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Un proceso kafkiano

El Proceso, una de las novelas del siglo XX más elogiadas, fue escrita por Franz Kafka y publicada luego de su muerte en 1925. A pesar de haber transcurrido casi un siglo, la alegoría que narra tiene una vigencia estremecedora. El argumento, según algunos eruditos, fue inspirado por otra novela genial: Crimen y Castigo del ruso Fedor Dostoievsky publicada en 1866. Ambas obras ponen a la justicia de los hombres en el centro de la escena.
Aunque esta no es una columna literaria, la referencia a dos cumbres de la novelística universal tiene un motivo: comentar el desarrollo «kafkiano» del proceso judicial abierto contra dos jueces y un fiscal por haber, presumiblemente, violado la cuarentena establecida por la pandemia de Covid-19.
Ya nadie habla del caso en sí. Ni en los ámbitos tribunalicios ni en los políticos parece interesar lo que ocurrió aquella noche del lunes 20 de julio cuando los magistrados y otras personas se convocaron a una cena por el día del amigo. Lo que hoy desvela a todo el mundo es «el proceso», es decir, la coreografía del caso.
La maquinaria judicial se presenta así, al igual que en la novela, como un mecanismo extraño, que se autocomplace en la mera gestión, que no parece motivada por arribar al conocimiento de los hechos que deberían ser el objeto central de la investigación, sino en los procedimientos. Contribuye a ello, y en grado no menor, la actuación de la defensa, interesada en enredar al máximo el desarrollo de la causa para estirar plazos y apostar a una eventual prescripción; o para atenuar, con el paso del tiempo, el interés que hoy tiene en la sociedad. Lo insólito es que la burocracia judicial, haciendo honor a su condición, en lugar de neutralizar esas «chicanas», parece estimularlas.
Las garantías de defensa en juicio y la transparencia del proceso son preocupaciones centrales en la administración de Justicia. Pero lo que observan los que no pertenecen al club judicial es que esos recaudos se pagan con muy alto precio en tiempo. Como si no hubiera otra forma de proceder, como si toda la estructura judicial estuviera condenada, inexorablemente, a caer en la trampa de los mecanismos deliberadamente lentos y complicados.
«Justicia que tarda en llegar no es justicia», dice el refrán popular cuando se habla de estos temas. Y es que, precisamente, la abundancia de casos interminables ha llegado a convencer a muchos que, cuando se cierra un caso, eso de «dar a cada uno lo suyo» puede distar mucho de ser cierto. El hecho de que sean dos jueces y un fiscal los investigados torna aún más exasperante el cansino mecanismo de los tribunales.
Hoy se ha vuelto a hablar de «reforma judicial», y aunque esa expresión se refiere a los cambios que el Ejecutivo Nacional propone para la justicia federal porteña, no estaría mal comenzar a pensar también en la nuestra, aunque con otro enfoque: la agilización de su paquidérmica burocracia.
El poder que paga los sueldos más altos del Estado, entre otros privilegios que cobija, debería tomar nota de sus falencias. Y el poder político también, pues está en sus manos promover los cambios necesarios.