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¿Trabajadoras o prostitutas?

ABOLICIONISTAS CONTRA REGLAMENTARISTAS

El debate entre prostitución y trabajo sexual, resumido en abolicionismo versus reglamentarismo, divide al feminismo. Para el primero la prostitución es un institución patriarcal que debe ser prohibida por los Estados; para el segundo, un trabajo a ser regulado y protegido por leyes.
IRINA SANTESTEBAN
Históricamente el movimiento feminista consideró a la prostitución como una institución patriarcal, y por ello fue siempre «abolicionista», en particular denunciando la violencia de la policía y los prostituyentes, así como la trata de mujeres y niñas.
Como el feminismo es un movimiento amplio y diverso, existen otras posiciones que defienden la necesidad de regular una actividad a la que consideran un trabajo, y así impedir la explotación de las personas que lo ejercen.
La polémica estalló cuando el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo, incluyó el trabajo sexual en el Registro Nacional de Trabajadores/as de la Economía Popular (Renatep). A los pocos días el formulario para la inscripción de las trabajadoras sexuales fue retirado, siendo uno de quienes más influyó en esta decisión Gustavo Vera, director del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.
Georgina Orellano, titular de Ammar, fue muy crítica con esta decisión y se manifestó en sus redes sociales: «Ayer en menos de cinco horas 800 Trabajadorxs Sexuales se inscribieron al Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular, la clandestinidad del mismo y el no reconocimiento del estado nos imposibilitan acceder a derechos laborales o sociales. Siempre teníamos que mentir y figurar bajo otra categoría de manera engañosa para inscribirnos a un monotributo».
En los años 90 Ammar sufrió un desprendimiento: la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (Amadh), organización que considera que la reglamentación de la prostitución como trabajo es un retroceso en las políticas de restitución de derechos que pretenden para quienes la ejercen.

Abolicionistas.
La abogada feminista Marta Fontenla integra la Convocatoria Abolicionista Federal, organización que en abril mantuvo una reunión virtual con autoridades del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, presidida por la abogada Carolina Varsky, Secretaria de Programas Especiales contra las Violencias por Razones de Género del MMGD. En esa reunión, de la que participaron también integrantes de Amadh y la periodista pampeana Mónica Molina, CAF pidió que el Estado argentino mantenga su perspectiva abolicionista y que se cumpla la Ley 12.331 de cierre de prostíbulos (cabarets, whiskerías, privados, etc) en todo el territorio nacional. También se reclamó el cumplimiento en todos sus términos de la ley contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual.
Solicitaron una mayor articulación de los estados nacional, provinciales y municipales e implementación de políticas públicas para la defensa de los derechos civiles, económicos y sociales, de las personas prostituidas, así como la preocupación por las situaciones de alta vulnerabilidad de mujeres, niñas, travestis y trans, provocadas por el sistema prostituyente.
Se pidió por una renta básica acorde a la canasta familiar, contar con cupos laborales específicos que atiendan las situaciones de las mujeres víctimas de violencia de género, considerar la cuestión habitacional. También facilitar el acceso a todos los programas sociales nacionales, a la educación y a la salud, contemplando las consecuencias que se derivan de la prostitución.
La incorporación de la perspectiva feminista abolicionista en las capacitaciones de la Ley Micaela y para los contenidos de Educación Sexual Integral, que contribuyan a desnaturalizar la idea arraigada socialmente de la prostitución como trabajo, oficio o profesión, fue otro de los pedidos de las Convocatoria Abolicionista, cuyas representantes ratificaron que la prostitución es una de las expresiones más graves de violencia hacia las mujeres.

Explotación y discriminación.
El debate subió de tono pues las defensoras del trabajo sexual acusan a las abolicionistas de ser «feministas blancas de clase media/alta», y que no comprenden la problemática que atraviesan quienes sufren la discriminación no sólo por su trabajo, sino también, en muchos casos por ser personas trans.
Desde el abolicionismo se denuncia que detrás de la defensa del pretendido trabajo sexual se esconde e invisibiliza la explotación de mujeres y niñas, y la trata de personas con fines sexuales. En realidad, como hay un poco de eso en ambas posiciones, pero es verdad que el Estado argentino tiene una posición abolicionista y ha suscripto todos los tratados internacionales en esa materia.
Los países que han adoptado la posición reglamentarista no han suprimido la explotación ni la trata de personas, y en los pretendidos registros de trabajo sexual sólo se inscribe un número ínfimo de quienes ejercen la prostitución.
Es necesario introducir también en el debate el papel de las fuerzas de seguridad y el poder político en las redes de trata, tal como lo plantea Mariana Carbajal, con quien compartimos la visión de que «la mayoría de quienes consumen los cuerpos en prostitución, son hombres; que niñas, pibitas y mujeres son forzadas a ser explotadas sexualmente (a veces por su propia familia en contextos de vulnerabilidad social y económica), … son víctimas de redes de trata, sin que los responsables sean investigados y juzgados».
La decisión de armar una Mesa de Trabajo con autoridades de los Ministerio de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Trabajo y de las Mujeres, Géneros y Diversidad; junto con organizaciones sociales y colectivos involucrados para analizar las distintas perspectivas manifestadas en el debate, parece ser una alternativa que puede ayudar- ojalá así sea – a que se logre una conclusión superadora del enfrentamiento prostitución o trabajo sexual.