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Una larga «lucha por el derecho»

LA IMPRONTA QUE SE PROLONGA EN EL TIEMPO

El fundador de LA ARENA, Raúl Isidoro D’Atri -de cuyo fallecimiento se cumplieron 25 años en mayo pasado- solía citar en sus charlas al jurista alemán Caspar Rudolf von Ihering y su concepto de «la lucha por el derecho». Para este pensador del siglo XIX, todo derecho es el resultado de un pulso, de una fricción social, y por lo tanto, cronológicamente está primero la lucha y después el Derecho.

Lucha.
Fiel a esas lecturas, seguramente sugeridas por su amigo y mentor Alfonso Corona Martínez, D’Atri imprimió en este diario esa impronta que continúa: LA ARENA no se limita a la transmisión profesional de información confiable -lo cual no es poca cosa en los días que corren- sino que encarna, también, la lucha por la efectiva realización de los derechos de su comunidad, estén o no consagrados en la ley.
Los ejemplos son numerosos. Los derechos pampeanos sobre sus ríos interprovinciales, hoy una política de Estado provincial, han sido una prédica constante de estas páginas, incluso en períodos en que el tema desapareció del discurso de los gobernantes locales.
Cuando D’Atri planteó un recurso de amparo en 1989 oponiéndose a la deforestación proyectada en la ruta que une Santa Rosa con Toay, muchos de los conceptos que invocaba (la preservación del medio ambiente urbano, la existencia de derechos colectivos o «difusos», la necesidad de un estudio de factibilidad ecológica previo a toda obra pública) estaban sencillamente fuera de la agenda. Apenas cinco años después habían ingresado a la Constitución nacional.

Dos caballos.
Otro tanto puede decirse del sonado caso «Un soldado y dos caballos», originado en una información con foto que daba cuenta del estado de semi-esclavitud al que era sometido un conscripto, obligado a cuidar dos caballos de un militar, durante un largo viaje en un vagón de carga. Cuando el Juzgado Federal local le requirió que revelara el nombre del periodista y el fotógrafo que cubrieron el caso, Don Raúl -a la sazón director de este diario- se negó de plano, amparándose en el secreto profesional periodístico.
Eventualmente fue condenado a dos meses de prisión por «desobediencia», y murió sin que se completara el trámite de su apelación a esa sentencia. Tampoco vivió para ver que, pocos meses después de su fallecimiento, el secreto de las fuentes de información era consagrado como derecho constitucional a nivel nacional (entre nosotros, fue incorporado expresamente en el Código Procesal Penal).
Ha sido en este ámbito, la libertad de expresión y la comunicación en general, donde LA ARENA ha realizado las mayores contribuciones, ejerciendo aquella «lucha por el derecho» de la que hablaba von Ihering.

Responsabilidad.
Las dos sentencias de la Corte Suprema que se conocieron el último mes atestiguan una de esas luchas más antiguas: la que libró este diario, por más de tres décadas, tratando de imponer en la jurisprudencia local dos principios básicos sobre responsabilidad periodística: el primero, que no puede haber condena al periodista que se limita a transcribir fielmente los dichos de una fuente autorizada e identificada («Campillay»); el segundo, que en publicaciones referidas a temas de interés público, los datos erróneos o difamantes sólo pueden acarrear responsabilidad si se prueba que el periodista conocía la falsedad de la noticia, o la reprodujo sin preocuparse en chequear su veracidad («Real malicia»).
Durante décadas, los jueces locales -con tozudez digna de mejor causa- se negaron a reconocer estos principios elementales, degradando así el estado de la República en el ámbito provincial. No se inmutaron ni siquiera cuando la Corte Suprema -que fue quien consagró estos principios desde fines de los ’80- comenzó a revocar reiteradamente sus fallos, con severas admoniciones.
No es un dato menor que muchos de esos fallos provinciales beneficiaron en su momento a funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción.

Acceso.
Han habido otros campos de la libre expresión que se abrieron por esta lucha. En la década de los ’90, cuando el Ejecutivo nacional mantenía clausurado el acceso legal a las frecuencias radioeléctricas y pululaban estaciones radiales clandestinas, este diario obtuvo del Juzgado Federal local una medida cautelar que le permitió poner legalmente en funcionamiento lo que hoy es Radio Noticias. La medida tuvo efecto hasta que, sobre fines de esa década, y a regañadientes, se convocaron los tan demorados concursos para cubrir frecuencias de radio y televisión.
Otro caso paradigmático es el del libre acceso a la información pública, un derecho consagrado expresamente por la Convención Americana de Derechos Humanos. La reticencia de los funcionarios a brindar información forzó al planteo reiterado y exitoso de demandas por parte de este diario.
Así ocurrió, por ejemplo, cuando en 2005 el Tribunal de Cuentas se negaba a exhibir los expedientes abiertos a distintos funcionarios sospechados de enriquecimiento ilícito. O como cuando, en 2013, el Estado provincial se negó a permitir que LA ARENA accediera a los expedientes donde se procuraba recuperar el dinero mal habido por dos funcionarios del IPAV que habían sido condenados a prisión por actos de corrupción en la función pública.
Varios de estos casos tuvieron amplia trascendencia nacional y hasta internacional. No obstante, por lo que a LA ARENA respecta, lo que importa aquí es que esta lucha -que, naturalmente, continúa día a día- se ha traducido en una efectiva ampliación de los derechos de los ciudadanos pampeanos.