Un debate en punto muerto

Por Agustín Espada y Santiago Marino
Mientras avanza en el mundo, en Argentina la discusión por la regulación de las comunicaciones convergentes está estancada o fuera de la agenda política.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en colaboración con los dos autores de esta nota, plantea la problemática del presente y el futuro de la sostenibilidad económica de la producción periodística y cultural en el escenario de la convergencia. ¿Un impuesto para las plataformas? ¿Cuotas de contenidos locales y obligaciones de inversión? ¿Fondos para la producción periodística a cambio de cumplimiento de códigos laborales? ¿Todo eso y más? ¿Qué debe hacer el Estado? Desde la consolidación del proceso de comunicaciones convergentes, las tendencias de las lógicas de producción, distribución, puesta en circulación y consumo de bienes y servicios culturales se ha desarrollado de tal modo que resulta clave una acción de los estados en pos de administrarlo con la lógica que garantice el derecho a la información en toda su dimensión.
La captura de la renta, el tiempo de atención y la propiedad de los productores de cultura e información por parte de capitales extranjeros es un fenómeno que antecede al proceso de convergencia digital. Sin embargo, este fenómeno se aceleró y profundizó a causa de la explosión de la intermediación de plataformas digitales de distinto tipo en la circulación, distribución y comercialización de contenidos. Hoy, Facebook, Google, Apple, Netflix, Disney y otras empresas, casi todas financiadas por capitales del mercado estadounidense, erosionan el financiamiento de la producción local de contenidos, capturan una parte cada vez más trascendente de la renta y regulan de facto la oferta y las capacidades de los usuarios para decidir qué información personal puede ser comercializada o no. La realidad del mercado de medios, cultura e información en Argentina muestra que los ingresos publicitarios se reducen cada vez más con un crecimiento de las plataformas digitales dentro de la oferta donde Google y Facebook concentran buena parte de las ventas. Además, los servicios como Spotify, Netflix y Amazon Video producen una sangría de divisas que aumenta el volumen de importación de servicios digitales culturales. La venta de diarios en caída es otra de las características que completan un panorama donde la macroeconomía no colabora pero el empresariado local solo ensaya la salida con nuevas-viejas formas de precarización.

Modelos de regulación.

La trayectoria europea difiere en diversos puntos con la latinoamericana principalmente por la capacidad regulatoria que concentra la Unión Europea como espacio de confrontación política con Estados Unidos como país ganador en la disputa de la renta de los servicios digitales. Esta fortaleza se inserta y sirve de una tradición histórica de promoción y protección de la diversidad cultural, pero, también, de fomento a la actividad periodística, aunque en este último punto todavía no se encuentran grandes medidas que incluyan la redistribución de los ingresos publicitarios que la circulación de contenidos periodísticos genera en la red. La regulación latinoamericana es desagregada y presenta algunos casos puntuales sin grandes innovaciones. La mayor parte de los países comenzó a regular en los últimos tres años a los servicios digitales bajo el paradigma «impositivo general», pero no se piensan fórmulas regulatorias que rediscutan la captura de la renta del mercado cultural e informativo en sentido general. Cuando estas discusiones se dan, están ligadas al e impulsadas por el sector audiovisual, en particular del cine, donde sí se encuentra una extensa tradición y cuerpo regulatorio. El rediseño de los marcos regulatorios impositivos para empresas que brindan servicios digitales forma parte de la más alta y relevante agenda de debate público internacional, aunque no cuenta con una definición clara en el corto plazo, desde la OCDE hasta la Unión Europea y en el Congreso de los Estados Unidos, aunque no siempre se discuten bajo los mismos principios ni con los mismos objetivos. Por otro lado, los países más avanzados en regulación cuentan con informes y estudios de impacto del cambio en la distribución de la renta económica que no tienen precedentes ni réplicas en el mercado latinoamericano. Australia, Canadá y Reino Unido aparecen, así, como casos excepcionales no solo en el diseño de políticas sino, también, en la elaboración de documentos de investigación que sirven de argumento para la intervención estatal. (Letra P)