Sabado 16 de marzo 2024

Un hecho violento y su ocultamiento

Redacción 04/04/2013 - 03.50.hs

Un suceso ocurrido días atrás en la provincia de Entre Ríos, y las secuelas del mismo, conmovieron, literalmente, la opinión pública nacional. Es que lo sucedido superó cualquier imaginación: una persona, aparentemente muy molesta por la acción de control de inspectores de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre comerciantes de su amistad o relación, disparó a mansalva a un automóvil en el que viajaban los funcionarios que venían de cumplir su trabajo. El furioso ataque -veintitrés disparos- fue realizado con armas de grueso calibre que perforaron la chapa del vehículo y terminaron suavizando su recorrido al chocar con algunos de los gruesos fajos de papeles que llevaban los inspectores en la parte trasera y que les salvaron la vida, al menos a los dos que iban en el asiento trasero.
Se sabe que la visita de los funcionarios de la AFIP no provoca alegría a muchos, pero no se recuerda en la historia que haya generado una reacción semejante que pudo haber llegado a terminar en una tragedia. Lo curioso -o al menos una parte de ello ya que el suceso presenta varias aristas- es que el violento protagonista, productor agropecuario, parece haber obrado en solidaridad con los inspeccionados y sin que su negocio quedara involucrado. Actuando como una especie de "justiciero", pero al revés.
La cultura del respeto a los impuestos tiene mala tradición en el país, especialmente porque la estructura o el accionar oficial durante mucho tiempo parecieron haberse constituido para afectar al pequeño contribuyente, tolerando la evasión de los que más debían aportar. Los ejemplos sobran. Pero durante los últimos años, cuando el organismo recaudador ha pasado un rasero igualitario y afinado los instrumentos técnicos de verificación, parece haberse desatado una campaña hacia la entidad por parte de ciertos grandes medios, voceros del sensible bolsillo de algunos poderosos, demonizando su actividad. Desde hace unos meses se advierte que menudean las noticias y declaraciones que apuntan a la rebelión fiscal, fogoneando una idea de abuso e ilegalidad que no es tal.
En el primer párrafo se usó la palabra "mansalva" -sin ningún peligro, sobre seguro, según la Academia- y no es inadecuada, según sugieren las circunstancias. Ocurrido el violento ataque, la policía identificó rápidamente al agresor y allanó su casa, donde se encontró un pequeño arsenal de armas de guerra -no se aclaró si estaban registradas-. Además obtuvo pruebas de que en su camioneta había restos de pólvora recientemente disparada. Con esos -y otros- detalles el caso ameritaba al menos una detención preventiva, pero el fiscal interviniente, a pesar de las contundentes pruebas del ataque, dejó en libertad al agresor, considerando que no había elementos suficientes para esa determinación. La resolución generó polémica ya que nadie comprendió los fundamentos del fiscal quien, subestimando los hechos, habló de un par de escopetazos, cuando las perforaciones evidenciaban que se trataba de balas de alto calibre. La torpe sugerencia de que la acción podía deberse a un arrebato de ira queda desecha cuando se considera el número de disparos: nada menos que veintitrés.
El escándalo ha sido tan grande que hasta aquellos dirigentes que empujaban a una "resistencia", y hasta violenta, se han desentendido y el periodismo enfrentado al gobierno nacional disimuló en la noticia la condición del agresor, procurando diluir los motivos del ataque que coinciden con posturas que sostienen las entidades agrarias.
Otros han reaccionado ante semejante acción y ya existe un pedido de juicio político al fiscal en la legislatura entrerriana. Aunque no parece suficiente para un hecho de esa gravedad. La falta o demora en la punición, junto con la actitud del funcionario judicial, subrayan -como ha señalado algún periodista- el "estado de degradación extrema en que ha caído la justicia argentina".

 


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