También espiaron a ONGs, partidos y sindicatos

Las ollas fétidas que se destaparon en los sótanos de
la administración macrista siguen revelando nuevos casos
de espionaje ilegal, masivo y sistemático.
ARI LIJALAD
FRANCO MIZRAHI
Las bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que el macrismo desplegó por la provincia de Buenos Aires realizaron inteligencia ilegal sobre al menos 32 organizaciones sociales, 16 partidos políticos y 23 organizaciones gremiales. El espionaje incluyó fotos y datos personales de sus referentes, infiltración en reuniones, instalación de cámaras, todo volcado en informes que luego se elevaban a las máximas autoridades del espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri.
El listado de espiados revela que no se salvó casi nadie. Entre los partidos figuran desde Unidad Ciudadana (el espacio que encabezó CFK en 2017) hasta Cambiemos y el PRO, pasando por el Frente 1 País que lideraba Sergio Massa, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nuevo Encuentro y el espacio Cumplir de Florencio Randazzo.
Entre las organizaciones políticas y sociales espiadas están el Movimiento Evita, Quebracho, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y La Cámpora, pero también la ONG Cuidemos a los Chicos y hasta la Organización Madres del Trueque. En el ámbito gremial espiaron a la CTA, SUTEBA, la CTEP, gremios aeronáuticos, la UOM e incluso los trabajadores de Cresta Roja, reprimidos en los primeros días del gobierno de Macri.

Pinamonti-D’Alessio.
La información surge del procesamiento de Pablo Pinamonti, el director del Proyecto AMBA bajo el cuál funcionaban nueve bases de la AFI en la provincia que Buenos Aires dedicadas a estas tareas ilegales. La medida la dispuso el juez Alejo Ramos Padilla, en el marco de la megacausa de espionaje que comenzó con el caso del espía ilegal Marcelo D’Alessio y continúa revelando nuevos casos.
El juez detalla las tareas de espionaje desplegadas desde las bases Ezeiza, Quilmes, Haedo y La Matanza de la AFI. También cómo se elaboraban informes semanales que eran centralizados por Pinamonti y enviados a Silvia Majdalani, la ex vicedirectora de la AFI. El Proyecto AMBA contaba con seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, en Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza, que se sumaron a tres preexistentes que estaban en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.
Los armadores de este plan, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, reconocieron ante la Bicameral de Inteligencia del Congreso que «el personal de estas bases se conformó mayoritariamente con agentes efectivos, retirados y exonerados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y ex agentes de la AFI». Algo insólito es que, según el juez, la propia reglamentación de las Bases AMBA pretendía autorizar actividades expresamente prohibidas por la ley de Inteligencia.
Ramos Padilla detalló: «Se pudo corroborar además que las distintas delegaciones de inteligencia a cargo de Pinamonti y, en particular, la de Ezeiza, realizaron permanentes y constantes seguimientos a referentes políticos, sociales y gremiales, se consignaron datos de esos referentes, de locales partidarios y de manifestantes. Se verificó también que se fotografiaron personas que participaban de movilizaciones, se investigaron y consignaron datos personales de incontables referentes políticos, números de teléfono, domicilios, reseñas políticas y datos familiares, entre otra información sensible. Se incluye también información específica que sólo puede obtenerse de primera mano o mediante una aproximación a sus integrantes», afirmó el juez. Esto indica que los infiltraron físicamente.

Desde Ezeiza.
La mayor parte del espionaje a organizaciones, partidos y sindicatos surge de la Base Ezeiza, que era comandada por Ricardo Bogoliuk. El dato no es menor: era quien reportaba a D’Alessio. Allí se encontraron informes sobre 26 organizaciones sociales, 11 partidos políticos y 22 organizaciones del mundo sindical.
En la Base Ezeiza, Bogoliuk redactó un informe que identificaba a las organizaciones con mayor nivel de movilización. Incluía datos personales de los referentes de la CTD Aníbal Verón, de Encuentro Popular, de ATE Ezeiza, de Resistiendo con Aguante Esteban Echeverría, del Frente Popular Darío Santillán, de los sindicatos docentes Suteba y Udocba.
En la base Quilmes había un documento sobre el espionaje a 16 organizaciones de toda la zona sur. De algunas marcaron quienes tenían legisladores o funcionarios, pero también incluyeron fotos de sus referentes, la bandera, ubicación de sus locales, responsables internos, vínculos con otras agrupaciones y hasta los teléfonos de algunos.

D’Elía y La Cámpora.
En la Base La Matanza hicieron un seguimiento de la organización Encuentro Popular Tierra, Techo y Trabajo, que lidera Luis D’Elía. En el informe se lee como asunto «Movimientos desestabilizadores» y como objeto «Luis D’Elia». Aparecen nombres, fotos, domicilios, trabajos, teléfonos, mucha información de militantes de esa agrupación. D’Elia parecía un objetivo central para estos espías, como también las organizaciones sociales y políticas que conduce.
La base Haedo/Morón hizo un relevamiento completo de los locales de La Cámpora en Merlo, Moreno, Morón y La Matanza, con fotos de militantes y personas que acudían a actividades. Algo similar hicieron con Kolina, agrupación que lidera Alicia Kirchner.
En la Base Haedo también apareció un documento sobre el espionaje ilegal a la Cumbre de los Pueblos que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en diciembre de 2017.

Fichas personales.
El juez consignó que se hallaron fichas personales de militantes políticos de Ezeiza y Esteban Echeverría y se recopiló información personal en forma sistemática sobre diferentes ciudadanos con sus fotos, pertenencia a la organización política o social, y adjuntando: a) apellido, b) nombre completo, c) DNI, d) CUIL, e) edad, f) si tiene pareja o hijos, y sus nombres, g) domicilio, h) correo electrónico, i) información académica, j) trabajos anteriores, k) una reseña política de su participación en el distrito.
Por la forma de clasificar y organizar la información, el juez Ramos Padilla afirma que obedeció a una orden de las más altas esferas de la AFI, ejecutada por Pinamonti y materializada desde las Bases AMBA, con lo que se transformó en una práctica sistemática y sostenida de espionaje ilegal. (Extractado de El Destape).