Una reforma judicial sin los trabajadores

PROYECTO JUSTICIA 2020

El gobierno presentó su anunciado proyecto para reformar el Poder Judicial, en un acto donde los oradores no explicaron cuáles serán las medidas concretas que se adoptarán para tener una Justicia “eficiente, transparente e independiente”.
IRINA SANTESTEBAN
El Centro Cultural Néstor Kirchner, fue el lugar elegido por el gobierno del presidente Mauricio Macri, para la presentación del Proyecto Justicia 2020, el plan que el ministro Germán Garavano viene anunciando como la gran solución para la crisis que vive el sistema judicial.
Es bueno que se reconozca que el Poder Judicial debe ser reformado. Ya lo intentó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en 2013, con una batería de leyes que luego fueron declaradas inconstitucionales -la mayoría de ellas- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esta forma, el propio Poder Judicial se resistió a aceptar esos cambios que tenían un claro contenido democratizador, dirigido al poder más conservador de nuestro sistema republicano de gobierno.

Eficiencia.
Es necesario tener una Justicia “moderna, eficiente, cercana, transparente e independiente”, dijo el ministro Germán Garavano, luego de agradecer a los presentes y mostrarse satisfecho porque la concurrencia había superado las expectativas. Para los que no habían podido asistir, explicó que la conferencia se estaba transmitiendo “vía streaming”, a través de la página del Ministerio de Justicia y de la Universidad Siglo XXI. Toda una señal, que se haya elegido a una casa de estudios financiada por los grandes grupos económicos, y no a la Universidad pública, para la transmisión de un evento al que el propio gobierno le asignó tanta importancia.
En ese contexto, y por ser Garavano parte de un gabinete con una mayoría de ministros provenientes de los principales grupos económicos, es que la palabra “eficiencia” adquiere un sentido que no resultaría muy aplicable al Poder Judicial. Tanto el ministro como el Presidente utilizaron reiteradamente esa palabra para referirse a los cambios que quieren implementar en la Justicia.

Derecho a la Justicia.
La Justicia es, en primer lugar, un derecho, el que tienen los ciudadanos a que el Estado ordene la reparación de un daño causado y condene a su responsable; el de requerir a un juez que haga cumplir las leyes, sea contra un particular o contra el propio Estado; y también reclamar para que se hagan efectivos los derechos que consagran tanto la Constitución Nacional como las leyes vigentes.
El Poder Judicial, en un sistema republicano de gobierno, es el encargado de esa misión, y en consecuencia, su “eficiencia” debe estar dirigida a que los conflictos se resuelvan en el menor tiempo posible, cuidando que esa celeridad no se contraponga al respeto por las garantías que la propia Constitución Nacional y las leyes garantizan a todos los ciudadanos.
Por último, la eficiencia debe estar dirigida a que todos los ciudadanos puedan tener acceso a la Justicia, para que ésta no sea sólo un derecho de aquellos ciudadanos que cuentan con los recursos y los conocimientos necesarios para utilizar los mecanismos judiciales en tutela de sus intereses.
Entre los siete ejes temáticos que forman parte de la agenda del proyecto, el acceso a la Justicia es uno de ellos, sin embargo ningún anuncio concreto se mencionó en el acto.

“No vamos a presionar”.
El discurso del presidente Macri fue fiel a su estilo, con frases que expresan optimismo y bellos pensamientos, pero escasos planes concretos de realización. Así, se refirió a la “confianza”, a la necesidad de “trabajar por la verdad”, y se pronunció a favor de una “Justicia dinámica, inteligente, activa y de calidad”. Advirtió que no debía haber “impunidad de nadie”, que había que ser “más exigentes con los poderosos” y que su gobierno no iba a presionar ni “apretar” a nadie. Estas aclaraciones eran una explícita referencia a lo que Cambiemos siempre le enrostró al kirchnerismo, de querer una “Justicia adicta”.
Sin embargo, desde el mismo momento de su asunción como gobierno, tanto Macri como Garavano iniciaron una campaña de presiones, acompañados por los medios y periodistas del grupo Clarín, contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien le pidieron explícitamente su renuncia. Ante la negativa de la funcionaria a ceder a esas presiones, el ministro de Justicia presentó un proyecto de reforma al Ministerio Público, para reducir sus facultades como jefa de los fiscales. Acortamiento de mandato a cuatro años, posibilidad de remoción por decreto del Poder Ejecutivo, nombramiento de subprocuradores que reducen su ámbito, etc., todas las disposiciones están dirigidas a recortar el poder de la Procuradora General.
Al respecto, organizaciones no gubernamentales especializadas en la temática, como la Asociación Pensamiento Penal (APP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Poder Ciudadano, cuestionaron la reforma que impulsa el gobierno macrista, porque están dirigidas a convertir a la titular de la Procuración en una “figura sin poder de decisión en materia de planificación de la persecución penal y de organización del MPF”.

Independencia.
Otra de las expresiones que utilizaron tanto el ministro de Justicia como el Presidente, fue la necesidad de que la Justicia sea “independiente”. Sin embargo, una de las primeras medidas de Macri fue designar por decreto a dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, violando el mecanismo que dispuso el ex presidente Néstor Kirchner, mediante el decreto 222/03, que prevé un procedimiento democrático y transparente para la designación de los miembros de la Corte. Según esta norma, previo al debate en la Cámara Alta, y luego que el presidente anuncie quién es el postulante, se realizan audiencias públicas, y se permite que personalidades y organizaciones de la sociedad civil, puedan expresar sus apoyos o rechazos, para que éstos sean tenidos en cuenta a la hora del debate y la votación.
Esta medida del presidente Macri le generó críticas hasta de sus propios aliados, que lo obligaron a “congelar” el decreto firmado en diciembre del año pasado, y esos nombramientos se encuentran en suspenso hasta su tratamiento en el Senado. Uno de los candidatos propuestos en el referido decreto, Carlos Fernando Rosenkrantz, fue rechazado por un amplio espectro político, por su pertenencia a un estudio jurídico que tenía entre sus clientes a poderosos grupos económicos, entre ellos al grupo Clarín y su empresa Cablevisión.
Es que cuando se habla de independencia en el Poder Judicial, ésta no debe estar sólo referida al poder político, sino también a los grupos de poder que actúan en una sociedad, como las corporaciones económicas, mediáticas, financieras, etc.

Justicia poco confiable.
En el escenario del anfiteatro, además del ministro Garavano y el presidente Macri, se encontraban el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y el del Senado, Federico Pinedo. A pesar de tratarse de la presentación de un proyecto que prevé un plan de reformas en el Poder Judicial, Lorenzetti no fue invitado a hablar en el acto, lo que no puede ser interpretado como otra cosa que un ninguneo evidente.
El encargado de hablar de la situación actual de la Justicia, con números y datos, fue Ricardo Gil Lavedra, quien fue presentado como presidente del Comité Consultivo de Justicia 2020.
Quien fuera parte de la Cámara Federal que en 1985 juzgara y condenara a los nueve jefes militares de la dictadura militar, en el llamado “Juicio a las Juntas”, definió a la Justicia como el “guardián calificado de los procesos democráticos”, adonde reclaman las víctimas, los jubilados, los más vulnerables.
Reconoció que los jueces no tienen su legitimidad en el voto popular, sino en el ejercicio de su función, por ende, necesitan de la confianza de la ciudadanía. “El pueblo tiene que creer que esa Justicia está resolviendo de manera imparcial, de acuerdo a la ley y no a caprichos del poder”, y que “sus demandas serán escuchadas y atendidas en un tiempo razonable”; sin embargo, admitió que actualmente esa creencia está “dañada” y por eso Justicia 2020 tiene que restablecer ese valor confianza.

Datos y demoras.
Como los oradores precedentes, tampoco Gil Lavedra anunció medidas concretas para revertir esa situación. Valiéndose de gráficos en una pantalla, dio números que dan cuenta de los recursos que se destinan al Poder Judicial, y que revelan que en porcentajes del PBI (1%) o en la tasa de jueces por cada 100.000 habitantes (15), Argentina supera a países como España (12) o Estados Unidos (11). Sin especificar cómo se elaboran esas estadísticas, mostró un cuadro del que resulta que el costo anual de un juez es de 9.113.024 pesos, mientras que valor por causa es de 9.682 pesos.
Más alarmante fueron los datos relativos a las demoras en la resolución de las causas, y la acumulación de éstas fruto de esa demora.
Gil Lavedra dijo que si no ingresaran más causas en la justicia ordinaria de primera instancia de la ciudad de Buenos Aires, se tardarían 3,6 años para resolver los ya existentes en ese fuero.

Justicia sin judiciales.
Una ausencia notoria en todos los discursos fueron los trabajadores judiciales. Los oradores le hablaron a los jueces, a los funcionarios, a los abogados, incluso a los ciudadanos, pero no hablaron de quienes todos los días realizan las tareas sin las cuales la Justicia no se movería.
La prueba palpable es la provincia de Buenos Aires, cuyo Poder Judicial se encuentra paralizado por la prolongada huelga del sindicato judicial, que reclama la apertura de paritarias y aumento salarial al gobierno de María Eugenia Vidal. Tan legítimo es el reclamo, que hasta los jueces y funcionarios de varios departamentos judiciales se han pronunciado a favor de las medidas.
Es que una de las deudas pendientes de todos los Poderes Judiciales tanto de la Nación como de las provincias, es el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva a los agentes judiciales. Un reclamo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del año 2012, que no ha sido todavía atendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.