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Una campaña para zafar de la Justicia

El desastre político y económico que deja el macrismo en su retirada ofrece tantos flancos sospechosos que quienes todavía lo sustentan desde la prensa y el ámbito judicial a través de sus poderosos medios han comenzado a sembrar en la opinión pública una idea insidiosa aunque fácil de arraigar en ciertos sectores: dando por descontado que la oposición ganará en las próximas elecciones, el gobierno que vendrá -aseguran- está preparando una «venganza» para desplegar contra la gestión de Macri. Nada menos.
Esa prédica venenosa busca preparar el terreno para un salvataje colectivo a la actual administración ante la enorme cantidad de irregularidades cometidas por «todos los hombres del Presidente».
¿Es que ese deseo de venganza, antes que de justicia, podría estar presente por ejemplo en los innumerables reclamos, como el de los miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), otrora un organismo prestigioso a nivel internacional y hoy desmantelado y carente de entidad, con el salario de sus integrantes «por debajo de la línea de la pobreza»?
Qué venganza podría haber en el reclamo de Naciones Unidas para que se derogue el decreto 70/2017 que restringe el ingreso de ciudadanos extranjeros al país y facilita su expulsión? El pedido se sustenta en más de un centenar de conmovedores casos de madres o abuelos que debieron separarse de sus familias.
¿Acaso puede campear ese sentimiento de mero desquite en la totalidad de votos positivos (ninguno negativo) de los legisladores que votaron la Emergencia Alimentaria, de la que resta la aprobación por el Senado para su sanción definitiva? En ese trámite cabe señalar la desconcertante postura de algunos diputados del radicalismo que mediante un discurso amañado terminaron postulando que la solución para el problema del hambre está en «trabajar, trabajar y trabajar», en un país donde este gobierno duplicó el desempleo.
Por lo demás, aquella prédica maliciosa no dice palabra alguna del desempeño de la Justicia, bajo la actual gestión, con tantas acciones reñidas con el derecho y convertidas en instrumentos de persecución política. El vergonzoso caso de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, presos por no haber cedido a la presión del gobierno para convertir a sus medios en focos de propaganda, es una prueba cabal de un proceso que campeó en estos años y significó una degradación evidente del estado de derecho.
Queda claro que la idea que quieren imponer es la de reducir a meros malentendidos algunas decisiones gubernamentales aberrantes como, entre tantas otras, la de prorrogar concesiones viales sin licitación, otorgar graciosamente pagos multimillonarios a algunas empresas de amigos, o participar en oscuras maniobras de intermediación con altas ganancias en el entramado de los parque eólicos. Todo ello bajo la idea de que el Estado puede servir para amparar negocios privados muy lucrativos, como se puede ver en las manipulaciones descubiertas en la causa del Correo Argentino.
Estos son solo algunos pocos ejemplos de los tantos que hay en muy diversas áreas. La nómina se podría ampliar y siempre bajo un punto de vista que nada tiene que ver con la pregonada «venganza» de futuros gobernantes sino con la necesidad de una Justicia que solo se proponga hacer cumplir la ley.
Resulta evidente el hecho de que con este tipo de «operaciones preventivas» pretenden seguir amparados en la impunidad -de la que hoy gozan con esta Justicia subordinada- pues perciben tempranamente el peligro que implica un cambio en el desempeño de jueces y fiscales que se propongan investigar las irregularidades y los «conflictos de interés» que caracterizaron a estos cuatro años en que el Estado fue sometido por un gobierno integrado por hombres de negocios que funcionaron, indistintamente, en ambos lados del mostrador.