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Una cloaca inmunda que salpica a casi todos

LA SEMANA POLITICA

Además de las carencias socio-económicas derivadas del plan de ajuste con el FMI, el gobierno de Macri llevó a más profundidad la pudrición de Tribunales y la política en general. Es una cloaca que salpica a casi todos.
SERGIO ORTIZ
La falta de pan y trabajo no espera los tiempos electorales y demandan soluciones urgentes. Para hoy. Para ayer. Eso le recordaron al gobierno los movimientos de desocupados con sus protestas en Buenos Aires. Los gremios y entidades sociales manifestaron en Córdoba en contra de los tarifazos, ante nuevos aumentos en luz, gas, agua y transporte en todo el país. Los trabajadores de SIAM fueron hostilizados por la policía para que no cortaran el puente Pueyrredón contra despidos. Pueblos originarios fueron reprimidos en Salta. Etc.
Esa es la realidad de la Argentina del verano. Por eso duele que la televisión tilinga y cómplice trate de entretener con «mesazas», playas, romances y premios irrelevantes.
El desprecio de esos medios monopólicos por la suerte del pueblo va en línea con el que expresan exfuncionarios como Juan J. Aranguren. Este justificó los tarifazos, con tarifas dolarizadas para usuarios y consumidores que cobran en pesos devaluados y mordidos por la inflación. El extitular de Shell negó que la energía sea un derecho humano. «Ninguna empresa hace beneficencia», se sinceró, para justificar el enriquecimiento de los dueños de las petroleras, gasíferas y eléctricas, en su mayoría amigos del presidente. Aranguren durante más de una década mandó en la petrolera anglo-holandesa y después cambió de mostrador (ahora volvió a la actividad privada, con la consultora Energy Consillium).
Las amistades empresarias suelen no durar toda la vida. Eso se constata con el conflicto entre la poderosa Techint y su gobierno amigo de Mauricio Macri. En esto metió la cola el diablo, el FMI. Su presión por el «déficit fiscal cero» hizo recortar subsidios a empresas de Vaca Muerta, y eso tocó el bolsillo de Paolo Rocca en «Fortín de Piedra», donde produce gas no convencional.
Según el monopolio siderúrgico-petrolero, el Estado le ha liquidado 5.655 millones de pesos sólo por lo producido en 2018. Y comenzó con achicar producción y elevar un reclamo administrativo ante la Comisión Nacional de Valores, que llevará a la justicia.
Habrá que ver cómo evoluciona este conflicto intermonopólico: Techint tiene sus operadores y amigos en el gabinete y la Justicia. También hay que ver cómo juegan las demás petroleras y gasíferas: si hacen frente común con Rocca o lo dejan de garpe como principal perjudicado.
Como sea, es un buen dato político para quienes apuestan al desgaste y la derrota del macrismo, porque el lobby de Rocca puede hacer más daño en Cambiemos que las denuncias mediáticas de Elisa Carrió.

La cloaca.
Las cloacas son sinónimo de fetidez y también de relación política con Macri, desde 1989, por el negociado de su empresa Sideco con el intendente de Morón, Juan C. Rousselot.
Ahora el término «cloaca» tiene que ver con que el presidente convirtió en eso a los tribunales, sobre todo a muchos despachos de Comodoro Py, dándoles una utilización partidaria.
Eso venía desde el inicio de su administración, pero dio un salto cualitativo el año pasado con los «Cuadernos de la corrupción K». El juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli pusieron como blancos únicos a Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus exfuncionarios y empresarios. Los primeros resultados de lo que generosamente podrían llamarse «investigaciones» indicaron que en esa cloaca nadaban casi todos, y no solamente kirchneristas, con la aclaración de que aún no hay prueba alguna que incrimine a la exmandataria.
A Julio de Vido y su secretario Roberto Baratta, ambos detenidos, no se les encontraron fondos aquí ni en el extranjero. A José López, ex secretario de Obras Públicas, sí lo pescaron con dinero de coimas.
Pero aquellas eran pagadas por grandes empresarios, Rocca incluido, para ganar obra pública o concesiones de peajes u otros contratos. Lo más granado del empresariado confesó haber cometido esos delitos, disfrazado de «aporte electoral» para bajarle el precio a la pena. Entre esos coimeros fue imputado Ángelo Calcaterra, el primo de Macri y último titular de la empresa familiar Iecsa, con una obra clave como el soterramiento del ramal Sarmiento en UTE con la gran coimeadora Odebrecht.
Sólo la mirada sesgada de Bonadío y Stornelli, pudo salvar a Calcaterra de la prisión preventiva que sí recayó sobre Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, afín al kirchnerismo. Ese mismo corazón PRO hizo que no se llamaran a indagatoria a Mauricio Macri y su padre Franco, titulares de Iecsa, Sideco y con acciones en Autopistas del Sol en el período de los Cuadernos.
En las coimas de aquella causa están todos metidos, los macristas también y hasta la cabeza. Muchos funcionarios K están sospechados, pero, como los anteriores, también tienen derecho a defenderse y a no ser castigados selectivamente con la prisión preventiva. Que el producido de esas coimas haya ido para Néstor Kirchner o CFK, eso no se ha podido probar en absoluto. Que ella sea jefa de una asociación ilícita, tampoco. La insistencia en manchar el nombre del expresidente muerto en 2010 muestra el odio y revanchismo de la derecha vernácula.
Las acusaciones contra Cristina, además de ese odio, trasuntan un interés extra, político y electoral: ahora Cambiemos la necesita precandidata para polarizar con Macri, pero después la quiere presa, para reiterar el operativo Moro-Bolsonaro contra Lula en Brasil.

Stornelli salpicado.
En esa cloaca chapotean casi todos, aun los que presumen de honestidad total. El viernes 8 se supo por dos vías coincidentes que un empresario bonaerense, Pedro Etchebest, había formulado en Dolores una denuncia por extorsión que involucraba al fiscal Stornelli y al abogado Marcelo D´Alessio. El segundo lo habría venido apretando en base a información extraída de la causa de los Cuadernos. Le aseguraba que un «arrepentido colaborador», Juan Manuel Campillo, lo acusaba de reunir coimas como recaudador para la Oficina de Control Agropecuario (ONCA).
Para salvarse de ser investigado por Stornelli y acusado por Bonadío, D´Alessio le reclamaba 500.000 dólares, luego rebajados a 300.000.
Las dos fuentes que publicaron esta noticia son periodistas de prestigio, como Horacio Verbitsky en Cohete a la Luna y Raúl Kollman en Página/12.
De todos modos, se reitera el concepto. Todos los acusados y procesados tienen derecho a su defensa y no deben ser castigados con la doctrina Irurzún, como hicieron con De Vido, Peratta, Ferreyra y Fernando Esteche (en la causa del Memorándum con Irán).
Stornelli dijo que se trata de una opereta política en su contra y que a D’Alessio sólo lo vio un par de veces, algo desmentido por otras fuentes, fotografías y WhatsApp.
El mismo día se supo que en la causa de los Cuadernos una de las detenidas, Carolina Pochetti, esposa del fallecido Daniel Muñoz, exsecretario de Kirchner, declaró que su marido había pagado coimas millonarias al juez federal Luis Rodríguez para que no lo investigara por lavado.
Y en esa causa, el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, también detenido, declaró que Muñoz solía llevar bolsos con plata en vuelos de aviones presidenciales a Río Gallegos, a dos de las casas de la familia. El hombre está detenido en otra causa, Los Sauces, desde julio del año pasado, y ¿ahora viene a declarar esto en otro expediente?
Por razones políticas y de principios el cronista no cree que estos arrepentidos sean sinónimo de verdad. Dicen cosas para mejorar su situación procesal y salvarse, sin importarles que hundan a otros, que pueden ser inocentes. Es un «sálvese quien pueda», pisando cabezas y delatando bajo extorsión.
Salvando todas las distancias entre una época y otra, hay algún parecido con los procedimientos de los militares que torturaban, violaban y asesinaban prisioneros en los campos de exterminio de la dictadura militar-cívica. Bajo esas condiciones arrancaban declaraciones. Y ahora, sin los vuelos de la muerte ni la desaparición forzada o la picana las 24 horas, jueces como Bonadío y fiscales como Stornelli están procesando y elevando a juicio a personas que pueden ser inocentes. Eso no es justicia.
El cronista venía insistiendo en que un futuro gobierno digno y patriota debía romper con el FMI y no convalidar la deuda externa, cuyos intereses se llevaron 13 pesos de cada 100 del gasto público. Y era pesimista sobre qué haría al respecto un gobierno de Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti (agreguemos al dudoso Lavagna). El silencio de Cristina tampoco deja lugar a demasiada esperanza.
Pero eso no es todo. Además, el futuro gobierno tiene que limpiar la cloaca judicial, hacer juicios y destituir jueces y fiscales que se apartaron de la verdad en función partidaria y hasta cobraron coimas para condenar o para mirar para otro lado.
En 2013 Cristina promovió leyes democratizadoras de la justicia, pero superficiales, luego declaradas inconstitucionales. Y hoy no se la oye insistir con eso ni en ir más a fondo. El resto de la oposición aplaudió a Bonadío y Stornelli.
Diría el Chapulín Colorado: «Oh, ¿Y ahora quién podrá defendernos?». No tiene que ser un Bolso-nazi.