Tres leyes para el largo plazo

Tres leyes sobre dos actividades cruciales de la provincia -la energética y la agropecuaria- se sancionaron este lunes en la última sesión ordinaria de la Legislatura. Todas ellas tienen el mérito de haber sido elaboradas y discutidas pensando en el largo plazo y de ahí su significación. Se trata de la del Régimen de Desarrollo Energético, la de Gestión Integral de Plaguicidas y la de Promoción de la Producción Agroecológica.
La primera de ellas generó ruido en el movimiento cooperativo, los empleados de la Administración Provincial de Energía y el gremio Luz y Fuerza porque su presentación y tratamiento en la Legislatura tuvo lugar sin consultas previas, al contrario de lo que había ocurrido con las otras dos. La nota elevada por la Fepamco, las declaraciones públicas de un conocido dirigente cooperativo y la movilización del gremio no abrieron el debate pero sí lograron que el oficialismo hablara e incorporara dos puntos en el proyecto.
Las declaraciones del secretario de Energía cuando ya se estaba tratando la norma procuraron aportar tranquilidad al descartar la privatización del sistema, garantizar el rol central de la APE, mantener los derechos adquiridos y las concesiones de las cooperativas y buscar la «soberanía energética» provincial. Esas expresiones y la incorporación de los dos puntos en el texto de la ley para permitir la participación de todos los sectores en su reglamentación actuaron en el mismo sentido.
El objetivo de la norma está fuera de discusión: lograr el autoabastecimiento en dos décadas y apostar a la generación de energías «limpias». Además la incorporación de Pampetrol como un nuevo jugador del sistema aparece como otra medida que apunta a fortalecer el papel del Estado. Todos se llevaron la impresión de que si se hubiera abierto el juego al intercambio de ideas para la elaboración del proyecto -como sucedió en los otros casos- las aguas no se habrían agitado.
El tratamiento de la legislación sobre el uso de agroquímicos, con muchos aportes recogidos durante varios meses, presentó a los bloques mayoritarios divididos. La divergencia de intereses fue un parte aguas entre la coalición opositora y el justicialismo y sus aliados. Lo que se pudo ver en el recinto es que unos priorizaron la sustentabilidad económica y otros la sustentabilidad sanitaria y ambiental. Es una disputa muy extendida en todo el país por las secuelas nocivas del agronegocio sin freno y el surgimiento en los últimos lustros de movimientos sociales que intentan poner coto a la contaminación del suelo, las aguas subterráneas y las superficiales, por no hablar de la salud humana.
La última de las tres leyes mencionadas está íntimamente vinculada a la anterior. La promoción de los sistemas productivos agroecológicos es una alternativa que viene avanzando como una forma de terminar con la dependencia de productos químicos altamente tóxicos que, además, implican una sangría de divisas pues la mayoría de ellos se importa o se fabrica aquí bajo patentes extranjeras. La producción agropecuaria sustentable ambiental y económicamente aparece hoy como el camino a transitar después del frenesí de los cultivos transgénicos que se introdujeron en la década menemista con un aditivo de alto riesgo que se subestimó: los herbicidas. Hoy los países centrales están poniendo coto a su uso en virtud de sus nocivos efectos en la salud humana y el ambiente. Lo paradójico es que, quienes dicen defender la «inserción en el mundo», miran para otro lado cuando se habla de estos temas.
Como puede verse, las tres leyes están íntimamente ligadas al desarrollo provincial a mediano y largo plazo, lo cual es demostrativo de que se están planteando metas que procuran levantar la mira de la discusión política más allá del corsé del presente, una limitación que suele campear en la clase política por sus urgencias proselitistas.