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Trump arremete y chantajea a la Corte Penal Internacional

NO QUIERE QUE SE INVESTIGUEN SUS CRIMENES EN AFGANISTAN

Por algo EE.UU. no es parte de la Corte Penal Internacional. Ahora la administración Trump la amenaza y chantajea para que no se investiguen sus crímenes en Afganistán.
SERGIO ORTIZ
La Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Holanda, no es ninguna maravilla, por más que se la creó con muchas expectativas con el Tratado de Roma en 2002.
No podría serlo porque de una u otra manera esos tribunales y organismos internacionales, como la ONU, son parte en última instancia del mundo desigual y dominado por grandes potencias como EE.UU. y la Unión Europea.
De todas maneras, en la medida que la CPI fue creada con competencia en crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio, fue acumulando expedientes provenientes de muchas partes del mundo. Y algo debía hacer, claro que con un retraso monumental y eligiendo muy bien a qué países abrirles expedientes y a cuáles no.
A los africanos los sentó a menudo en el banquillo de los acusados, por lo que se ganó el justo mote de que sólo perseguía a Africa. Aclaración obvia, el cronista no está diciendo que allí no se violen los derechos humanos y no se cometan delitos, pero es evidente la parcialidad. Gambia, Sudáfrica y Burundi anunciaron en 2016 que se iban de la CPI; Kenia y otros cuatro países sopesan hacer lo mismo.
En cambio, otros tienen «coronita», como Israel, denunciado infinidad de veces por los crímenes cometidos contra la población de Gaza. Incurrió en eso en 2008-2009, en 2014 y desde marzo de 2018, con miles de víctimas mortales y heridos en cada caso, sin que la Corte se decidiera a juzgarlo. El 22 de mayo pasado el ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riad al Maliki, formuló su última denuncia, por la represión contra Gaza, iniciada el 30 de marzo. Y aún no hay novedades…
El otro coloso que se ha vuelto furioso contra la posibilidad de que los crímenes de sus marines en Afganistán sean ventilados en La Haya, es EE.UU. Ya en septiembre pasado, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, anunció grandes represalias en el caso que la CPI investigara crímenes de «patriotas estadounidenses» en el país asiático, invadido por George W. Bush.
«Estados Unidos utilizará cualquier medio que sea necesario para proteger a nuestros ciudadanos y a los de nuestros aliados contra las acusaciones injustas de este tribunal ilegítimo», amenazó Bolton ante la Federalist Society, un foro ultra conservador de Washington.
El funcionario recién designado en Seguridad reaccionaba de ese modo, luego que en 2017 la CPI pidiera autorización a Washington para investigaciones preliminares sobre Afganistán. Las sanciones podrían ser, dijo Bolton, prohibir la entrada a EE.UU. a jueces y fiscales del Tribunal, procesarlos ante la Justicia, afectar sus fondos e inversiones en EE.UU. Otro tanto con los fondos de cualquier empresa o país que colaborara con la investigación a esos marines, y agravar las sanciones a los Estados que entregaran a ciudadanos norteamericanos al tribunal en sede holandesa.
Bolton no se anduvo con chiquitas: «no cooperamos con la CPI. No le prestaremos asistencia. No nos uniremos a ella. Dejaremos que muera ella sola. Después de todo, la CPI ya está muerta para nosotros».
El trámite inicial de este caso lo había asumido en 2015 la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensuoda, una jurista nacida en Gambia.
Quizás lo único positivo de estas amenazas es que puede hacer pensar a la parte del mundo equivocada, creyente que los dictadores del mundo serían Nicolás Maduro o Kim Jong un. Los dictadores de esa índole tienen Oficina Oval en una casa pintada de blanco.

Cunde el miedo.
Los delitos imputados a los militares que invadieron Afganistán datan de 2001-2003. Recién catorce años después la fiscal jefa Bensuoda pide a Washington autorización para investigar y eventualmente abrir un juicio. Una lentitud evidente que no tiene tanto que ver con la capacidad jurídica de la nacida en Gambia, que en abril de 2018 recibió un honoris causa por esa labor humanitaria en la Universidad Nacional de Lanús. La lentitud tiene que ver con lo dicho al principio: las potencias hacen sentir su rigor, con amenazas brutales como las de Bolton y en muchos otros casos con maniobras más sutiles.
Y empezó a brotar el miedo. Uno de los jueces de la CPI, Christoph Flugge, dimitió en enero pasado y lo explicó al periódico Die Zeit como una reacción ante la «interferencia impactante de EE.UU.». El magistrado había participado de las investigaciones preliminares de los delitos en tierra afgana por parte de las tropas y servicios de inteligencia norteamericana. «Bolton pronunció su discurso en un momento en que La Haya estaba planeando realizar investigaciones preliminares sobre soldados estadounidenses que habían sido acusados de torturar a personas en Afganistán. Las amenazas estadounidenses contra los jueces internacionales muestran claramente el nuevo clima político. Eso es impactante. Nunca había escuchado semejante amenaza», declaró el renunciante, que como sus 17 colegas ganaba 180.000 euros anuales libres de impuestos.
Ni EE.UU. ni Israel son firmantes del Tratado de Roma que creó la CPI. Otros 123 países sí lo son, pero varios del continente africano están empezando a renunciar a la membresía porque ven que el tribunal sólo es duro con ellos.
El Estatuto de la CPI lo tipifica claramente: artículo 6, sobre Genocidio; artículo 7, Crímenes de lesa humanidad y artículo 8, Crímenes de guerra. Pero los soldados yanquis tienen impunidad. En marzo de 2003 invadieron Irak y cometieron genocidio. En 2006 la revista británica The Lancet estimaba que habían asesinado a 654.965 iraquíes. Ninguno de los asesinos fue juzgado en La Haya y menos los que dieron las órdenes, como Bush.