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¿Una injusticia en la Justicia?

La denuncia que publicó este diario sobre las presuntas irregularidades de un concurso llevado a cabo en una dependencia de la Justicia pampeana no debería causar demasiada extrañeza. No es la primera vez que se conocen cuestionamientos a los métodos que se emplean en este tipo de procedimientos destinados a seleccionar postulantes para ingresar o ascender en el Poder Judicial.
Este caso tuvo lugar en la Agencia de Investigación Científica de General Pico, organismo dependiente de la Procuración General, adonde se organizó un concurso en el mes de agosto para elegir un ingresante con el cargo de Prosecretario en la sección Informática Forense.
El denunciante, quien es ingeniero en sistemas, afirmó, sin eufemismos, que hubo «acomodo» y que fue «claramente perjudicado por el jurado encargado de establecer el orden de mérito». En su extensa argumentación mostró su indignación porque, con relación a concursos anteriores, dejaron de lado la exigencia de título universitario. También señaló que al revisar los resultados del concurso advirtió que había obtenido más puntaje que la persona seleccionada quien ya se desempeñaba como empleado judicial y, además, no posee título universitario.
Lo más llamativo es que al elevar sus objeciones en un recurso de reconsideración, este fue evaluado por los mismos integrantes del jurado que intervinieron en el concurso. Por tal motivo presentó finalmente la denuncia en la Fiscalía.
Si se confirman las irregularidades se estaría ante una verdadera burla, una suerte de cortina de humo tramada con el propósito de asegurarle a un empleado el acceso a un cargo concursado. Es de esperar que el fiscal interviniente pueda desempeñar su trabajo libre de ataduras y presiones pues el organismo que llevó a cabo el sospechoso concurso depende de su superioridad.
En buena hora que esto haya salido a la luz a través de un ciudadano que decidió no callar lo que entendió como un acto de injusticia cometido, vaya paradoja, en una repartición judicial.
El sistema de concurso público para establecer el ingreso y la promoción de los agentes del Estado es la mejor herramienta a fin de garantizar que se respete el principio de idoneidad, única condición que cabe exigir para acceder o ascender en la administración pública. Debe reconocerse que el Judicial es el único poder del Estado que lleva a cabo estos procedimientos, aunque no han faltado denuncias por irregularidades y falta de transparencia. La presencia de «caballos del comisario» es mencionada con frecuencia y afecta severamente la seriedad que debe respaldar estos actos tan importantes de los tribunales para llevar a cabo la selección de personal.
Y ya que hablamos del tema, resulta oportuno recordar aquí y ahora la ausencia total de estos mecanismos de selección en los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. En esos dos ámbitos predomina la discrecionalidad absoluta -el dedo- a la hora de elegir quién ingresa o asciende y quién no. Y ello ocurre a pesar de que la Ley 643 -la más citada y la menos cumplida- es muy clara al establecer los concursos. Una vieja deuda que no se salda en el Estado provincial.