Inicio Opinion Un mensaje que despertó polémica

Un mensaje que despertó polémica

DAR VUELTA LA PAGINA

El episodio no está terminado, porque quienes cuestionaron la frase presidencial sobre la inconducta de algunos, reclaman la sanción de una ley que reprima el negacionismo, un punto sobre el que no hay consenso.
Por Horacio Verbitsky
Las palabras del Presidente Alberto Fernández al despedir a un contingente militar que partía hacia una misión de paz en Chipre abrieron una polémica que involucró distintas posiciones de fuerzas políticas y de organismos defensores de los derechos humanos. Fernández celebró que no quedaran en las Fuerzas Armadas argentinas oficiales que hubieran actuado durante la dictadura que arrasó el país entre 1976 y 1983, repudió la «inconducta de algunos durante esos años» e invitó a dar vuelta la página. El radicalismo, que en 1983 impulsó el juicio a las juntas militares y cuyo líder histórico, Raúl Alfonsín, apoyó la reapertura de los juicios, padece de un notable mutismo, cada día más afín al PRO. Muy ocupado en defender los privilegios de jueces con jubilaciones de 200.000 pesos mensuales y en apoyar la colonización de la justicia jujeña por Gerardo Morales, no tuvo una sola palabra para la cuestión militar. Algunas Madres de Plaza de Mayo cuestionaron las palabras presidenciales, otras las apoyaron.
Hoy, en su mensaje a la Asamblea Legislativa, se espera que Fernández exponga sobre la desdolarización de las tarifas de los servicios públicos, las retenciones a la soja, la negociación de la deuda externa, la reactivación económica que mejore el empleo y eleve el salario, la derogación de la clandestinidad del aborto. Dar vuelta la página significa abordar esas cuestiones sin temores por la cuestión militar, que hoy no es un problema para la democracia argentina, a diferencia de lo que ocurre en buena parte de los países de la región. Y ese es un mérito colectivo, hecho de diversos aportes individuales a lo largo de casi cuatro décadas.

Los veinte puntos.
Un inglés diría que la frase de Fernández sobre los militares fue un understatement, que en argentino significa que se quedó corto. Sobre todo porque la sociedad tiene claros algunos conceptos que vale la pena recordar aquí y que exceden largamente la idea de actos incorrectos de algunos individuos:
-Descubrimos el sentido trágico de la palabra genocidio, algo que hasta entonces era sólo eso, una palabra. La realidad que estremeció al cuerpo social de la Argentina superó la más imaginativa fantasía.
-Es preciso indagar los motivos y argumentos que determinaron el descomunal ensayo represivo que se abatió sobre nuestro pueblo.
-Un plan minuciosamente preparado apuntó a socavar las bases del movimiento nacional, con el objetivo de someter a la Argentina a un extenso periodo de dominación colonialista.
-Como en Nuremberg, aquí se juzgaron crímenes contra la humanidad, el rostro del terror y sus consecuentes huellas.
-La negativa a reconocer lo sucedido parecía el común denominador entre nazis y militares argentinos. En ambos casos, el sentido último de las palabras era el mismo: ocultar el Estado Terrorista.
-Los trabajadores de las empresas estatales fueron quienes más rápido y profundamente sufrieron las consecuencias de la política de pinzas descargada sobre las espaldas del movimiento obrero por el régimen dictatorial.
-La desestructuración de los cuerpos orgánicos de base del movimiento obrero estaba en la mira del régimen militar desde el mismo día en que asumieron el poder absoluto.
-Las fuerzas represoras actuaron en complicidad con las empresas monopólicas.
-El estilo represivo no reconocía límites en su crueldad, y la premisa del vale todo era ensayada en cada campo de concentración por cada uno y todos los integrantes de las patotas. En realidad, no se hacía otra cosa que no estuviese contemplada en las directivas de los comandantes, no había en ese sentido excesos ni extralimitaciones.
-Se intentó legitimar todo, respaldando el accionar en aquella concepción llevada a cabo por el nazifascismo, donde se prescribe que el fin justifica los medios.
-La crueldad y perversidad no fue un signo privativo de determinados represores. Por el contrario, fue un rasgo dominante de todo el aparato militar, en el ejercicio de una metodología destinada a imponer el terror como eficaz forma de paralizar a la población.
-La ejecución de los más viles tormentos excedió largamente el objetivo de obtener información. Resultaba así, puesto que se buscaba algo más: el aniquilamiento del oponente.
-Así como se profundiza la explotación del trabajador o se extrema el ejercicio del racismo, también se ahonda la subalternización de la mujer. Machismo y fascismo van de la mano y, tal como en el caso del obrero, el negro o el judío, también la mujer es considerada un ser inferior.
-Se tomaron todas las medidas para quebrantar las organizaciones de base del estudiantado. No hubo errores a la hora de la represión.
-El vasto plan de dominación política, económica, cultural que fundamentaba la existencia del régimen, se proyectaba en el tiempo sin límite alguno.
-Este es uno de los parámetros para medir la magnitud de la derrota sufrida por el pueblo argentino. Miles de cuadros y futuros cuadros dirigentes del movimiento nacional fueron borrados de plano. Años de experiencia, de formación, de estudio, desaparecieron tras las figuras de esos hombres y mujeres. Entre ellos desapareció lo mejor de la juventud argentina. El plan de la dictadura fue preciso, certero. El régimen no se equivocó.
-Los militares argentinos habían asimilado las enseñanzas de dos grandes escuelas: la norteamericana y la francesa.
-Nuestras Fuerzas Armadas intentaron reunir las enseñanzas de las dos escuelas para aplicarlas, dentro del contexto general de la Doctrina de la Seguridad Nacional, a la represión en el territorio propio, convirtiéndose así en fuerzas de ocupación.
-Lo que otros no se atrevían a aplicar a sus ciudadanos, las Fuerzas Armadas argentinas sí lo hacían.
-Las Fuerzas Armadas no se depuran con el solo enjuiciamiento y condena para nueve ex comandantes. Hay muchos cuadros intermedios que son los que efectivamente cometieron los delitos y que bajo ningún punto de vista se les puede admitir el alegato de la obediencia debida.
Estos 20 puntos son citas textuales del Presidente Alberto Fernández, fueron escritas cuando tenía 28 años y además de enseñar derecho penal era columnista de El Diario del Juicio y colaborador del diario La Razón, las revistas El Periodista y Claves. Forman parte del libro Juicio a la impunidad, que escribió junto con los periodistas Mona Moncalvillo y Manuel Martín, que la editorial Tarso publicó en 1985. Cubrí todas las audiencias de ese juicio histórico y en la sala de audiencias conocí a Fernández. Cuando se cumplieron 30 años del juicio, se realizó una muestra conmemorativa en el Teatro San Martín, que incluyó una gigantografía de la sala de audiencias de la Cámara Federal. Allí aparece Alberto durante una de las audiencias.
Su repudio al terrorismo de Estado no es cosa del pasado. El 12 de enero, en la entrevista que concedió al Cohete a la Luna al cumplir un mes de gobierno, se produjo este diálogo:
-Ahora tienen que designar la nueva Jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto. Durante el gobierno de Macrì fue designado Jefe del Estado Mayor Conjunto el hijo de una candidata a Vicegobernadora de Bussi en Tucumán, el General Sosa. Y Jefe del Ejército fue designado el General Pasqualini, yerno del Coronel Athos Renes, condenado a prisión perpetua por la Masacre de Margarita Belén y cuya esposa e hija del Coronel Renes es una activa militante en las redes en contra del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. En la nueva elección de autoridades habrá el cuidado que no tuvo Macrì para evitar que ocurran estas cosas, supongo.
-AF: Yo quiero unas Fuerzas Armadas integradas a la democracia. Y la única forma de integrarse a la democracia no es conspirando contra la verdad y la justicia. La verdadera democracia es la que se hace cargo de la verdad y la justicia. Cada uno que haya sido responsable de las atrocidades que se cometieron que se haga responsable. Eso no lo digo ahora, eso es lo que siempre he creído.

La Gestapo argentina.
En uno de los capítulos del libro, los autores cuentan que los funcionarios de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central «constituyeron la Gestapo argentina», que suministraba las preguntas con las que los torturadores militares de Campo de Mayo interrogaban a un grupo de empresarios vinculados con los negocios de David Graiver (entre ellos estaba Horacio Rodríguez Larreta, padre del alcalde porteño). El ex presidente de la CNV, Juan Alfredo Etchebarne, querelló a Fernández, quien me pidió que fuera su testigo, ya que había tomado el dato de una de mis notas. Durante la audiencia expuse los métodos de tortura empleados en los campos de concentración de la dictadura, y mientras hablaba, la endeble silla del defensor de Etchebarne, Roberto Durrieu, se deshizo en pedazos bajo los 120 kilos de ese gigante de dos metros.
Al caer de espaldas volteó la mampara que dividía en dos un enorme ambiente antiguo, y quedó despatarrado en el despacho vecino. Junto con Esteban Righi, que era el abogado de Alberto Fernández, lo ayudamos a reincorporarse. El canalla sonriente comentó:
-Eso pasa por las barbaridades que he tenido que escuchar aquí.
Por supuesto, Alberto fue absuelto. Righi y yo le contamos el episodio y los tres festejamos de buena gana este castigo adicional a los apologistas de la dictadura. Uno de los capítulos del libro se titula: «Con este juicio estamos fundando la República».

Contra la impunidad.
En 2003, Néstor Kirchner lo designó Jefe de Gabinete de Ministros. Desde allí, Fernández fue uno de los apoyos fundamentales del Presidente para impulsar el juicio político a la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia del menemismo, que tenía avanzado el proyecto de resolución convalidando las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos. Eso hubiera consagrado la impunidad por los crímenes del terrorismo de Estado. Conozco de cerca este proceso, porque la causa Simón, en que se discutía el punto, había sido impulsada por Abuelas y el CELS, y obtuvo la nulidad de esas leyes en primera y segunda instancia. Esa posición no era obvia dentro del gobierno de Kirchner, porque también había ministros que propiciaban dar vuelta la página, alegando por escrito que «la guerra terminó» y adhiriendo a la acción psicológica del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Ricardo Brinzoni, quien les había hecho creer que la reanudación de los juicios podría derivar en la detención de nada menos que 500 oficiales en actividad.
En 2004, cuando el CELS propuso que el Poder Ejecutivo bajara los retratos de los dictadores Videla y Bignone del Colegio Militar, como mensaje simbólico a las nuevas generaciones castrenses que se formaban allí, Fernández fue uno de los sostenes para la iniciativa. También apoyó la recuperación de la ESMA para instalar allí un museo del terrorismo de Estado. En ese caso no coincidió con el CELS, que proponía tomar sólo el edificio central de las cuatro columnas y El Dorado, donde la inteligencia naval torturaba y asesinaba a los detenidos desaparecidos, y permitir que la Marina conservara el resto del predio. La idea era que la Armada del siglo XXI rindiera homenaje a las víctimas de la Armada del siglo XX y de ese modo participara en la democratización de las Fuerzas Armadas. Igual que Kirchner, se allanó al reclamo de los demás organismos, que no aceptaban ingresar mientras no saliera el último marino, lo cual demoró una década la inauguración del museo. Junto con la entonces senadora CFK, Alberto Fernández visitó las instalaciones de la ESMA para ver sobre el terreno las condiciones reales del lugar.
Al año siguiente, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó que las leyes de impunidad eran nulas, la Conferencia Episcopal presidida por Jorge Bergoglio emitió el documento «Una luz para reconstruir la Nación», título revelador del rol que la Iglesia se atribuye. Los obispos admitieron que la conciencia nacional había situado a la justicia «en el centro de sus anhelos», pero pretendieron que era preciso «establecer la igualdad y la equiparación entre las partes en conflicto» y «alcanzar esa forma superior del amor que es el perdón». Ya no era posible frenar los juicios a los jefes del Estado terrorista y Bergoglio optó por la equiparación judicial de sus crímenes con los actos de la guerrilla que enfrentó a la dictadura. Por primera vez el Episcopado dijo allí que la dictadura cometió «crímenes de lesa humanidad», pero incurrió en un nuevo intento de equiparación. Dijo que tampoco debían callarse «los crímenes de la guerrilla». El conservador diario La Nación se plegó a esta línea: reclamar que también fueran juzgados aquellos pocos ex guerrilleros que sobrevivieron a la masacre y de ese modo propiciar una nueva amnistía para todos. Alberto Fernández replicó esa intención, denunciando que ese texto recreaba la teoría de los dos demonios y minimizaba «lo que hizo el terrorismo de Estado».
Cuando el CELS denunció a Brinzoni por su participación en la masacre de Margarita Belén, el jefe de Estado Mayor respondió que se trataba de un ataque al Ejército, porque nunca habíamos impugnado sus ascensos anteriores. Le respondimos con la nota del diario La Razón sobre la denuncia en su contra que Emilio Mignone presentó en 1984, quince años antes de que llegara a la conducción castrense.

El tiro por la culata.
Como parte de su ofensiva contra los organismos de derechos humanos, aquel jefe del Ejército designado por el Presidente Fernando de la Rúa presentó un recurso de hábeas data a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a la APDH y al CELS, inquiriendo qué datos tenían sobre él. Pero como el objetivo era el blindaje del propio Brinzoni, se hizo acompañar en la solicitud por 662 oficiales en actividad. El CELS fue la única requerida que aceptó el desafío. Si los oficiales se reivindicaban como ciudadanos de uniforme, no había motivo para negarles el ejercicio de un derecho. Les salió el tiro por la culata:
-Los 662 firmantes eran un porcentaje minúsculo sobre los 5.500 oficiales que el Ejército tenía en ese momento.
-La Armada y la Fuerza Aérea rehusaron plegarse a esa estrategia defensista.
-De los 662 solicitantes, 9 estuvieron involucrados en hechos atroces y aberrantes durante la dictadura, incluyendo al jefe de Estado Mayor.
-10 participaron en alzamientos contra el orden constitucional.
-9 recibieron instrucción en la Escuela de Torturadores de las Américas
-2 fueron denunciados por hechos ilícitos.
-El abogado que contrató el Ejército para la presentación, Juan Torres Bande, resultó ser el segundo al mando del partido neonazi del Nuevo Triunfo, por lo cual el ministro de Defensa Horacio Jaunarena ordenó despedirlo y llamó al orden a Brinzoni.

Contra el negacionismo.
Todos los años desde que concluyó la dictadura, la Comisión de Acuerdos del Senado consultaba al CELS cuando recibía las propuestas de ascensos de las tres armas. Entre 2003 y 2015, el ministerio de Defensa se hizo cargo de esa consulta, antes de enviar los pliegos al Senado. Quienes trabajamos durante décadas en la depuración de las Fuerzas Armadas, de modo que no ascendieran a posiciones de comando quienes participaron en el terrorismo de Estado o su reivindicación, esperábamos con ilusión el momento en que ya no quedaran en actividad oficiales y suboficiales que actuaron en aquellos años sombríos. Ese día ha llegado y es legítimo celebrarlo. Descargar de los hombros de las nuevas generaciones castrenses la mochila atroz debida a sus predecesores es una obligación de la democracia. El nuevo jefe del Ejército, Juan Martín Paleo, tenía 14 años cuando se produjo el golpe de 1976, y egresó del Colegio Militar en 1983. El teniente coronel Gómez, edecán presidencial, apenas tenía un año cuando un general embarcó a Isabel Martínez en el helicóptero del adiós. Sale a la calle con su uniforme y jamás ha tenido un incidente, porque el conjunto de la sociedad diferencia entre los profesionales de hoy y los asesinos de entonces.
Estos antecedentes descartan cualquier comparación de la actitud del actual Presidente con el negacionismo militante del gobierno anterior, que intentó en vano desmantelar la política previa de derechos humanos. (Un curro, según la sutil expresión de Maurizio Macrì.)
Pero el episodio no está terminado, porque quienes cuestionaron la frase presidencial sobre la inconducta de algunos, reclaman la sanción de una ley que reprima el negacionismo, un punto sobre el que no hay consenso. Ese proyecto le fue sugerido al Presidente por un grupo de residentes argentinos en Francia durante su primera gira internacional. La abogada Sophie Thonon, quien representa a las familias de lsx francesxs detenidxs-desaparecidxs en la Argentina y Chile y tramitó la extradición del represor Mario Sandoval, quien vivía en Francia, manifestó su escepticismo sobre ese instrumento, en un aparte con el Presidente.
El primer país que castigó penalmente el negacionismo fue Alemania. Pero esta dimensión fue apenas una parte de una tarea profunda de reflexión sobre los crímenes de la dictadura que gobernó ese país desde 1933 hasta 1945, de la que participaron dirigentes políticos, intelectuales, artistas y educadores. Antes, el juicio de Nuremberg condenó a los principales responsables del genocidio y, luego de una larga pausa, se reiniciaron los procesos, que continúan hasta el presente. Del lado oriental de Alemania no hubo justicia pero sí castigo, dados los fusilamientos masivos del gobierno surgido de la ocupación soviética. La penalización se fundó en que durante su apogeo, el nazismo gozó de apoyo popular, además del rechazo a la ocupación extranjera en la posguerra, situación muy distinta a la argentina, donde la complacencia ante el golpe cedió ante un creciente repudio. En Francia, en cambio, su sanción fue una forma de distraer del colaboracionismo con la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial por parte del régimen del mariscal Pétain, y la falta de sanción por los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante las guerras coloniales de Indochina y Argelia, que ni el Estado ni la sociedad francesa asumieron en toda su magnitud criminal.
El proceso argentino es mucho más parecido al de Alemania Federal. El gobierno de Alfonsín en la década de 1980 y el de los Kirchner en la de los años 2000 impulsaron la revisión judicial de los crímenes de la dictadura, aunque el Presidente radical luego intentó detenerla con las leyes de punto final y obediencia debida. Pero antes y después de Alfonsín fueron las organizaciones de la sociedad civil las que mantuvieron viva la memoria y la exigencia de justicia, como forma de conocer la verdad y prevenir su repetición.
Tanto en Alemania como aquí, pasó una generación entre el cierre y la reapertura de los debates y los juicios. Pero allí transcurrieron ya tres cuartos de siglo desde la derrota militar de la dictadura, y un relajamiento de la tarea militante y pedagógica permitió el surgimiento de un partido neonazi que este año por primera vez obtuvo un acceso significativo a las bancas del Reichstag. Esto ocurrió a pesar de la ley que penaliza el negacionismo, lo cual cuestiona su utilidad. Y se debe tanto al debilitamiento de la memoria como a la bancarrota del neoliberalismo y su máquina de crear pobres y desesperanzados.
En un país con la tradición argentina del debate abierto de todos los temas, es previsible que una ley de ese tipo estimule a los minúsculos sectores nostálgicos de la dictadura a desafiar la prohibición, con lo cual el efecto sería paradojal. Un antecedente fue la ley bonaerense con que la ex gobernadora María E. Vidal intentó obligar a que se mencionara a la dictadura cívico-militar y a los 30.000 desaparecidos. La ley fue declarada inconstitucional, pero al menos sólo obligaba a los tres poderes del Estado provincial y no contemplaba penas por la infracción. La libertad de expresión tiene un valor para la democracia que sería afectado por una ley que reprimiera opiniones indulgentes sobre la dictadura. Además, desde el gobierno de Alfonsín, el artículo 213 del Código Penal anuncia que «será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito».
En cambio, las respuestas militantes surgidas desde la sociedad sin necesidad de ley alguna han puesto límites al negacionismo oficial y acotado el riesgo de nuevas interrupciones del orden constitucional. En la crisis de fin de siglo reapareció el Partido Militar, hasta que Kirchner lo descabezó de un plumazo. Pero aún así, la salida a la crisis se produjo dentro de los procedimientos constitucionales y no por imposición castrense. El freno más ostensible al negacionismo ocurrió ante el intento del gobierno anterior, en colusión con la jerarquía eclesiástica y la Corte Suprema de Justicia, por aplicar a los represores procesados el cálculo del 2×1. La mayor movilización que se recuerde por una cuestión de derechos humanos forzó la marcha atrás oficial y en menos de 24 horas una ley interpretativa (sancionada por unanimidad menos un voto) estableció que ese régimen, concebido para descomprimir la superpoblación carcelaria, era inaplicable a crímenes de lesa humanidad. En cambio en Brasil, donde hubo poca memoria y menos juicios, las Fuerzas Armadas reivindican sus dos décadas de gobierno ilegal y represivo.
Dar vuelta la página es hoy una posibilidad que la Argentina tiene a su disposición, por todo lo que se hizo en los 37 años transcurridos desde que el último militar salió de la Casa de Gobierno.