Un verano recalentado política y socialmente

El verano no decae en intensidad política, con gran cantidad de despidos y polémicas cruzadas entre el gobierno y la oposición sobre muchos temas. El ciudadano común tendrá que tomar partido, aún en la playa o sierras.
EMILIO MARÍN
Cuando arrancaba el verano del 18, más exactamente en sus vísperas (14 y 18 de diciembre pasado), la violenta represión policial y de Gendarmería contra los manifestantes, transeúntes, periodistas, diputados y todo bicho que caminara por las adyacencias del Congreso, se supo que esta estación sería tórrida políticamente hablando.
El gobierno tomó nota de que su situación había empeorado y tenía poco que ver con la óptima situación que vivía, casi de luna de miel, dos meses atrás, cuando los globos amarillos festejaban la victoria del 22 de octubre.
Y por eso descartó llamar a sesiones extraordinarias del Congreso. Temió que allí capotaran varias de sus iniciativas, por caso la reforma laboral. Puede que el remedio haya sido peor que la enfermedad, pues el decreto 27/2018, modificando numerosas leyes a favor de la flexibilización laboral, tensó los conflictos. Claro, no fue sólo eso sino la mixtura con los miles de despidos de trabajadores azucareros, textiles, estatales, Inti, Fanazul y metalúrgicos.
Ese combo de cesantías por un lado y precarización laboral por decreto puso en emergencia al blindaje político y mediático macrista. Aún sus medios más succionadores de medias PRO admiten una caída de la imagen presidencial, comenzada en diciembre y no terminada todavía.
Este es el fondo de la cuestión. Después, como siempre, hay gotas o chorros de agua sucia que colman vasos y ollas, por ejemplo el affaire Triaca, que desnudó la falsedad de un gobierno ético que procede dentro de estrictos marcos legales con todos los ciudadanos sin mirar su billetera. Ahora la empleada del ministro podrá tener unos buenos pesos si prospera su demanda por 4 millones de pesos. Ojalá.
Pero esa es una anécdota, nada más, que viene bien para que el electorado que creyó en el cuento de hadas advierta su error: este es un gobierno rapaz y capaz de las peores trapizondas y acomodos.

Consanguinidad de clase.
Golpeado por el escandalete Triaca, que además de tener en negro e insultar a una empleada puesta como interventora del SOMU había colocado a esposa y dos hermanas en puestos oficiales, el gobierno ideó una estrategia de vuelo corto, como las perdices. Por un lado mandó al ministro de vacaciones, para airear el escenario, y por el otro dictó un decreto para alivianar la cantidad de parientes de los ministros con cargos en el estado.
La supuesta lucha contra el nepotismo es muy demagógica y limitada, porque ha renunciado una decena de funcionarios pero siguen en funciones muchos más, disimulados como don nadie.
Esa respuesta macrista es típicamente duranbarbista: marketinera y falsa. Es más, según el constitucionalista opositor Eduardo Barcesat, también es ilegal, puesto que para acceder a cargos del Estado no se pueden poner condiciones excluyentes de parentesco sino de idoneidad y concursos.
El problema de Argentina no es que Triaca puso a tres parientes en cargos rentados. Ese es un tema serio pero menor. El gran problema es que Macri gobierna para los grandes empresarios y banqueros, que son su familia política mayor, más allá del apellido y la consanguinidad. Su administración defiende los intereses y negocios de los Rocca, Eurnekian, Pagani, Magnetto, Blaquier, Ratazzi, Midlin, Brito, Pagani, Singer, Morgan Stanley, Santander y tantos más, dentro de los cuales por supuesto están Franco Macri, Giancarlo Macri, Angelo Calcaterra y él mismo.
No hay decreto que cambie esa fidelidad de clase del presidente con los monopolios de acá, de Estados Unidos y Europa. Eso explica los elogios prodigados el jueves por Rex Tillerson, el canciller del neonazi Donald Trump, al comenzar su gira por la región: "Argentina, con Macri como presidente, ha hecho enormes esfuerzos por implementar reformas para abrir la economía de ese país y generar crecimiento".
El ex CEO de Exxon Mobil está ahora en Bariloche con fuerte protección policial norteamericana y local. Si en cambio lo hubiera acompañado a Macri por Humahuaca, Jujuy, habría necesitado de intérpretes que le tradujeran las puteadas del público. Las reformas tan elogiadas por él y toda la parentela de monopolistas y financistas están en la base de ese repudio al ajuste.

22 o 23.
Que la situación social es suficientemente grave lo demuestra la gran cantidad de cesantías que golpea las filas de los asalariados registrados y en la economía informal. Hay lapsos donde un sector es más golpeado que otro, pero los dos están recibiendo telegramas formales o el doloroso "no vengas más a hacer la changa porque no puedo pagarte". Incluso hay varios miles de planes sociales que serán dados de baja por el ministerio que conduce Carolina Stanley, la misma que firmó hace un año un acta de paz social por tres años con las organizaciones de desocupados de la CTEP, nunca cumplida ni financiada.
No es por forzar comparaciones con la década del '60, cuando se prendió la llama roja de la lucha de clases con los cierres de numerosos Ingenios en Tucumán, pero no se puede obviar la semejanza con lo que ocurre hoy en Salta y Jujuy en esa industria. Despidos masivos en el Ingenio La Esperanza (400) y no tan numerosos en Ledesma, cierre en el San Isidro (700), definen un cuadro de profunda crisis. Explosiva. Que después no venga Marcos Peña o Clarín o algún Animal Suelto a decir que la violencia se originó en un despedido azucarero que tiró una piedra a una camioneta de algún gerente...
Encima, y en esto conste que Macri no tiene la culpa, la provincia de Salta está castigada por inundaciones, que si bien son "igualitarias" porque castigan a muchos, generalmente la padecen mucho más los orilleros, los de abajo y los originarios, no los que viven en countries.
Como esta es la realidad social, se entiende que dos de los tres triunviros de la CGT, con acompañamiento muchos sindicatos, las dos CTA, la CTEP y otras organizaciones, hayan convocado a un acto para el 22 de febrero para protestar contra el ajuste y la reforma laboral. Macri y sus aliados, entre ellos el triunviro crumiro (léase carnero), Rodolfo Daer, descalificaron la protesta como si fuera exclusiva propiedad o capricho de los Moyano. Obvio que estos tienen sus intereses, hoy en conflicto con el presidente por la frágil situación de OCA, donde trabajan 5.000 afiliados de Camioneros, pero lo decisivo es el ajuste y la necesidad de pararlo. Eseto es lo que dividirá aguas en el sindicalismo, más que antes. No siempre la unidad es sinónimo de avances. En 1968 fue una bendición que se partiera Azopardo y alumbrara la CGT de los Argentinos.
La protesta será el 22 o quizás se corra al 23, en atención al pedido de los familiares de la tragedia ferroviaria de Once.

Chocobar.
La otra polémica que se disparó este verano partió de los tiros del policía bonaerense Luis Chocobar contra el joven, presuntamente delincuente, Juan Pablo Kukoc. El abatido habría intervenido junto a otro joven en un robo a un turista, que resultó apuñalado. Ante los gritos del robado y de vecinos, comenzó la persecución callejera. Kukoc corría y fue muerto de dos o tres tiros por la espalda, por el policía vestido de civil.
El juez nacional de menores 1, Enrique Gustavo Velázquez, procesó al efectivo por homicidio con exceso en la legítima defensa, lo que para el CELS, Correpi y otros organismos de derechos humanos supuso otro caso de "gatillo fácil" policial de los tantos que ocurren en el país.
A nivel de opinión de la sociedad, las aguas están divididas como cada vez que suceden estas cosas: una buena parte, sobre todo de doñas Rosa, claman por la muerte de todos los delincuentes, no importa el delito que hayan cometido. Otra buena parte, sin justificar el delito, pide el respeto de la ley y no acuerda con la justicia por mano propia y menos por los fusilamientos por la espalda realizado por agentes policiales, como en este caso.
El cronista no es imparcial: adhiere a esa segunda postura, llamada garantista por sus defensores y denigrada de "puerta giratoria" por sus detractores. Cree que sólo una sociedad justa, que garantice un piso de derechos para todos y mayor educación y trabajo, con fuerzas de seguridad no represivas ni corruptas, puede ser el marco para dejar atrás tanta inseguridad y delitos. También cree que está mal que un joven pobre afane una cartera, pero mucho peor es que un gobierno de CEOs robe 100.000 millones de pesos a los jubilados.
El final de la historia judicial de Chocobar no se conoce. El policía de etnia originaria cuyo apellido significa "pato", tuvo el apoyo político y jurídico del presidente y la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich. El video publicado por Infobae los dejó en offside, porque se ve el fusilamiento por la espalda.
Los abogados del macrismo van a reclamar aumentos de sueldo en cualquier momento, porque tienen que defender a Chocobar, al gendarme Emmanuel Echazú y varios más que operaron en Chubut y Bariloche, al motorizado Dante Barisone que reprimió en Congreso, a los dos exfiscales que encubrieron en la AMIA y una larga lista de procesados. Los bogas no quieren volver de Punta del Este ni aceptan retiros en Chapadmalal.