Tarifazos para la población, ganancias para el ministro

LA CORRUPCION M

Por disposición del ministro de Energía, Juan José Aranguren, ratificada por el presidente Mauricio Macri, las tarifas de los servicios públicos aumentaron hasta un 2.000%. Un juez federal en Río Cuarto ordenó suspender tal medida, y otro juez en Córdoba, rechazó el mismo pedido y avaló el tarifazo.
IRINA SANTESTEBAN
“No te vamos a sacar nada de lo que ya tenés”, decían los candidatos Macri y María Eugenia Vidal cuando se postulaban, respectivamente, para presidente y para gobernadora de la provincia de Buenos Aires. A los que advertían lo que se venía con un gobierno del PRO-Cambiemos, los acusaban de querer instaurar una “campaña del miedo”.
Al final, desde el 10 de diciembre pasado, con Macri como presidente, millones de argentinos perdieron mucho de lo que tenían, producto de una escandalosa transferencia de ingresos de los sectores medios y bajos, hacia los más concentrados de la economía. En criollo: los pobres se han vuelto más pobres, las capas medias han visto disminuidos sus ingresos, mientras los ricos son cada vez más ricos. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, desde diciembre de 2015 a abril de 2016, la pobreza se incrementó desde un 27% hasta un 34% de la población, con 1,4 millón más de personas en esa franja.

Subsidios para todos y todas.
Los vaticinios se quedaron cortos, a decir verdad. A muchos argentinos les quitaron nada menos que su trabajo, tanto en el sector público como en el privado. Se recortaron muchos subsidios, montados en la difundida creencia que eran “planes para vagos”, idea que repetían, con una ignorancia sorprendente, amplios sectores que votaron al macrismo para que se terminara lo que llamaban “fiesta de subsidios”.
Como en la poesía de Bertold Brecht: “Primero se llevaron a los comunistas pero a mí no me importó, porque yo no soy comunista … ahora me llevan a mí, pero ya es tarde”, los sectores medios comienzan a darse cuenta de lo que significaba una política de subsidios, que beneficiaba a todos y todas, y no sólo a los pobres.
Es que las tarifas de los servicios públicos, como la energía eléctrica y el gas, el transporte público (con grandes e injustificadas diferencias entre los que beneficiaban a Buenos Aires, y al interior), entre otras, fueron una política de Estado del kirchnerismo, como forma de mantener el nivel adquisitivo de los sectores populares, pero también beneficiando a las capas medias y hasta altas. Hoy esos mismos sectores se asombran del aumento en las facturas de gas y luz, que en algunos casos han sufrido incrementos de hasta un 2.000 por ciento.
Quienes se quejaban de los planes sociales, o espetaban a los defensores del kirchnerismo con un ofensivo “agarrá la pala”, considerando “ñoquis” a todos los estatales, tienen que reconocer que la medida adoptada por Aranguren, y ratificada por el jefe de gabinete y hasta el presidente, es inviable e injusta.
El gobierno nacional tuvo que “corregir” el aumento y se tomó la decisión de poner un “tope” del 400% para el servicio en residencias, y del 500% para los comercios. Sin embargo, hace unos meses, el propio gobierno quiso poner un límite a las paritarias, de un 25% para los aumentos salariales. Aunque en muchos casos se superó ese tope, y algunos sindicatos obtuvieron incrementos superiores al 30%, están muy por debajo de aquellos aumentos en las tarifas.
Y para empeorar la situación de los perjudicados por el quite del subsidio, la medida se aplica en medio de una ola de frío, con un mes de mayo considerado el más gélido de los últimos 60 años.

No todos pierden.
Pero mientras la población se debate entre pagar el gas o comer, reduciendo a la mínima expresión el consumo de gas o energía eléctrica, no todos se han visto perjudicados.
Hasta el 10 de diciembre pasado, la empresa que proveía de gas a la Argentina desde Bolivia, era British Gas (BG), y que por acuerdos firmados entre los gobiernos de esos países, se lo vendía a 3 ó 4 dólares, cuando en el mercado internacional Bolivia estaba recibiendo ofertas de comprarlo hasta 8 dólares. La empresa Royal Dutch Shell, de capitales anglo-holandeses, dueña de BG, no tenía ningún interés en seguir vendiendo a bajo precio a los argentinos, cuando podía obtener un precio mayor con otros compradores.
La decisión de Aranguren de dejar de comprar a Bolivia para hacerlo ahora a Chile, a un precio que se calcula es un 128% más caro, luce incomprensible. Si lo hace una persona que durante los últimos 14 años se desempeñó como presidente (CEO) de Shell en Argentina, empresa a la que perteneció durante 35 años y en la que posee acciones por valor de 16 millones de pesos, entonces se puede comprender un poco más.
Según los diputados nacionales del FPV-PJ Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, que denunciaron a Aranguren por “negociaciones incompatibles”, y ampliaron su denuncia hace dos días, el ministro se habría beneficiado con la compra de gas a Chile por contar con “información privilegiada”, y porque se ha conocido que durante los primeros seis meses de su gestión, el valor de sus acciones en la petrolera aumentaron excepcionalmente.
Los diputados pidieron ser querellantes en la causa 5.611/2016, caratulada “Aranguren, Juan José s/negociaciones incompatibles”, y en la cual el fiscal Carlos Stornelli pidió la imputación del ministro al juez de la causa, Luis Rodríguez.
Los denunciantes dicen en su presentación que ha habido un “excesivo” incremento en la cotización de las acciones de la multinacional: “El valor de las acciones de la Royal Dutch Shell ha subido desde el 20 de enero a la fecha un 37,25% en euros pasando de 16,67 euros, a 22,88 euros la acción (al día 10 de junio)”, expresaron Doñate y Tailhade. Y aunque reconocen que ese aumento puede originarse en múltiples factores, señalan que las políticas del macrismo y ejecutadas por Aranguren, están favoreciendo claramente a Shell.
Para los diputados del FPV “las ilegalidades, incompatibilidades, los oscuros y corruptos negociados del sector energético en cabeza del ministro y las medidas destructivas como el tarifazo, son un cóctel explosivo para los intereses nacionales y uno de los actos más graves de la historia institucional Argentina en democracia”.

Vecinos contra el tarifazo.
A raíz de los escandalosos aumentos en las facturaciones, en diferentes ciudades los vecinos se organizan para contrarrestar una medida gubernamental que consideran injusta y arbitraria.
En Buenos Aires ha surgido una Multisectorial contra el Tarifazo, que mediante acciones judiciales y también con movilizaciones, pretende frenar el impacto de los aumentos.
En Córdoba, los vecinos se vienen reuniendo desde hace semanas, en un Cabildo Abierto convocado por Centros Vecinales y organizaciones sociales y políticas. Tanto en esta ciudad como en Río Cuarto, se presentaron recursos de amparo para pedir la inconstitucionalidad de los aumentos en el gas.
Como no podía ser de otra manera en una provincia donde, a la par que ganó el macrismo por la mayor diferencia de todo el país (70% a 30%), también se dan protestas sociales y sindicales contra las políticas de los gobiernos nacional y provincial, los fallos son claramente opuestos.
Mientras el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro rechazó la medida cautelar solicitada por los vecinos con el patrocinio del abogado Horacio Viqueira; su par de Río Cuarto hizo lugar a la medida y no sólo suspendió el aumento de las facturas del gas de los amparistas, sino que la hizo extensiva a toda la ciudad, por seis meses, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Un juez amigo del poder.
El juez Ricardo Bustos Fierro es un genuino representante de la “corporación judicial”. El periodista Sergio Carreras lo denunció en su libro “La Sagrada Familia”, que es como se llama en Córdoba -la “docta”- a los representantes del Poder Judicial, porque antaño provenían casi todos de las mismas familias.
Fue conocido en los ’90 por haber hecho lugar a un amparo presentado para permitir la re-reelección de Carlos Menem, para asegurarle un tercer mandato. Y ahora, se ha ganado el repudio de los vecinos que han visto desechado su reclamo de una medida cautelar.
Hace algunos años, el diario Clarín obtenía diversas medidas cautelares para impedir la aplicación de la Ley de Medios; pero hoy los vecinos de la ciudad de Córdoba, no pueden lograr que un juez federal otorgue una medida similar para frenar el tarifazo.
Para Bustos Fierro, “no es posible hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada con el alcance pretendido, sin afectar el interés público comprometido”. Y justifica su decisión en “el estado de deficiente infraestructura de todo el servicio de producción, transporte y distribución de gas” y que “se trata de actos del poder estatal en uso de facultades privativas de carácter técnico, los que han sido dictados dentro de su competencia”.
Cabe aclarar que el estado “deficiente” que invoca el juez lo obtuvo de los informes que pidiera a la empresa Ecogas y el ente regulador Enargas; y que en ningún momento menciona que las decisiones tomadas por Aranguren respecto al precio que se paga hoy por la importación de gas de Chile, también afectaron el “interés público”. Parece que en opinión del juez, quienes tienen que pagar por las deficiencias en la infraestructura son los ciudadanos.

Otro fallo.
Por su parte, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, ordenó la suspensión por seis meses, de la suba del gas para los usuarios de esa ciudad, en el marco de un amparo presentado por un grupo de vecinos. Ello mientras resuelve la cuestión de fondo, y dispuso que el efecto de la medida se extendiera a todo el ámbito territorial.
En la resolución judicial, Ochoa ordena que se retrotraiga el cuadro tarifario al 31 de marzo, que se suspendan los aumentos dispuestos por las resoluciones del Ministerio de Energía, y que se acepten los pagos de acuerdo a esa tarifa anterior “absteniéndose de proceder al corte o interrupción del suministro de gas motivado en la falta de pago, e inhibirse de emitir sucesivas facturas con liquidación de los incrementos dispuestos por las normativas aquí suspendidas”.
Los vecinos fueron patrocinados por el abogado Ricardo Muñoz (h), quien explicó que habían pedido también la inconstitucionalidad de la resolución que fijó el tope del 400 por ciento, lo que fue aceptado por el magistrado al ordenar la refacturación con el marco tarifario vigente al 31 de marzo, sin tener en cuenta el tope.

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