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Toque de atención para la Corte

La actual administración ha hecho su debut político-institucional en otro de los grandes temas pampeanos: el río Atuel. Un tanto aliviado el frente regional hídrico por la reconsideración de las provincias condóminas del Colorado en cuanto a Portezuelo del Viento -en el cual por años La Pampa remó en soledad a la hora de presentar objeciones para fundamentar sus reclamos contra el proyecto de la represa- es evidente que se vuelve al Atuel con esperanzas y razones renovadas.
La misma acción planteada por el gobernador lo está demostrando ya que apunta a que se haga efectivo el dictamen de la Corte Suprema de Justicia a fin de que «se fije un caudal hídrico para recomponer el ecosistema afectado», o sea reconstituir la ecología e hidrografía del original dominio fluvial del Atuel, en el noroeste pampeano. La medida gubernamental empalma con las acciones precedentes en la materia llevadas a cabo por la administración anterior.
Es posible que la Corte haya pecado de ingenuidad (o de astucia política y legal) al dejar abierta la puerta a la discusión sobre caudales ya que, como resulta evidente, el antiguo esplendor hídrico de todo el ambiente -al menos unos dos mil kilómetros cuadrados- sería casi imposible de restituir por múltiples razones, además de los escurrimientos. Pero en simultáneo estableció un plazo para discutir, al tiempo que citó el derecho que le asiste a nuestra provincia dentro del estado actual del problema y las posibles soluciones.
La presentación del gobierno aparece como apropiada porque, por diversos motivos (algunos muy discutibles), el lapso de 30 días establecido por los supremos para acordar un caudal de escurrimiento entre los tres actores -Nación, La Pampa y Mendoza- ya supera los dos años y medio. Se supone que la palabra de la Corte es un imperativo más allá de las razones que esgrima una u otra provincia. Sin embargo debe decirse que el período transcurrido recuerda que un tiempo «sine die» para la aplicación de cualquier mandato o presunto acuerdo, ha sido y sigue siendo una de las tácticas preferidas de los mendocinos para posponer todo compromiso o acción concreta.
Las evidencias que la fiscal de Estado presentará ante la Corte siguen siendo sólidas y valederas y van desde las constantes verificaciones a través de los sistemas de medición electrónicos y satelitales hasta las elocuentes imágenes actualizadas de los cauces secos. Podría decirse que estos documentos son, en definitiva, motivadores para el alto tribunal pues ya han sido elevadas sobradas y contundentes pruebas que demuestran la sustracción del agua a lo largo de muchas décadas.
En la medida que pasa el tiempo sin acciones efectivas las condiciones ambientales se continúan degradando a la vista de todos quienes viven o transitan el lugar. La presencia de los cauces salinizados, resecos y obturados con arena son testigos irrefutables que vuelven incomprensible el alargamiento del plazo otorgado por la Corte para concretar su mandato.
Esta acción tendiente a que el tribunal no cajonee el tema y «se ponga las pilas» está en línea con el compromiso que se hizo carne en la sociedad pampeana de no arriar las banderas del río robado hace casi un siglo.