Un nuevo juicio con otro clima

El comienzo del segundo juicio por la represión ilegal en La Pampa durante la última dictadura cívico-militar constituye un acontecimiento de singular importancia. Tiene lugar a siete años del primero, que se desarrolló en el año 2010, y finalizó con ocho policías y un militar condenados a prisión por delitos de lesa humanidad.
Entre los quince imputados que deberán afrontar este juicio se encuentra el ex jefe de la policía pampeana, Luis Enrique Baraldini, que en el proceso anterior se encontraba prófugo y residiendo en Bolivia. En cambio no estará presente Fabio Iriart -por razones de salud-, el máximo responsable de lo que fue la estructura policíaca-militar que aplicó el terrorismo de Estado en nuestra provincia.
Pero no es solamente un lapso de siete años lo que separa a un proceso del otro. En el medio se produjo un cambio político sustancial, el relevo del kirchnerismo por el macrismo en diciembre de 2015, y con él modificaciones nada menores en materia de políticas de derechos humanos. Algunos datos pueden servir para ilustrarlo: de los quince imputados solamente tres cumplen prisión tras las rejas en tanto los doce restantes lo hacen en sus domicilios. No es una excepción la que gozan los represores que actuaron en La Pampa, en todo el país ha sucedido lo mismo y hoy son más de medio centenar los que están en la misma situación a causa de que el Poder Ejecutivo Nacional dejó de apelar las decisiones de los tribunales que conceden este beneficio.
Los dos nuevos jueces que llegaron a la Corte Suprema de la mano de Cambiemos fallaron en favor de otorgarle el beneficio del “dos por uno” a los condenados por delitos de lesa humanidad dejando ver con claridad la orientación ideológica que llegaba, también a los tribunales, con el nuevo gobierno.
Otro aspecto que habla a las claras de los cambios registrados es la presencia de notorios dirigentes del partido gobernante actuando como abogados defensores de los acusados. Solo en nuestra provincia se conocen dos casos: el de un conocido empresario y el de un alto funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La reciente desaparición forzada de Santiago Maldonado durante una operación represiva de la Gendarmería y el mantenimiento en prisión de una detenida política como Milagro Sala -a la que tratan peor que a los represores pues le niegan la prisión domiciliaria en su casa tal como lo exigió la CIDH- hablan del clima que hoy vive el país y que es notablemente distinto al del anterior juicio.
Estos hechos, y tantos otros imposibles de citar aquí, muestran los cambios sustanciales en la orientación del Estado nacional en materia de juzgamiento a los responsables de la última dictadura. Aún así, a pesar de estos retrocesos, Argentina sigue siendo una admirable excepción en todo el mundo, al juzgar con todas las garantías procesales de su estructura judicial, a dictadores que sometieron a su pueblo al terrorismo de Estado. No hay otra nación en donde se haya juzgado con tanta amplitud y profundidad a los culpables de cometer delitos de lesa humanidad. Sí existen, en algunos pocos países, casos de juicios aislados, pero ninguno de ellos puede exhibir en la materia los logros que alcanzó nuestro país.
Dos circunstancias confluyeron para alcanzar este propósito: la movilización de una gran parte de la sociedad que se expresó pública y decididamente por la defensa de los derechos humanos, y la intervención de un gobierno que promovió activamente la anulación de las leyes que protegían a los represores del alcance de la Justicia. Esos dos factores jugaron un papel decisivo para sentar en el banquillo a los responsables del terrorismo de Estado. Forman parte, también, de la “pesada herencia” que hoy se manifiesta con la materialización de este nuevo juicio que los pampeanos tenemos la oportunidad de seguir.