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Una ruta de contrabando

Ya cercana la fecha en que se licitarán nuevamente los estudios, obras y concesiones de puertos sobre el río Paraná las aguas han comenzado a agitarse, y mucho. Es que detrás de ese enunciado está la posibilidad de concretar y manejar la gran hidrovía del río Paraná, una obra fenomenal y discutida que uniría al Río de la Plata con el sur de Brasil, dando entrada y salida a naves de gran tonelaje y a muchos productos de exportación, especialmente cereales y, dentro de ellos, la soja.
El control de la hidrovía futura es apetecido por varias firmas de grandes capitales, fundamentalmente extranjeras. Esas multinacionales, ninguna de las cuales es plenamente nacional, aprovecharon hasta la actualidad las concesiones portuarias que despreocupadamente les otorgaron los presidentes Menem primero y Macri después, increíblemente sin control alguno del Estado en cuanto a valores de exportación o control. Los números son elocuentes: de veinticuatro puertos ubicados sobre el Paraná en la zona cerealera de Santa Fe (la mayor del país en cuanto a exportación de granos) veintidós están en manos extranjeras, las mismas que pretenden volver a la futura concesión de puertos. Se sabe que los números sobre la actividad dados a conocer por esas compañías estaban lejos de la realidad.
Pero hay otro detalle más que llamativo en este tema -bien podría decirse estafa a los intereses del país- que asombra e indigna: el Paraná ha pasado a ser una ruta para el contrabando de soja a países limítrofes, desde donde se reexpide sin pagar impuestos. Miles de toneladas del cereal salen del país por puertos clandestinos para evitar el pago de los impuestos que gravan las exportaciones. Esos puertos están estratégicamente ubicados en playas accesibles en la zona de Alto Paraná, donde los camiones que trasportan el cereal puedan acceder sin mayores riesgos a las chatas que lo llevan. Esa explotación clandestina de la soja reconoce causas económicas y sociales, pero lo indiscutible es que a lo largo de esa parte del río, en decenas de rincones más o menos ocultos, millones de dólares en soja desaparecen del registro estatal sin que haya control alguno.
Además el descubrimiento de documentación apócrifa en los transportistas junto la detección de al menos uno de esos puertos desató la alarma de los integrantes de este contubernio, tan visible como ignorado, ahora con la intervención de la Administración Nacional de Aduanas y la AFI.
Ya en el tema también es necesario señalar que, al margen o paralelamente con la salida de cereal la vía obra como entrada de la droga, cada vez más difundida en el país. De allí que los tan promocionados operativos de Patricia Bullrich, la ministra de seguridad durante el macrismo, fueran de muy dudosa efectividad. Si pasaban inadvertidas cientos de toneladas de cereales qué decir de pequeñas cargas de alcaloides…
Lo definitivo es que con estas maniobras el Estado argentino deja de recaudar muchos millones de dólares y, lo peor, está aceptando criterios que naturalizan el contrabando. Las grandes firmas sojeras claman al cielo defendiendo su ajenidad en la trama pero, según lo demuestran tanto las primeras investigaciones como la susceptibilidad de los intereses afectados, no son los pequeños productores los que alimentan esta trama de estafas al país.