Un área crítica de la Justicia pampeana

La administración de justicia siempre ofrece motivos para el análisis. Sobre todo porque está en el centro del debate vinculado a la seguridad que es un tema sensible en la sociedad.
Días atrás este diario puso el acento sobre los juicios directos, un instrumento del actual Código Procesal Penal para agilizar los procesos sobre quienes son hallados in fraganti cometiendo un acto delictivo. Se indicó, con datos aportados por el propio Poder Judicial, que mientras en General Pico era habitual la aplicación de ese instituto, en Santa Rosa era muy escasa su implementación por parte de los fiscales, quienes son los encargados de llevar adelante las causas judiciales. Poco después, empezaron a incrementarse también los juicios directos en la capital provincial.
Es cierto que se puede reclamar mayor dedicación a los fiscales, como a otros funcionarios de la Justicia pampeana, pero también lo es el hecho de que las condiciones en las que deben realizar su tarea las fiscalías distan mucho de ser las exigibles.
Sobre los fiscales descansa todo el peso de las causas penales que se inician en la provincia. El actual Código Procesal Penal, implementado hace cuatro años, acentuó las tareas y responsabilidades que deben asumir estos funcionarios con relación a los jueces de instrucción del código anterior. Actualmente cada fiscal debe estar presente en todo el proceso de la causa que se tramita ante cada delito: investigarla, hacer la formalización del juicio al acusado, llevar adelante la etapa intermedia y luego la acusación, y finalmente estar en el debate durante el juicio. Anteriormente, con el otro código, los fiscales que actuaban en cada caso lo hacían únicamente en la etapa de instrucción y luego había otro que lo continuaba cuando llegaba la causa ante la cámara.
En una situación ideal, las tareas asignadas a estos funcionarios no sería una carga, pero la realidad marca otra cosa. Los casos que deben abordar suelen superponerse y se van sumando, y con frecuencia se los ve desbordados. La agilidad que debería demostrar la Justicia, entonces, termina quedando sepultada en un mar de expedientes.
Para dar cuenta de esta situación hay que observar que en Santa Rosa, por ejemplo, hay apenas cuatro fiscalías cubiertas cuando deberían estar funcionando siete. Además, sus titulares no tienen los suficientes empleados. Mientras antes cada Juzgado de Instrucción contaba con unos diez u once colaboradores, ahora apenas tienen cuatro. Fuentes judiciales advierten que muchas veces se los observa a los mismos fiscales tipeando los expedientes.
Además, los fiscales con más años de experiencia se han presentado a concursos para acceder a otros cargos con el entendible propósito de ascender en el escalafón judicial, por lo cual los nuevos que van ingresando se "van haciendo" mientras desarrollan sus tareas.
Autoridades policiales, que han presentado no pocas quejas por el accionar de los fiscales, también dan cuenta al hablar con ellos de que se abren muchas causas para la cantidad de funcionarios y empleados que deben asumir sus tareas. Los consultados expresan -para ejemplificar las condiciones en las que se desarrollan las investigaciones- que cuando un fiscal de Santa Rosa o General Pico debe acudir a una localidad de la circunscripción alejada por un delito ocurrido en ese lugar, puede suceder de manera simultánea otro hecho delictivo en estas ciudades, por lo que ambas pesquisas y sus tareas se superponen desde el comienzo mismo de las actuaciones.
La ciudadanía exige a los funcionarios del Poder Judicial el mayor compromiso con su labor. Pero quienes tienen poder de decisión en la estructura del Estado también están obligados a atender las necesidades de la administración de justicia y optimizar las condiciones de trabajo. La seguridad se resiente cuando no hay una justicia eficiente y ágil.