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Un desafío a la ley y al Estado

Por decreto de necesidad y urgencia del Presidente de la Nación, y ratificado por el Senado, las telecomunicaciones fueron declaradas servicios públicos y esenciales. En virtud de esa circunstancia en diciembre el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó un aumento del 5 por ciento en las tarifas, pero la empresa de televisión paga Cablevisión, perteneciente al Grupo Clarín, desconoció la resolución y aplicó un aumento del 20 por ciento para el mes de enero. No solo eso; luego de recibir una intimación del organismo oficial para volver atrás con el incremento, ratificó su postura rebelde y volvió a facturar con el mismo aumento tarifario los consumos del mes de febrero.
Semejante acto de desconocimiento de la autoridad del Estado por parte de un prestador de un servicio público no es frecuente. Pero como se trata del Grupo Clarín, ese alzamiento no debería sorprender a nadie.
Todavía está fresca en la memoria social la lucha que dio la mayor corporación mediática del país para resistir la aplicación de la denominada Ley de Medios Audiovisuales sancionada en 2009 por amplia mayoría del Congreso Nacional. La norma fue aprobada luego de un intenso debate que tuvo como escenario a todo el territorio nacional. Los foros de discusión fueron constituidos en cada una de las provincias y de ellos surgieron los puntos básicos que los legisladores introdujeron en la nueva norma, que vino a reemplazar la vetusta «ley» que había sancionado la última dictadura cívico-militar; sin debate alguno, desde luego.
En esos días resultó evidente que el Grupo Clarín se sentía más cómodo amparado por esa resolución dictatorial que con una ley discutida en el Parlamento, y de inmediato desplegó su enorme poder de lobby para boicotear su aplicación. La firmeza del gobierno kirchnerista ante las presiones y su voluntad de promover el debate nunca le fue perdonada, y es una de las razones principales de la feroz persecución mediática que sufrió, y sufre, la hoy Vicepresidenta de la Nación.
Esta nueva pulseada entre el gobierno nacional y el súper grupo mediático no es un tema menor. No solo trae reminiscencias de aquel enfrentamiento sino que expone con claridad meridiana la postura desafiante de un conglomerado empresarial que pretende ubicarse por encima del Estado. Acostumbrado a extorsionar a todos los gobiernos y obtener casi siempre lo que exige -la llamada Ley de Bienes Culturales sancionada bajo la presidencia de Eduardo Duhalde para salvar al grupo de sus acreedores externos, es uno de tantos ejemplos- sus directivos sienten que están más allá de la ley. La famosa frase de Héctor Magnetto despreciando el valor de la investidura presidencial, calificándola como «un cargo menor», exime de todo comentario.
Una carta fuerte del grupo son sus aceitados contactos en el Poder Judicial, en donde nunca le falta un juez que resuelva a favor de sus intereses. Lo probó con creces cuando resistió la aplicación de la Ley de Medios mediante una sucesión de medidas cautelares que presentó en tribunales de todo el país y que fueron aceptadas por tantos magistrados pusilánimes, hasta que la Corte, pasados varios años, confirmó la constitucionalidad de la norma. Pero el mayor favor le llegó de la mano de Mauricio Macri, quien a horas de asumir la presidencia derogó por decreto los puntos de la ley que más molestaban al holding mediático, aquellos que lo obligaban a la desmonopolización.
Ahora el vicepresidente del Enacom anunció la aplicación de sanciones a Cablevisión ante la contumaz negativa a cumplir con las disposiciones del organismo. Todo indica que es el único lenguaje que entiende el grupo al que le gusta presumir de su poder económico y político. No debe olvidarse que la expresión «periodismo de guerra» fue acuñada por uno de sus hombres.