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Vialidad e inviabilidad

Hace cuatro años -aunque parezca mucho más tiempo- el este de La Pampa sufrió una de las peores inundaciones en décadas. En cuestión de semanas, esa crisis hídrica derivó en varios cortes de rutas nacionales. En la ruta 35 hacia el norte, entre Winifreda y Eduardo Castex, y llegando a Embajador Martini. En la ruta 5, en una pequeña laguna entre Uriburu y La Gloria. Y en determinado momento, la suba en el nivel de las aguas en el Bajo Giuliani, hizo peligrar la transitabilidad de la ruta 35 hacia el sur. Hablando mal y pronto, el colapso de las rutas nacionales amenazaba con dejar aislada a la capital provincial, a lo que se sumaban otros cortes, por ejemplo, en el norte, en la crucial ruta 188.
La respuesta de las autoridades nacionales fue, por decirlo suavemente, inadecuada. El corte de la ruta que comunica con Buenos Aires se prolongó por meses. Los cortes de la ruta 35 al norte, al año de ocurridos todavía no se habían reparado: ni la custodia policial pagaron. Y en cuanto al Bajo Giuliani, si el gobierno provincial no hubiera intervenido, quién sabe qué hubiera pasado con el comercio, el turismo, la producción y hasta el funcionamiento administrativo de la provincia.
Aquellas inundaciones no fueron, desde luego, responsabilidad del gobierno. Su responsabilidad era dar una pronta resolución, y en el caso del Estado nacional está claro que no cumplió. Mucho se especuló sobre si la cuestión tenía que ver con la falta de pericia de los funcionarios viales recién asumidos, o acaso con algún pase de facturas hacia un gobierno provincial de distinto signo político. Hoy sabemos qué estaban haciendo las autoridades de Vialidad Nacional y del Ministerio de Transporte durante aquellos meses. Y lo sabemos no por la transparencia en la transmisión de la información, sino por una serie de causas judiciales que investigaron ese período.
Parte de los fondos tan necesitados por La Pampa -y por otras provincias- se desviaron a pagar una inaudita indemnización de aproximadamente 600 millones de dólares a una empresa de peajes que ni siquiera había hecho el reclamo administrativo y judicial que correspondía, y en la cual, el entonces presidente tenía intereses particulares. Parte se fue en renovar concesiones a empresas de peaje por décadas, empresas en las cuales también tenía intereses el titular del PEN. Parte se fue en el experimento estrambótico denominado PPP, con el cual prometieron tapizar el país de autopistas, de las cuales no se construyó virtualmente nada. Y esta semana salta otro escándalo: unos 1.500 millones de pesos transferidos a Vialidad por parte de Seguridad Vial, que debían destinarse a obras, no se sabe en qué se gastaron.
Todo esto ejecutado por funcionarios que asumieron recién salidos de las empresas directamente interesadas en obras viales o de estudios jurídicos especializados en litigar contra el Estado. Y en medio de un discurso privatista que hasta anunciaba la desaparición de Vialidad Nacional.
Esta semana, dos camaristas de intolerables vínculos con el gobierno anterior, dispusieron, en base a verdaderas chicanas procesales, anular los procesamientos de esos funcionarios venales. Que sepan esos jueces que, al menos en La Pampa, esas inconductas tuvieron consecuencias, fueron padecidas, y que desde aquí se demanda justicia. Aunque sea, para variar.