, pocas de ellas convergentes. En todos los sectores políticos se le recrimina el incumplimiento de promesas y compromisos. Hasta ha llegado a decirse que las decisiones presidenciales dependen de quién haya sido su último interlocutor y pueden modificarse según quién sea el próximo, como se acaba de ver en el manejo de la tarifa eléctrica.
Lo único fuera de ese protocolo fue esta vez la información oficiosa que atribuyó un pedido de renuncia del subsecretario de energía eléctrica, Federico Basualdo Richards, a presunta incompetencia. Los grandes medios comerciales afirman que la versión fue acordada por el presidente con el jefe de gabinete Santiago Cafiero y con el ministro de Economía Martín Guzmán. Sin embargo, fuentes del gobierno sin acceso a esos medios alegan que cuando Fernández se enteró, prorrumpió en palabras muy duras sobre Guzmán y decidió dar marcha atrás con la medida.
Hay también desajustes fácticos: ni Cafiero, ni Guzmán, ni el Secretario de Energía Darío Martínez se comunicaron con Basualdo Richards para solicitarle la renuncia o comunicarle su cesantía. Y sería interesante ver cómo lo fundamentarían. Son distintos los requisitos formales y de fondo de un chat de WhatsApp y de una resolución ministerial.
En cualquier caso, ese trascendido sin autor responsable, pero que no alcanzó a ocultar la mano que lanzó la piedra, es tan descortés como injusto, en un gobierno que atribuyó al agobio la renuncia de la ministra de Justicia Marcela Losardo, y la premió con una de las embajadas más placenteras en una apetecida capital europea, donde otros se encargan del trabajo político. Antes que ella se dieron esa vida regalada algunas personalidades de gran calibre: Eduardo Mallea, Víctor Massuh, Jorge Asís, Miguel Angel Estrella, Pino Solanas. Pero este episodio, de final aún abierto, tampoco desmiente la idea de un presidente que surfea las contradicciones, cabalgando las olas a medida que se presentan.
Pese a la cantidad de estudios de sociología de mercado cuyos vaticinios favorecen a una oposición enconada, que se repliega sobre su núcleo duro, cada vez más identificado con el liso y llano antiperonismo, muchos actores y observadores calificados no dudan sobre la victoria electoral de los candidatos del oficialismo en las PASO y en los comicios de medio término, entre agosto y noviembre de este año, que tal vez se posterguen pero que bajo ningún concepto serán suspendidos. El kirchnerismo no se opone a la exigencia opositora de incluir en la ley de prórroga una afirmación sobre su únicavezidad. Sobran las leyes que contuvieron similares expresiones de deseos, pero ninguna pudo revertir dos principios de jerarquía superior: una ley puede ser modificada por otra posterior, y la única verdad es la realidad.
Además, el oficialismo no tiene la menor intención de regalarle una bandera tan vistosa a los vocingleros republicanos.
La pugna Guzmán-Basualdo y, sobre todo su background: la distribución del ingreso y los acuerdos o desacuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ponen en entredicho esa perspectiva. Si el oficialismo vence, se discutirá por la responsabilidad de la victoria, si pierde es impredecible si algún sector se fortalecerá.

El misterio y la unidad
La clave es la unidad de la coalición que en 2019 desplazó al primer presidente que fracasó en el intento de ser reelecto. Con sus más y con sus menos, el peronismo sigue siendo la fuerza mayoritaria, a casi medio siglo de la muerte de su fundador, y solo ha sido derrotado cuando fue incapaz de coincidir en una fórmula única, aun cuando la boleta oficialista la encabezaran pesos pesado como Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Tomás Massa, en 2009, o CFK en 2017. La heterogeneidad de esa solución política coloidal también se expresa en algunas de las cuestiones menos visibles que llevaron al involuntario protagonismo mediático de Basualdo Richards, un hombre tímido, de apenas 42 años, nacido en México durante el exilio de su familia, de quien con toda justicia se ha recordado su paso como columnista del Cohete. Fueron una decena de notas, entre 2018 y 2020, ilustrativas de las superganancias del puñado de empresas a cargo de la producción y distribución de energía.

Corsarios al abordaje.
Una de esas distribuidoras, Edenor, que pertenecía a uno de los socios ocultos de Maurizio Macrì, Marcelo Mindlin, acaba de ser objeto del abordaje por los corsarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti que navegan con bandera del Frente Renovador peronista. En cambio, Basualdo Richards responde a Cristina y a Máximo Kirchner.
No hace falta mucho más que esto para entender la índole del conflicto, en el que Martín Guzmán intervino como defensor de lo que en su gestión se denomina equilibrios macroeconómicos que forman parte de la multicausalidad inflacionaria. Traducido al habla de los argentinos, quiere decir que los que menos tienen más paguen, mientras nadie deja de hablar de equidad y justicia distributiva. Claro, siempre podrá alegarse que el golpe es más leve que los padecidos durante el saqueo de los cuatro años de Cambiemos. En la reunión de los tres jefes de gabinete sobre las nuevas restricciones para enfrentar la pandemia, Santiago Cafiero dijo que no era posible un cierre más estricto que se compensara con IFE, porque se verificó que «se va al dólar blue». Tal vez eso ocurra con una parte de ese ingreso familiar de emergencia, que debería cuantificarse. De lo que no hay duda, porque lo documentó el Banco Central, es de que el principal combustible de la hoguera cambiaria son las supergancias de empresas como Edenor. Incluso, Massa ha trabajado en anteproyectos de ley, inspirados por la referencia de Cristina a la bimonetaridad argenta, que tienden a atacar sus peores efectos.
Durante la gestión de Mindlin, Edenor emitió Obligaciones Negociables por 100 millones de dólares, a pagar entre este año y el próximo. Pero una de las condiciones de la emisión es que, de cambiar el control accionario de la compañía, los tenedores de las ON podrían exigir su cancelación total inmediata. El ex ministro frutal del menemismo y su socio mendocino, que construyó un barrio de viviendas de lujo en terrenos de la Universidad Nacional de Cuyo, poco tienen que ver con Basualdo Richards, quien hace cuatro años trabaja con Máximo Kirchner, y cuya tarea principal ha sido contar las costillas patronales en defensa del interés colectivo.
Otras fuentes gubernativas opinan que aun si se acelerara la deuda, el activo de los mendocinos luego de la venta de Supercanal en 229 millones de dólares, y con la garantía de la empresa eléctrica que poseen en la provincia, justificaría cualquier desembolso. Claro que para cierta gente no pagar nunca es una cuestión de principios.

La ferocidad innecesaria.
Cuando Sergio Lanziani durmió la siesta en el lugar equivocado, para regocijo de Carlos Rovira, el jefe político al que había desafiado en Misiones, Basualdo Richards fue el primer candidato a sucederlo como Secretario de Energía, pero prefirió un cargo de menor rango, donde pudiera mostrar el mismo compromiso y capacidad técnica, pero sin la exposición pública que le disgusta.
Ese talante personal acrecienta el fastidio por el modo feroz con que se intentó eyectarlo y que en la reconstrucción posterior de los hechos prueba que la operación surgió de una de las oficinas más próximas a la de Guzmán. De allí proviene el ofensivo cargo de incompetencia. Pero tampoco hubo lealtad interna en la coalición. El día anterior, Guzmán y el secretario de Energía Darío Martínez, mantuvieron una reunión remota con Kirchner ajustando detalles del proyecto de ley sobre biocombustibles y no dijeron una palabra de la tormenta que estaban incubando. Guzmán alega que la remoción del ex regulador había sido acordada con el presidente y que éste se lo había comunicado a la vicepresidenta. Pero nadie confirma ese relato.
También irrita la atribución a Basualdo Richards del atraso en la segmentación tarifaria prometida por el presidente: el Subsecretario de Energía Eléctrica entregó la propuesta en el verano y lo que falta es el decreto presidencial que se requiere para que la AFIP y el Banco Central aporten la información necesaria para ponerla en práctica, y un dictamen del Conicet. Massa conoce ese estilo, porque lo padeció su amigo Mario Meoni en Transporte. Las condiciones para el dragado y balizamiento del Río Paraná al vencimiento de la concesión fueron firmadas por el ministro interino Gabriel Katopodis, pero las presentó hace tres meses Meoni, quien fue cuestionado por una demora que no dependía de él.

¿Se asumió algún compromiso que ignoramos?
«Hay tres cosas que no pueden decirse de Fede: que sea deshonesto, que carezca de capacidad y que no trabaje», es la respuesta en privado de quienes rechazan los procedimientos arteros, pero no quieren hacer más daño del que infirió al gobierno el propio Guzmán. Su actitud de «El o Yo» es difícil de entender, dado el desnivel jerárquico de los contendientes. Y la pregunta que repiquetea es si esta peripecia guarda relación con las negociaciones que el Ministro de Economía lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional, y sus indigestas políticas de ajuste.
Desde el último almuerzo en El Calafate, en febrero, la comunicación entre Guzmán y Cristina languidece, y el ministro hizo todo lo posible para que no fluyera hacia el Senado la información acerca de su gira por Estados Unidos, Europa y la Federación Rusa.
Tampoco pasa por su mejor momento la relación de Guzmán con Sergio Massa, a quien pocas veces se vió tan enojado como en la reunión en la Casa Rosada sobre el impuesto a las ganancias de las empresas, de la que también participaron Santiago Cafiero y Anabel Fernández Sagasti.
-No sos el único que sabe de ejecución presupuestaria, y ya nos cambiaste tres veces ese presupuesto que considerás tu programa- estalló el presidente de la Cámara de Diputados.
El punto en discusión era la tasa única del 35% con que Guzmán gravaba en forma indiscriminada: desde las mayores empresas hasta los kioscos de barrio. Atrapar con el impuesto a 70.000 pymes era tanto un disparate político como económico, ya que la recaudación que agregarían no justificaba la respuesta social imaginable. Fue forzado a retroceder, de modo de excluirlas del impuesto, cuya recaudación, sumada a la contribución sobre las grandes fortunas permitirá satisfacer la obsesión fiscal del ministro sin acogotar a los que no dan más. A pesar suyo, gracias a las fuerzas de la coalición a las que maltrata.
El proyecto final (que las centrales empresariales cuestionan) implica que apenas 15.000 empresas, que son el 0,9% de aquellos que tributan aportarán el 64% del impuesto a las ganancias. Las empresas medianas no pagarán más del 30% y las pymes 25%. Esto implica que a pesar de todas las limitaciones ostensibles, se producen mejoras significativas que permitirán realizar política industrial y apoyar a los más vulnerados. Un informe de la Oficina de presupuesto del Congreso estima que si la rebaja del impuesto a la 4a categoría implicó resignar unos 40.000 millones de pesos, el impacto del impuesto sobre las empresas rendirá 133.000 millones hasta 2023, de los cuales 76.000 irán a las provincias y la CABA, lo cual explica su apoyo.
Más allá de la desprolijidad del procedimiento de Guzmán, preocupa en el gobierno la obsesión fiscal del ministro, que le ha valido el elogio de Daniel Artana, de FIEL, por su apego a la ortodoxia. El apretón fiscal y monetario es tan fuerte que el nivel de gasto es equivalente al del primer trimestre de 2019. Esto ahuyenta cualquier riesgo de hiperinflación, pero no genera masa crítica para salir de una crisis tan profunda: la caída argentina, del 9,9% es la segunda de América Latina después de Perú (11%) pero por encima de México (8%) y del 4% de Brasil. Pero, además, este fue el único país con una caída en el año previo del 4,4%. Desde febrero la Nación no distribuye alimentos. Se llegó a un millón de planes sociales y no hay voluntad de sumar más. La crisis no tiene aspectos explosivos ni es comparable con la de 2001 pero hay una gran decepción generalizada respecto de la política, lo cual hace prever un gran ausentismo electoral.
En esas condiciones, hay que poner el eje en la reactivación antes que en los desequilibrios fiscales y monetarios. Si el objetivo fijado antes de la pandemia era de 4,5% del PIB como déficit, ¿qué sentido tiene haber cerrado el primer trimestre casi en cero? Comienza a insinuarse la duda de si no hay un compromiso oculto de reducirlo al 2% en el año.

Peronismo a la [Mickey] Vainilla.
Para corroer la potencia del agregado justicialista la oposición neoliberal estimula el lanzamiento de alternativas, como el Peronismo Republicano a la [Mickey] Vainilla, o el microemprendimiento del Otro Hombre de Chivilcoy, quien aspira a reproducir su proeza de 2017. Pero, como decía Paco Urondo, es difícil que el chancho chifle.
El profesional rionegrino de la política legislativa nacional que nunca ganó una elección allí donde más lo conocen, en lo que se parece a Manzano y a Elisa Carrió, ya fue candidato a vicepresidente con Maurizio Macrì en 2019, pero con declaraciones rimbombantes, insultos y propuestas racistas no arrastró masa crítica tras de sí. En una nota reciente del Cohete, el columnista Enrique Aschieri desnudó la penuria no sólo moral sino también intelectual del barullo que Pichetto arma contra los planes sociales, que aumentan la natalidad, y contra los inmigrantes. La tasa de migración neta por primera vez en la historia es negativa en la Argentina: cada año llegan 46.000 personas y se van 50.000. Aquí y en el mundo, incluida la superpoblada China, es una bendición cada nacimiento o inmigración. Sólo un personaje de Capusotto que repite consignas rancias puede ignorarlo.
Tampoco tránsfugas previos como Cristian Ritondo, Diego Santilli o Eduardo Amadeo generaron estructuras significativas fuera del peronismo, aunque las trenzas y los acomodos les prometen una senectud no amenazada por la carencia de efectividades conducentes. La única transmutación exitosa fue la de Patricia Bullrich, pero ya no como peronista inserta en el frente opositor, sino como dura entre los duros del antiperonismo y el antinacionalismo más flagrante, con propuestas como la cesión de las islas Malvinas al laboratorio farmacéutico Pfizer, cosa que le recriminan sus compañeros de ayer. Una cosa es que el bastardeo de la causa nacional provenga como en 2012 de claveles del aire intelectual como el hijo de José Luis Romero, Beatriz Sarlo, Santiago Kovadloff o Jorge Lanata y otra que su impulsora sea la presidenta del principal partido de la oposición.

Difícil de sostener.
Al anunciar la prórroga de las medidas de aislamiento y merma de la circulación durante las tres primeras semanas de mayo, Fernández ratificó la prioridad que asigna a la salud, por más que comprenda el costo de la falta de presencialidad educativa para niños y progenitores. La disminución en la cantidad de contagios en las edades escolares ratifica la racionalidad de la medida, aunque no es suficiente. No se trata de contener el crecimiento de la curva sino de forzar su descenso apreciable, porque de otro modo esa puna será la base de despegue de una tercera ola invernal imposible de manejar con los recursos del sistema sanitario existente, por más que ya se le hayan agregado 4.000 camas y estén en trámite otras 1.400. Palabras como geométrico y exponencial adquieren un tétrico sentido.
El cuadro de escuelas vacías, pese a la decisión del gobierno porteño de desobedecer a la justicia federal, es en buena medida un logro de los gremios docentes, cuyos paros desde el primer hasta el último día de la rebelión municipal, tienen un alto costo: cada semana de paro implica el descuento de unos 10.000 pesos, para educadores que ganan 40.000, situación difícil de sostener. Tan difícil como la escalada de los precios de los alimentos. De enero a enero 2020/2021, los salarios aumentaron el 33%, el índice de precios al consumidor el 38% y los alimentos el 42%, ritmo que se aceleró al 50% entre enero y marzo. Junto con cualquier eventual división del oficialismo, esta variable es la principal amenaza a la identidad peronista y a su capacidad electoral.
Si gobernara Macrì, el aumento de la luz no sería del 9% ni del 35% sino del 162%, arguyó Guzmán en defensa de su posición.
–Por eso nos votaron a nosotros- fue una de las respuestas que cosechó en su recorrida por los espineles del peronismo.
La velocidad del traslado a los puntos de venta locales del incremento de los precios internacionales de los alimentos y de la revaluación del dólar frente al peso se potencia por la acción de las mayores empresas, con capacidad para imponer sus condiciones de comercialización dentro de la cadena, porque controlan los sectores estratégicos. Desde los primeros meses de su gobierno, el presidente señala que los precios se han mantenido bajo control en super e hipermercados, sometidos al control de la Secretaría de Comercio, pero que resulta más difícil extender esa vigilancia a los dispersos comercios de cercanía, donde se verifica el despegue de los precios. Es dudoso que sea así.
Aunque no hay investigaciones extensas del comportamiento de los precios en el actual contexto, la experiencia de la crisis de principios de siglo es ilustrativa. En 2002, las empresas oligopólicas aumentaron sus precios por encima del promedio de la industria, y las menos concentradas lo hicieron por debajo. Una ley de hierro es que toda crisis se resuelve con ajustes que son heterogéneos, según el grado de concentración.

Dislates judiciales.
Como era de prever, las restricciones decretadas por el gobierno nacional vencieron hace 48 horas, sin que la Corte Suprema hiciera otra cosa que ratificar su competencia para entender en cualquier cosa que se le ocurra, con prescindencia de la letra de la Constitución. Al compás de ese dislate, una cámara municipal de asuntos de consumo le ordenó al alcalde porteño que desobedeciera un decreto con fuerza de ley del Ejecutivo Nacional y una Cámara Penal de Apelaciones conminó al Poder Ejecutivo a que deje de emitir decretos sobre medidas sanitarias y al Congreso a que en 15 días sancione una ley que «ajuste el orden legal de respuesta a la pandemia». Firman esta pieza humorística Ignacio Rodríguez Varela (hijo del ministro de Justicia del dictador Jorge Videla), Julio Lucini y Magdalena Laiño. La Corte también rechazó la solicitud del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para que se cite como tercero interesado al gobierno de la provincia de Buenos Aires, dada la unidad sanitaria que es el AMBA, y admitió como amigos del tribunal a un grupo de padres que son demandantes en otras causas y tienen interés directo en la decisión de esta.
También dio traslado al procurador interino Eduardo Casal, denunciado por enriquecimiento ilícito, cuyo dictamen propició el escrutinio estricto de razonabilidad de las medidas de restricción de derechos fundamentales. La jurisprudencia tradicional de la Corte afirma que no le corresponde al Poder Judicial determinar si el poder público debió elegir esos u otros medios diferentes, sobre todo cuando lo que se debía revisar eran regulaciones dictadas al amparo de normas de emergencia. De confirmarse la novedosa doctrina Casal, cualquier medida política que tenga afinidad con un problema científico debería ser sometida a escrutinio de un comité de especialistas. Como la vacuna contra el coronavirus, los decretos presidenciales no podrían tener eficacia hasta un estudio de fase tres o su publicación en la revista Lancet.
Si la Corte se inclinara ante su creativo Procurador, borraría con el codo lo que sostuvo hace apenas 13 meses, en su primera acordada sobre la pandemia. Lo tuiteó el juez Miguel Litch y lo retuiteó ayer el presidente Fernández. El 30 de marzo de 2020, sus cinco miembros escribieron: «Que este Tribunal, como cabeza del Poder Judicial de la Nación, tiene la obligación de acompañar desde su ámbito las decisiones de las autoridades sanitarias competentes, quienes se encuentran en mejores condiciones de adoptar criterios plenamente informados en dichas cuestiones. A tales efectos, además de las que por su naturaleza exijan su urgente intervención, enfocará su accionar a las cuestiones sanitarias -individuales y generales- que se le planteen y a las sancionatorias de las conductas que desafían el sistema de prevención y mitigación dispuesto y que socavan la solidaridad que debe guiar la conducta de los habitantes de la Nación, sin excepción alguna».
Cualquier apartamiento de este criterio demostraría que del ridículo no se vuelve.