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Un fiscal puso el dedo en la llaga

Por primera vez una resolución judicial pone en tela de juicio el desempeño de un fiscal y un juez en una causa de enorme trascendencia mediática que derivó en el encarcelamiento sin condena de exfuncionarios del gobierno kirchnerista, uno de ellos diputado nacional a quien se le quitaron los fueros y lo mantienen encarcelado desde hace dos años bajo la figura de la prisión preventiva dictada en abierto desafío a los antecedentes en la materia y al estado de derecho.
El autor del cuestionamiento es un fiscal federal que señala que se violó la ley cuando se le tomó declaración como «arrepentido» a José López. El mecanismo establecido por la norma indica que esos testimonios deben ser registrados «a través de cualquier medio idóneo que garantice su evaluación posterior», lo que implica dejar un registro en audio o video de esas declaraciones a fin de que sea posible analizar «la voluntariedad de la manifestación». Esa exigencia de la ley fue desconocida tanto por el fiscal Carlos Stornelli como por el juez Claudio Bonadío.
También cuestiona al mismo juez por otra investigación, la de las fotocopias de los cuadernos, por haberse quedado con la causa sin seguir el procedimiento de rigor -el mecanismo de sorteo- establecido para distribuir los expedientes que se inician entre todos los juzgados.
Por otra parte la reciente aparición de seis cuadernos que presuntamente serían los famosos originales «quemados» por el chofer que los escribió, resultó muy oportuna para poner otra vez esa controvertida causa en la agenda mediática a pocos días de las elecciones presidenciales. El periodista de La Nación que sigue el tema desde sus inicios, reveló que recibió el material de manos de un desconocido, un «mecanismo» muy similar al de distribución de escuchas ilegales a otros periodistas o a la diputada Elisa Carrió. No por casualidad toda esa documentación que circula por canales tan irregulares, sin excepción, ha servido para iniciar causas contra funcionarios del gobierno kirchnerista mediante actuaciones reñidas con la transparencia judicial, como muy bien lo señala ahora un fiscal.
La persecución política mediante el uso de los aparatos judiciales está quedando cada vez más expuesta. El law-fare -guerra con la ley- alcanzó con la llegada del macrismo al gobierno niveles nunca vistos en democracia y se utilizó con la misma saña que en otros países de la región. En Brasil se encarceló al expresidente Lula da Silva con una endeblez probatoria escalofriante a través de procedimientos que, hoy se sabe, estuvieron viciados de nulidad. El juez que llevó a cabo ese atropello fue ascendido a ministro de Justicia y el fiscal a cargo de la «investigación» rompió con todas las normas de su trabajo. Una publicación periodística reveló ese oscuro entramado y hoy la sentencia está a revisión en la máxima instancia judicial brasileña.
Esta vez, en nuestro país, los cuestionamientos no llegan desde la política o desde los abogados defensores de las víctimas sino de un fiscal. El puso el dedo en la llaga y dejó ver que jueces y fiscales vienen operando como instrumentos de persecución política antes que de persecución penal.