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Todas las voces

Al tiempo que se van conociendo inquietantes noticias que hablan de falta de transparencia en el proceso licitatorio de la represa Portezuelo del Viento, comienzan a sumarse nuevas voces que se oponen, con sólidos argumentos políticos y ambientales, a ese faraónico proyecto.
A los hasta hace poco solitarios reclamos pampeanos se agregaron, primero, los ribereños del Colorado de la vecina provincia de Río Negro, que comenzaron a advertir las negativas consecuencias para los aprovechamientos de aguas abajo. Y ahora son otros actores, de adentro y afuera de la cuenca, los que decidieron sumar su protesta.
Además la propia naturaleza se encargó de brindar un dramático ejemplo de lo que podría ocurrir en épocas de caudales muy pobres, como sucede actualmente y, cosa singular, a esta revelación se agregó una creciente desconfianza hacia el manejo de las compuertas del dique en manos de Mendoza. Un vistazo a los despojos que dejó en nuestra provincia el corte del río Atuel, ante la supina indiferencia cuyana, ha sido suficiente para dar lugar a una fundada toma de conciencia.
Lo cierto es que una gran cantidad de organizaciones sociales, ambientales, gremiales y de pueblos originarios están sumándose al rechazo a la construcción de la represa y reclaman la «prohibición absoluta del proyecto». La reacción ha sido hasta cierto punto inesperada por la provincia cuyana ya que una parte significativa de los denunciantes son mendocinos que tienen una concepción muy distinta a la de sus autoridades con relación a las formas de utilización del agua. Integran la agrupación «Red Intercultural en Defensa de la Cuenca del río Colorado», y han advertido y puntualizado que el proyecto que impulsan Mendoza y Nación viola leyes vigentes y exigieron un cambio en el paradigma del uso del agua.
Bajo el lema «Exigimos la prohibición absoluta de este proyecto», ya suman unas sesenta las entidades que emitieron una extensa declaración en la que señalaron la vigencia de un conjunto de leyes nacionales que «no permiten realizar una obra de esa magnitud» sin un estudio de impacto ambiental que «comprenda los efectos de todo tipo que causará sobre la cuenca del río Colorado», lo cual presenta «una flagrante afrenta a la legislación relacionada a este tema».
Las organizaciones no se quedaron allí sino que advirtieron que el impacto del cambio climático y el déficit hídrico que viven muchas regiones de Argentina «nos imponen una demanda de revisión total del Programa Único de Habilitación de Areas de Riego y Distribución de Caudales del Río Colorado», aprobado en la década del setenta y cuyos datos hídricos y geotécnicos «se encuentran desactualizados, porque el contexto geoclimático de ese momento y la cota normal del río era otra».
«Consideramos que los estudios de impacto ambiental han sido insuficientes, ya que no contemplan esta actual crisis hídrica del Colorado, que viene persistiendo y desarrollándose desde hace más de diez años, como tampoco los impactos económicos, sociales y ambientales aguas abajo», sostuvo el colectivo.
Es posible que a nivel oficial en todas las provincias haya causado sorpresa esta reacción que suma a tantas organizaciones de indiscutible raigambre popular. Este masivo reclamo bien podría servir de base a una acción gubernamental más amplia que empuje a Nación fuera del callejón político sin salida en el que, incomprensiblemente, cada vez se adentra más.