Un poder palaciego

La Corte Suprema de Justicia volvió a mostrar que es la cabeza de un poder aristocrático que se rige por criterios que no siempre tienen a la Constitución y a la ley como norte. La aceptación del per saltum presentado por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, trasladados a dedo por Mauricio Macri sin acuerdo del Senado, interrumpe la intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo como si el caso tuviera la gravedad institucional que exige ese instrumento de excepción.
Es cierto que la CSJ no resolvió la cuestión de fondo, es decir la aceptación o el rechazo de los peticionantes, por lo cual el festejo de la derecha política y mediática es prematuro como también lo es el enojo del gobierno nacional. Pero el solo hecho de aceptar jugar este juego, tal como se lo viene exigiendo el bombardeo de los grandes medios porteños, precipita un conflicto de poderes al poner en tela de juicio la intervención del Senado en la búsqueda de superar el enchastre que dejó Mauricio Macri con estos y otros traslados de jueces al estilo de un monarca.
La derecha está eufórica porque -dice- la Corte emite una «señal de fortaleza» a los otros dos poderes del Estado. Lo que no dice -porque desnuda su intención y su esencia- es que, a la vez, da una señal de debilidad, de sumisión, a los poderes fácticos, los que no necesitan del voto popular. Tampoco hay que sorprenderse demasiado, la historia argentina es generosa de casos similares. La justificación jurídica del golpe de Estado a Yrigoyen en 1930 es uno de esos ejemplos, quizás el más ominoso.
Ahora bien, esta Corte que saca pecho ante el gobierno del Frente de Todos, qué hizo durante el cuatrienio macrista cuando los jueces eran hostigados y volteados como muñecos por el contenido de sus sentencias, o apretados por la «mesa judicial» -ese engendro que no escandalizaba ni a los cortesanos ni a la prensa hegemónica-, o se inventaba una «doctrina» inconstitucional para encarcelar sin condena a opositores, o se digitaban «precausas» para que la AFI pudiera espiar sin autorización de ningún juez, o se armaba un festival de escuchas ilegales que se difundían por los medios, etcétera. Hasta la llegada de Macri a la Casa Rosada, nunca un gobierno electo había avanzado con tanta prepotencia sobre el Poder Judicial, sin embargo la CSJ ni abrió la boca. Más todavía, dos de sus actuales integrantes aceptaron en esos años entrar por la ventana, sin pasar por el Senado, y solo la airada reacción general frenó el bochorno. El actual presidente es uno de ellos. ¿Vendrá de ahí su indisimulable tirria al Congreso, o de su pasado como defensor de los intereses de la elite económica?
Si finalmente los supremos rechazan la pretensión de los tres jueces, habrán sobreactuado su poder y entorpecido innecesariamente el funcionamiento de las instancias inferiores. Si, en cambio, los respaldan habrán desconocido el mecanismo constitucional y abrirán la puerta para que un presidente traslade jueces a su antojo. Hay quienes vaticinan una tercera vía, un veredicto «salomónico»: dejar a los tres magistrados en sus actuales cargos hasta que sean reemplazados mediante el procedimiento habitual. O sea, algo así como «per codere».
Resta por ver si se mantendrá la unanimidad o si aflorarán las diferencias que no faltan en el tribunal. Lo seguro es que las presiones del establishment no cederán.