Un discurso que atrasa la historia

No han sido pocas las expresiones de escaso tacto político, y hasta de desdén, que se han escuchado en los más altos funcionarios del gobierno macrista. Un ejemplo acabado fueron las declaraciones del ministro nacional de Educación al inaugurar una dependencia de la Universidad Nacional de Río Negro y calificar el acto como una "nueva Campaña del Desierto, pero sin espadas y con educación". La frase fue pronunciada en la localidad de Choele Choel, uno de los sitios relevantes del antiguo poblamiento indígena. Y siguió el funcionario: "sin profesionales que multipliquen lo que hacemos, no sirve de nada porque no estaríamos poblando este desierto", dijo y trató de enmendar el exabrupto: "ustedes hacen que no sea un desierto".
La ofensa del funcionario fue tan evidente que de inmediato llovieron las críticas. No es para menos, en su discurso el ministro reflotó una idea absolutamente superada por los modernos estudios históricos: el desierto al que alude nunca fue tal, y el término contiene, además, una intención peyorativa en relación a los primitivos pobladores de esta región.
Por otra parte el ministro cometió una grave omisión, digna de su pertenencia de clase: en 1879, año del comienzo de la ocupación militar en el norte de la Patagonia, hacía más de un cuarto de siglo que había sido sancionada nuestra tan elogiada Constitución. En su artículo 15 afirma que "en la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución (...) y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República".
Es decir que las parcialidades indígenas eran, al margen de su condición de seres humanos, legalmente libres, con una gran mayoría de ellos nacidos al amparo de la Constitución, es decir: argentinos por derecho. Sin embargo el "paseo militar" roquista epilogó en el avasallamiento de los vencidos bajo las formas más perversas: luego de la sangrienta derrota militar separaron a los hijos pequeños de sus madres, a los hombres los confinaron como prisioneros en la isla Martín García, donde murieron en cantidades víctimas de epidemias, otros fueron obligados a trabajos forzados en los ingenios del norte del país, los niños fueron destinados a las casas patricias en donde sirvieron como mano de obra gratuita en tareas domésticas... Y todo se hizo en nombre de esa civilización que exalta el ministro y cuyos valores habían sido importados de la Europa imperialista del siglo XIX. Basta analizar los propios partes militares de la campaña o consultar los diarios de la época para corroborarlo.
Claro que detrás de esa conquista militar estaba la apropiación de millones de hectáreas aptas para la agricultura que fueron a parar a las familias aristocráticas de nuestro país, y también a extranjeros, a cambio de irrisorios aportes económicos en lo que fue el origen de los conocidos latifundios. El ministro, además de descendiente de una de las familias beneficiadas con la ocupación, se manifestó como un declarado admirador de aquella campaña que los investigadores más calificados no vacilan en calificar de genocidio.