Una audiencia pública por las antenas

PUNTO DE VISTA

* Pablo D’Atri
La decisión municipal de Santa Rosa, tanto de la mayoría de los concejales como del Ejecutivo, de aprobar de manera exprés la habilitación para la colocación de antenas de telefonía móvil en espacios públicos de la ciudad, generó más dudas que certezas. Dejó una sensación como que se esconde más de lo que muestra.
Desde el punto de vista ambiental los reparos son atendibles y una buena información ayudaría a calmar las dudas. Esto, justamente, hace aun más incomprensible la actitud del intendente Leandro Altolaguire, otrora ecologista confeso.
Vinculados políticamente con el Gobierno Nacional promotor de las “antenas amigables”, resulta incomprensible que no haya utilizado los mecanismos de difusión que la propia Enacom ofrece a cuanto municipio se pliegue a los intereses económicos y políticos del gobierno de Mauricio Macri.
“En diciembre de 2016 el suplemento ECO publicaba un completo informe sobre las intenciones del Gobierno Nacional de instalar muchas antenas en el país. De la mano de Enacom, se informaba que comenzaba una fuerte campaña para multiplicar las 15.700 antenas de telefonía móvil que había en el territorio nacional. “Dicen que mejoran la comunicación y aclaran que no afectan a la salud de las personas y el ambiente. Especialistas y organismos científicos no opinan lo mismo”, advertía el informe de ECO).
Habiendo argumentos sólidos desde el punto de vista técnico, con respaldos científicos sobre las consecuencias para la salud y el ambiente brindados por organismos competente, sólo queda explicar que la decisión exprés estuvo urgido por cuestiones económicas y políticas.
De las económicas existen voces autorizadas como la propia Cooperativa Popular de Electricidad, que ha hecho las críticas y manifestado los reparos a esta decisión.
Y sobre las cuestiones políticas vale una reflexión desde una mirada ambiental. Porque resolver asuntos de interés público consultando a los habitantes de la ciudad es una cuestión política y nos compete.
El ambientalismo tiene como una de sus banderas de luchas los diferentes mecanismos de acceso y el derecho a la información, y a las Audiencias Públicas como herramienta para acompañar medidas de interés público.
En tres años de gestión, Leandro Altolaguirre no llamó a una sola Audiencia Pública. Definió un plan para evacuar las aguas de lluvias, modificó la política de manejo de los residuos patogénicos, declaró la emergencia sanitaria, contrató un plan director por el tema de cloacas y agua potable, denunció problemas financieros del municipio, modificó la estructura de funcionamiento, refuncionalizó áreas y espacios, anunció planes de despidos y/o reasignación del personal municipal, decidió un trazado de las rutas nacionales que evitan la ciudad…
Con todo estos antecedentes la habilitación exprés de las antenas tiene más de coherencia política con la gestión de Altolaguirre que de contradicción.
Aún así no nos resignamos. Por eso el ambientalismo sigue reclamando el uso de las herramientas de participación y acceso a la información como elementos básicos de una sociedad democrática y republicana.
Las “antenas” podrían haber sido una buena oportunidad para desandar tanto maltrato institucional. Sin embargo, otros intereses primaron nuevamente sobre la soberanía y el derecho de los habitantes de Santa Rosa para saber de qué se trata y para resolver qué hacer.

* Director Suplemento ECO