Una nueva farsa que queda al descubierto

La farsa del gobierno macrista, sostenida u ocultada por el telón de los medios masivos de comunicación, amigos y favorecidos, va quedando el descubierto con el transcurrir de los días. No se trata ya de endosarle a su jefe sandeces como aquellas de «eliminar la inflación en una semana», tragar sapos como el que le hiciera comer el entonces presidente Trump desairándolo en su país, o aquella increíble afectación histórica expuesta ante el «señor Rey» de España acerca del dolor de los patriotas al conseguir la Independencia…
Esas inolvidables barbaridades quedarán en el campo de la anécdota, pero lo que ha trascendido en estos días entra directamente en el ámbito de la justicia. Son ya varios los ex funcionarios involucrados en delitos, aprovechados de su posición en el gobierno macrista que, en materia de corrupción, hace agua por todos lados. Ahora el señalado por los indicios es nada menos que el Procurador General, el jefe de los fiscales de la Nación, encargado de velar, representar y ejercer el ministerio público en los tribunales.
En el cargo (al que accedió por presiones sobre su antecesora, que se vio obligada a renunciar), nunca fue bien visto. Pese a que tenía condición de interino a la que, sin embargo, no renunció nunca, ni siquiera con el advenimiento del nuevo gobierno, aferrándose y tratando de estirar su permanencia, más allá de las graves sospechas que había generado.
Pero ahora se descubre que, al margen de sus condiciones jurídicas, el hombre debe ser un genio para las finanzas, que no de otra manera se explicaría el tremendo crecimiento de su patrimonio en apenas dos años, ya sea en propiedades, pesos o dólares. De acuerdo con su anterior declaración de bienes realizada dos años atrás, cuadruplicó la cantidad de sus propiedades (algunas en lugares muy jerarquizados) y multiplicó sus ahorros en dólares, con un tope imposible de alcanzar al que de ninguna manera le hubiera permitido su sueldo mensual. Por si lo anterior fuera poco, en su última declaración también admite ser poseedor de acciones de compañías muy favorecidas por el gobierno macrista, lo que lo coloca en una posición sensible respecto a posibles favores desde su cargo. De hecho hay al menos un caso donde quien debería ser defensor de los intereses del Estado falló a favor de una de esas empresas.
Por de pronto, aunque los datos son extremadamente sugestivos, la denuncia realizada en la Cámara de Diputados tiene todavía la condición de probable, pero «el procurador interino quedó en la mira de una oficina clave, la Dirección General de Investigaciones (…) un área que colabora en casos de extrema sensibilidad y en la que el propio Casal había introducido términos -y gente- favorables a su accionar».
Ante la denuncia de semejantes irregularidades, todas ellas «parte de una primera lectura de la declaración jurada del funcionario», el procurador presentó excusas triviales y se autodenunció ante los tribunales cuando, si su intención hubiera sido ser investigado, debería haberlo hecho ante la comisión pertinente de la Cámara de Diputados.
Parafraseando al antiguo dicho, bien podría decirse que «una mancha no lo hace más overo al PRO», pero sí que contribuye al ya muy marcado desprestigio de la Justicia ante la población.