Un «federalismo» de bajo vuelo

La cuestión ambiental se instaló en el centro de la agenda política. Hasta la pandemia de Covid-19, que hoy acosa a todo el planeta, forma parte de la discusión sobre el tema pues todo indica que su origen está íntimamente relacionado con los vínculos depredatorios que el ser humano establece con los ecosistemas naturales.
Hoy es inconcebible una agenda política que no contemple la cuestión ambiental. Las catástrofes climáticas, la degradación de enormes extensiones de tierras por el agronegocio, los pasivos que deja la explotación irracional de los recursos naturales han terminado de convencer a los más escépticos. Sin embargo, a pesar de este cuadro estremecedor los grandes intereses económicos del mundo siguen avanzando como si nada pasara, ayudados por algunos gobernantes -Trump y Bolsonaro son los más patéticos pero no los únicos- que expresan niveles de negacionismo alarmantes.
En este inquietante escenario, se está dando en nuestro país una discusión con el objetivo de ordenar la legislación y la acción de gobierno tendiente a tomar recaudos para no seguir degradando la biosfera, es decir el ambiente en donde vivimos humanos, animales y vegetales.
En un país federal con una larga historia de desencuentros como el nuestro, las conversaciones no están transitando por caminos despejados. En el Consejo Federal de Medio Ambiente, un ámbito del que participan la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires no se logran los acuerdos necesarios para avanzar en la concreción de la Agencia Federal Ambiental. Como no podía ser de otra manera, Mendoza está en el lote de provincias que ponen palos en la rueda anteponiendo el escudo de la autonomía provincial, boicoteando así la posibilidad de arribar a consensos que permitan avanzar en una materia en la que hay enormes deudas. La vieja historia de recelos entre el puerto y las provincias que se remonta a los orígenes de nuestra organización nacional parece renacer ahora y se utiliza como excusa por parte de algunas jurisdicciones que pretenden blindarse en feudos amurallados. No es casual que desde Mendoza, precisamente, partiera aquella arenga secesionista ante el planteo de compartir el uso de los ríos interprovinciales.
La explotación de los recursos naturales, como el petróleo, el litio o los metales, suele estar a cargo de grandes corporaciones extranjeras cuyo peso económico es muy superior al de las provincias que les conceden las obras. Y se nota demasiado. Sobran los ejemplos de levantamientos populares en varias provincias que cuestionan a sus propias autoridades por las condiciones leoninas de los contratos y los pasivos ambientales que deben soportar los lugareños. Esta dolorosa realidad que se vive en el territorio nacional debería despertar conciencia para promover medidas efectivas que eviten la reiteración de errores y negociados.
No será actuando cada provincia como le plazca, en nombre de un federalismo de bajo vuelo, como se logrará avanzar en la defensa del ambiente y el interés común. Todos, a despecho de los límites jurisdiccionales, integramos una misma Nación y queremos vivir bajo el mismo imperativo constitucional del bienestar general.