Inicio Opinion Un camino de resistencia ancestral

Un camino de resistencia ancestral

MUJERES INDIGENAS

En esta cuarentena han recrudecido hechos de violencia institucional contra comunidades de pueblos originarios, en diferentes zonas del país. Las mujeres indígenas levantan su voz para denunciar violaciones a sus derechos ancestrales.
IRINA SANTESTEBAN
Desde que comenzó 2020 los pueblos originarios fueron noticia, pero siempre negativas. Niños y niñas de la etnia qom y wichí fallecieron por desnutrición en Salta y Jujuy. Fueron noticia sólo por pocos días, ya que la pandemia y sus efectos sobre toda la sociedad pasó a ocupar la agenda de preocupaciones de las autoridades. Sin embargo, las comunidades indígenas son las más afectadas por la crisis social y sanitaria, por el aislamiento en el que viven, que dificulta la llegada de ayuda y una adecuada atención sanitaria.
Claro que no viven aislados porque les guste. El despojo de sus territorios y el desmonte que los priva de los recursos naturales los fueron empujando a las tierras más áridas, donde ni siquiera cuentan con agua potable.

Pandemia y violencia.
A la grave situación generada por la pandemia, se han denunciado numerosos hechos de violencia policial contra esos pueblos, en algunos casos cometidos con tanta brutalidad que demuestra el largo trecho entre el reconocimiento formal de los derechos y su efectivo ejercicio y garantía por parte del Estado.
Las comunidades indígenas son propietarias de las tierras que ocupan y han ocupado tradicionalmente; no son usurpadores sino que fueron y siguen siendo usurpados, en muchos casos al amparo de los poderes del Estado y de las fuerzas policiales. La propiedad de sus territorios está reconocida en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, sin embargo en estos 26 años han tenido que resistir y luchar por el efectivo cumplimiento de ese derecho de propiedad, cuestión que sigue sin resolverse en la mayoría de las comunidades.

Desalojos.
En julio hubo desalojos violentos de la policía en Salta, Chaco, Río Negro y otras provincias contra comunidades qom, wichí, mapuche, guaraní, etc. Detenciones de referentes como Yamila Belizán en Orán, Salta, o la liberación de los tres condenados por el asesinato de Javier Chocobar, líder del pueblo Chuschagasta en Tucumán, son algunas de las violaciones a los derechos humanos indígenas cometidas sin que hasta el momento se haya visto una acción de los Estados provinciales o nacional para que cesen semejantes acciones.
Yamila pertenece a la comunidad guaraní Cheru Tumpa de Orán y su detención fue con extrema violencia, acompañada de insultos, que son habituales y demostrativos del racismo imperante en las fuerzas policiales, aunque paradojalmente entre sus integrantes se encuentran muchos descendientes de esas etnias. La humillación se dirigió también hacia los símbolos de estos pueblos: una vocera de la comunidad denunció que «pisotearon la whipala, nuestra bandera, no se hace eso» y que «las mujeres ancianas fueron golpeadas» (Resumen Latinoamericano, 26/07/2020).
En Tartagal, en Salta, hubo otro intento de desalojo, esta vez contra las comunidades wichí Wennhayek Kyelhyuktaj (Quebracho) y O Ka Pukie (Troja), del territorio de 95 hectáreas que comparten en jurisdicción de ese municipio. Esas comunidades fueron relevadas por la ley 26.160, que impide estos desalojos y otorga seguridad jurídica para los originarios. Sin embargo los terratenientes y la policía persisten en amenazarlos con echarlos, aún sin orden judicial de desalojo.

Por el buen vivir.
En la resistencia a estas violaciones a sus derechos, las mujeres de los pueblos originarios han tenido siempre un fuerte protagonismo, que ha crecido en organización y visibilización en los últimos años.
En 2017 se realizó el I Parlamento de las Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, en Ensenada, provincia de Buenos Aires, una de cuyas referentes es la weichafe (guerrera) mapuche Moira Millán. Ella considera que son las «guardianas y luchadoras» de sus comunidades, así como de sus tradiciones ancestrales que van transmitiendo desde las abuelas, madres e hijas.
En 2018 en Rosario, tuvo lugar el II Parlamento, que reunió a más de 500 mujeres de 36 naciones indígenas. Debatieron temas de gran trascendencia como la tierra, la economía, el extractivismo, la militarización de los territorios, el latifundio, la educación y formación en prácticas ancestrales.
Desde este espacio se instaló el debate en los Encuentros de Mujeres para que comenzaran a llamarse Plurinacionales, en reconocimiento a su existencia al interior de ese movimiento, pero también como parte de los pueblos que fueron invisibilizados por la cultura «blanca».
Para Moira es necesario que el Estado reconozca la plurinacionalidad de los territorios, que en la Puelwillimapu (Patagonia) hoy están siendo usurpados por terratenientes extranjeros como Joe Lewis y Benetton. «Somos el sector poblacional más pobre asentado en los territorios más ricos» dice la weichafe y expresa que en esa lucha necesitan el «acompañamiento» de otros sectores.

Derechos laborales.
Otro de los reclamos de las Mujeres Indígenas es el reconocimiento de sus derechos en materia laboral, pues la mayoría de las que viven en ciudades trabaja como empleada doméstica, en situaciones prácticamente de esclavitud y les pagan en negro. «Las hermanas no sólo son víctimas de sus patrones y patronas, sino que viven en barrios donde la violencia social es muy fuerte, tienen maridos alcohólicos que las violentan. Cuando les pregunté cómo las miraban las mujeres blancas, decían que las miraban como patronas, siempre tutelándolas, queriendo hablar y pensar por ellas. Cuando les pregunté cómo las miraban los hombres blancos, me dijeron que ni siquiera las miraban. Las reducían a la categoría casi de animales» (Entrevista de Ana Formano, para Agencia Presentes, en Redacción La Tinta).
También reclaman por el respeto a sus ceremonias, porque así como a los trabajadores y trabajadoras que profesan las religiones católica, judía o musulmana, se les reconocen sus festividades como días no laborables, para los pueblos originarios no existe ese derecho, pues no se les reconoce la celebración de sus ritos espirituales.