Trolebuseras, cesanteadas y en huelga de hambre en Córdoba

DIEZ DIAS DE HUELGA DE HAMBRE DE CINCO DESPEDIDAS

Las cinco empleadas cesanteadas llevan adelante una huelga de hambre reclamando la reincorporación a su trabajo en el que todas tienen más de veinte años de servicios y dolencias físicas acarreadas por sus tareas. Los responsables por los 187 despidos son el intendente y el gobernador con la anuencia de la burocracia sindical.
EMILIO MARIN
El cronista las visitó ayer en su carpa plantada frente a la Municipalidad de Córdoba, donde las cinco conductoras del Trolebús realizan una huelga de hambre desde el 14 de julio reclamando su reincorporación al trabajo. Un total de 187 trabajadores fueron despedidos por las empresas con la activa responsabilidad del intendente radical Ramón Mestre y el gobernador justicialista de Córdoba, Juan Schiaretti. Esa faena no habría sido posible sin el concurso de la burocracia sindical de UTA, comandada a nivel nacional por Roberto Fernández, su secretario de Interior Sergio Kiener y el interventor local, Luis Arcano.

Cinco en huelga.
Ellas son cinco y no se les preguntó la edad por razones obvias, pero a ojo de buen cubero tienen unos cuarenta años, curtidos, manejando los troles que la ciudad compró en Rusia cuando Ramón B. Mestre, padre del actual intendente, ocupaba el Palacio 6 de julio.
Son conductoras con enfermedades por ese trabajo de años: las rótulas y meniscos les andan mal de tanto usar los pedales del vehículo, las cervicales y la columna también tienen problemas, por la misma posición durante tanto tiempo, etc. Pero desde junio pasado, con el conflicto largo que parece haber terminado en una heroica derrota parcial, lo que más les duele es el alma. El daño psicológico de haber sido echadas y dejadas sin sustento siendo que la mayoría de ellas son sostén de hogar con varios hijos.
Entre todas fueron respondiendo los interrogantes: Viviana Gómez, Mumi, tiene 22 años de antigüedad; Graciela Caliva, 22; Viviana Chiatti, 25; Susana Cardozo, 22, y Sandra Márquez, 22.
Son personal de Trolebuses de Tamse (Transporte Municipal Sociedad del Estado), una empresa que hasta 2013 tenía también una línea de colectivos, privatizada por el intendente Mestre. Era una condición fijada por el nuevo esquema privado del transporte de pasajeros, impuesta por los empresarios a los que él concedió, de ERSA y Autobuses Santa Fe. La primera, de capitales correntinos que su padre conoció durante su intervención federal en la provincia, en el gobierno de la Alianza, y que dio lugar a denuncias del programa ADN de Tomás Méndez sobre la relación promiscua con el intendente.
El cronista iba tomando nota en un cuaderno muy singular. Echó mano en su casa de un “libro” de su amigo Max Delupi, periodista y actor de Thelma y Nancy, que en plena lucha por la ley de medios y como crítica al representante local de Clarín, editó un tomo de 400 páginas, todas en blanco, titulado “El compromiso social de La Voz del Interior”. Como cuaderno, ayer rindió sus frutos.

Diez días de lucha.
El 2 de junio pasado el burócrata mayor de la UTA nacional, Fernández, firmó con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y las cámaras empresarias la paritaria. El aumento salarial fue un burlesco 21 por ciento en tres cuotas: en lo que quedaba del año la suba sería del 8 por ciento. Esa fue la mecha prendida del reventón social de las bases del gremio cordobés, que en los ’70 tuvo como secretario general a Atilio López, el par de Agustín Tosco: uno en el colectivo y otro en la usina de EPEC.
Los afiliados cordobeses no pudieron expresarse porque la seccional está intervenida hace tiempo. A Fernández no le agradaba el secretario local Ricardo Salerno; intervino y no hay cronograma de nuevas elecciones, tampoco hubo asambleas previas a la paritaria y menos para llevar a Buenos Aires el reclamo mediterráneo.
Conocido lo firmado por la cúpula que no está en ningún lado pero atiende en Buenos Aires, la bronca se hizo sentir. La demanda más elemental fue sobre la aplicación del aumento: querían que el 21 por ciento fuera en una sola vez y aplicado sobre el sueldo bruto de Córdoba, 11,5 por ciento superior a la media nacional. Eso daba un aumento del 32,5 por ciento. Y, sin tanta entidad como ese punto, los afiliados de Córdoba querían recuperar voz y voto en la seccional, cesando la intervención. Contaban con 34 delegados que eran una posibilidad de recuperar el sindicato para una línea pluralista y combativa, con tonada cordobesa.
De movida, las patronales agrupadas en Fetap y el intendente radical, pusieron el grito en el cielo; y el gobierno peronista otro tanto, con el ministro de Trabajo, Omar Sereno, que decretó la conciliación obligatoria apenas comenzó el paro, el 5 de junio.
La medida de fuerza fue contundente, con el saldo inevitable de 330.000 pasajeros a pie, muchos de ellos también trabajadores. Allí intentó meter el tajo el gobierno municipal y provincial, con la inestimable ayuda de los medios concentrados, mintiendo sobre los sueldos altísimos que supuestamente percibían los choferes.
Viviana Chiatti, con 25 años de antigüedad en el Trolebús, gana 23.000 pesos. Como la canasta básica está en 15.000 pesos y las trolebuseras tienen una función importante, con una antigüedad de un cuarto de siglo, esos 23.000 pesos no son gran sueldo.
A los cuatro días de paro total, el 8 de junio, las partes firmaron una primera acta favorable a los huelguistas: se les pagaban los días adeudados, se reincorporaban los despedidos, se abonaba 5.000 pesos de un bono y un adelanto de 6.800 por paritarias. Apenas supo de esa acta, Fernández la desconoció y chantajeó a los empresarios con que UTA nacional iba a hacer que el gobierno les quitara los subsidios al transporte. Un dato revelador sobre el contubernio de la burocracia y el gobierno del ajuste del PRO-Cambiemos. El odio de Fernández fue porque quedó en offside total, ante todo el país. Había firmado por migajas y Córdoba le había doblado la mano. Otras seccionales se levantarían, la primera iba a ser Rosario.
Resultado, los patrones de Fetap desconocieron el acta. Al día siguiente, 9 de junio, se firmó otra acta, más al gusto de UTA, que los huelguistas rechazaron porque si bien mantenía la cláusula de la reincorporación, desde el punto de vista salarial dejaba el 8 por ciento para el resto del año. Esa acta fue rubricada ante el Ministerio de Trabajo provincial y quedó un poco en el aire. Mestre y las empresas, ahora con apoyo de la provincia y del gobierno de Macri, con envío de centenares de gendarmes y uso de la Policía Federal, militarizó la ciudad el 12 y 13 de junio. Se usó la Escuela de Aviación Militar como depósito de todos los colectivos. Cada uno salía con dos gendarmes arriba y dos policías motorizados detrás. Una parte de los choferes, apremiado por las patronales, volvió al trabajo y otros conductores noveles tomados por Fetap, terminaron rompiendo la huelga el martes 13, día de la mala suerte para los huelguistas y especialmente los 187 despedidos.

Maldades de UTA.
El cronista tenía idea de las maldades de la burocracia de UTA, pero completó la data conversando con las cinco huelguistas y con el delegado de Aucor, Luis Marcelo Marín. Así supo que el interventor Arcano y el secretario de Interior Kiener les plantearon a las y los despedidos que si querían su reincorporación debían llevar 5 afiliados a una asamblea donde se iba a votar el desafuero gremial de los once delegados más combativos, entre ellos Marín y Erica Oliva.
O sea, para volver al trabajo debían ser carneros que denunciaran a sus delegados. Y a éstos les llegó carta documento dando 48 horas para presentar su defensa y llegar hasta la UTA el 14 de julio, donde se trataría su desafuero. Los delegados no pudieron ingresar ni hacer su defensa porque les impidieron el ingreso. Y así les quitaron los fueros como delegados. Ahora las patronales tramitarán el desafuero para poder despedirlos, al cabo de un año de plus de protección.
Así la Fetap se sacaría un gran peso de encima, con UTA muy beneficiada, porque esos trabajadores no podrían presentarse a la próxima elección de delegados y tampoco para la Comisión Directiva, cuando algún día cese la intervención.
Las huelguistas contaron que el gremio tampoco acompañó una iniciativa que presentaron en la Legislatura provincial, del “Botón cero peso”, para que en caso de huelgas en el transporte y para no perjudicar a los usuarios se permita el ascenso gratis, sin pagar los $12,50. La Legislatura no trató ese proyecto y sí aprobó en tiempo récord la ley peronista-radical-macrista para reglamentar el derecho de huelga en el transporte.
Así incorporaron al transporte de pasajeros dentro de los servicios esenciales. Según el artículo 24 de la ley 25877 “se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”. Y las eventuales sumatorias las debe decidir el Congreso nacional previa consulta con gremios y cámaras del sector. En este caso no hubo nada de eso y lo decidió una legislatura provincial por 57 votos a favor, 5 en contra y 8 ausentes.
Promediando la conversación entró a la carpa Viviana. Venía del arzobispado, de intentar entregar una carta con su firma y DNI 21.966.517, pidiendo que la hicieran llegar al Papa, implorando su ayuda. El secretario no se la aceptó. A duras penas, luego de mucho regateo, le puso una media firma, sin sello.
No se crea que todos los cordobeses son como ese burócrata de la curia. Muchos se acercaban a firmar el petitorio en la puerta de la carpa y los choferes que pasaban por la calle Caseros tocaban bocina, dando aliento al quinteto. La última pregunta iba a ser sobre su estado de salud. Justo ingresaron dos médicas. Pregunté si eran de un servicio municipal. Una me contestó: “no, somos de la clínica del sindicato de municipales Suoem”. El gremio de Rubén Daniele es uno de los más solidarios con esta lucha y estas mujeres, objeto de discriminación: sobre 187 despedidos, 120 son hombres y 67 trolebuseras; éstas son el 40 por ciento de los cesanteados, siendo apenas el 6 por ciento de los trabajadores del transporte público de pasajeros.