Un debate que obliga a actuar

El debate acerca de cómo corresponde calificar a los dirigentes y exfuncionarios encarcelados bajo el macrismo -¿presos políticos o detenciones arbitrarias?- dividió aguas en el Frente de Todos e hizo relamer a la derecha y su prensa siempre al acecho.
El Presidente y su canciller niegan que existan presos políticos en el país con dos argumentos: uno entendible, el otro no tanto. Primero, porque esa figura afecta negativamente a su gobierno, y a la vez no puede afrontar la situación con un indulto o una amnistía porque los propios detenidos se oponen, y con razón. Ellos quieren que la Justicia investigue con imparcialidad para demostrar su inocencia porque son víctimas del «lawfare», ese engendro nacido de la complicidad entre jueces venales y el periodismo de guerra.
En segundo lugar, no hace falta que el presidente se defienda porque no es responsable de lo sucedido. Aquí, otra vez, se trata de una verdadera «pesada herencia» que le dejó el macrismo junto con otras piedras en el camino como la impagable deuda externa, la pobreza por encima del 40 por ciento o el regreso del hambre.
Afirmar que no son presos políticos porque no están a disposición del Poder Ejecutivo y, en cambio, fueron detenidos con intervención del aparato judicial no es un argumento sólido. Bajo la última dictadura hubo infinidad de encarcelados injustamente por el aparato judicial y muchos jueces rechazaban masivamente los habeas corpus en favor de los perseguidos. Recordemos de paso que en esos años los funcionarios judiciales no juraban por la Constitución sino por las «Actas del Proceso de Reorganización Nacional». ¿No era acaso una Justicia politizada in extremis?
La confesión del presidente del Superior Tribunal jujeño sobre las razones del encierro de Milagro Sala eximen de todo comentario; lo mismo que la recompensa para el «arrepentido» Vandenbroele -acusador de Amado Boudou-: un hotel boutique en Mendoza; o el peritaje trucho contra Julio De Vido; o la acusación contra Cristina Kirchner de Leonardo Fariña «guionada» por el Ministerio de Justicia; o todas las prisiones preventivas pedidas por Bonadío también contra la expresidenta; o el maridaje de este juez y el fiscal Stornelli con espías y periodistas para extorsionar a empresarios y dirigentes por nombrar solo los casos más conocidos.
Este debate resulta muy oportuno aunque, comprensiblemente, le moleste al Presidente de la Nación. Porque habla de la degradación profunda de la Justicia y la necesidad urgente de adecentarla, de normalizarla sin dilaciones, sin exasperantes «tiempos judiciales». Así como la situación de hambre y malnutrición mereció un programa de emergencia, lo mismo amerita esta gangrena que dejó el macrismo incrustada en el Poder Judicial.
El menos democrático de los poderes del Estado está en la picota, y con razones de sobra. Un juez fue apretado por espías de la AFI que pretendieron imponerle una «sentencia» ya escrita; la única reacción fue apartar al juez. Hubo otros desplazados por sus sentencias, y también otros presionados para renunciar y también tribunales integrados en violación a las reglamentaciones. Una jueza de la Corte continúa en su cargo a pesar de superar los 75 años. Y a propósito de la Corte: ¿no merece una revisión aquella negativa presidencial a ampliar el número de sus integrantes para ponerla a tono con sus similares de la mayoría de los países del mundo y poder dividirla en salas?
Semejante desmadre no puede seguir porque afecta demasiado la seguridad de las personas y al propio estado de derecho. Por eso es necesario actuar, y en forma urgente.
Milagro Sala, desde su encierro jujeño, advirtió que no es tan importante cómo se los llame a los detenidos sino que dejen de estarlo, porque su permanencia tras las rejas es una mancha para la institucionalidad democrática que todos dicen defender con floridos discursos.