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Vicentin: los que muestran la hilacha

LA IDEOLOGIA DE QUIENES SE OPONEN A LA EXPROPIACION

Los que rechazan la expropiación de Vicentin en nombre de las inversiones son los que hicieron del país un paraíso de la fuga y la especulación. La ideología antiestatal.
CARLOS HELLER
Las repercusiones y el rechazo de ciertos sectores al anuncio sobre el Grupo Vicentin no hacen más que mostrar cuáles son los temas relevantes que nos afectan como país desde hace décadas. Empezando por el rol del Estado, la concentración y extranjerización, la evasión impositiva, la fuga de divisas y la soberanía alimentaria. Por eso no sorprenden algunos argumentos.
Como ejemplos de las reacciones, se escuchó decir a un diputado opositor que «la expropiación de Vicentin es un muy mal mensaje que da el gobierno en términos de confianza para generar inversión en un momento en que la economía necesita certezas; el gobierno gira a Venezuela». La muletilla acostumbrada. Otro diputado afirmó: «Cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica». ¿Pero no es una tragedia la explosión de la deuda, o el incremento de la pobreza que generaron cuando les tocó administrar? El concepto de tragedia difiere, según el cristal con que se mire.
¿Se olvidan acaso que la empresa ya estaba en cesación de pagos, con elevadas acreencias de bancos oficiales? ¿Por qué cuando eran responsables de la gestión del gobierno nacional, no les parecía una tragedia el nivel de endeudamiento al que se llevó a la empresa, comprometiendo fondos públicos? Entre los mayores acreedores están en primer lugar el Banco Nación, luego el Provincia de Buenos Aires y el Ciudad. Por detrás aparece toda una serie de entidades privadas, algunas de ellas agentes oficiales de provincia.

Extranjerización.
En el decreto 552 se pueden encontrar las razones del proyecto de ley para su expropiación y, mientras tanto, intervenir la empresa por 60 días. Un dato que da el marco tiene que ver con la importancia que tiene la empresa en el segmento de la agroindustria: en la campaña 2018/2019 se ubicaba en el sexto lugar en ventas externas de productos agroindustriales, explicando el 9% de la oferta exportable. Todo esto en un mercado en el cual el 91% de las ventas externas de granos y aceites se concentra en 10 empresas, un indicador de la concentración que existe.
A esto se suma la fuerte extranjerización. Según se detalla en el decreto, la mitad de las firmas exportadoras pertenece a capitales nacionales, entre ellas Vicentin, y el resto a capitales extranjeros. No debemos olvidar que hay hambre en un país con capacidad para producir alimentos para cientos de millones de personas. Estamos hablando de bienes de carácter esencial. En el caso de Vicentin, es controlante o tiene participación en productoras de alimentos para el mercado local. Además se trata de los principales sectores generadores de divisas, otro bien esencial y estratégico para nuestro país.

Empleo y deuda.
Según el decreto: «se encuentran en riesgo no sólo los 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica (…). La producción agropecuaria resulta estratégica para nuestro país, garantizando la provisión de alimentos para la población y la exportación de materias primas». Razones de peso para justificar la medida no faltan.
Un tema esencial, que se menciona muy poco, es que todo concurso de acreedores tiene por objeto licuar las deudas lo máximo posible. Y haría recaer los costos de este proceso sobre los bancos acreedores, pero también sobre los proveedores, productores granarios y empresas, que no han recibido pago alguno por sus ventas: estos tienen algo más de un cuarto de la deuda total de Vicentin. Dicha empresa también le debe 9.500 millones de pesos al Estado nacional en concepto de impuestos y contribuciones. Este es el gran costo social si la situación continúa tal cual está planteada.

Rechazo ideológico.
Volviendo a quienes usan el «caballito de batalla» de la inversión, no hace falta decir que durante los cuatro años anteriores las inversiones productivas brillaron por su ausencia. Con las «reglas de juego» del Estado neoliberal, Argentina fue el paraíso de la fuga y de la especulación. El rechazo a la medida tiene que ver con algo bien de fondo, que posee un fuerte cuño ideológico y busca no generar precedentes sobre el importante rol que debe cumplir el Estado en cuanto a los objetivos del desarrollo económico y social.
Estamos hablando de un segmento estratégico y rentable y el país no puede mirar para otro lado ante la posibilidad de que, dada la situación financiera de la empresa, se venda a un precio irrisorio. ¿De qué inversiones nuevas se hablaría en este caso? Sólo sería una transacción que reduciría drásticamente las acreencias, no agregaría valor sino un cambio de manos y una transferencia de riqueza a manos extranjeras. Un tema esencial que muchos defensores del Estado mínimo no consideran. La Federación Agraria del sur de Santa Fe y la Asociación de Productores de la misma región reclamaron que Vicentin sea transformada en «una empresa mixta, distinta, moderna y eficaz, con control y participación de todos los actores». No puedo más que coincidir.

Debate sobre el Estado.
Este debate toca temas que hacen al necesario accionar de los Estados, regulando pero también actuando desde los sectores estratégicos. La gran mayoría de los países desarrollados lo han hecho, sobre la base de un fuerte sector público en esas áreas estratégicas. La historia muestra también que cuando se empezó a desarmar ese rol en países como Inglaterra, Francia y otros, el Estado de bienestar sufrió durísimos golpes con fuertes retrocesos en la calidad de vida. Muchas de estas cuestiones hoy vuelven a discutirse en el mundo.
Estamos ante una empresa concursada, semiparalizada, con gente suspendida que no cobra, o cobra parcialmente, con productores que no cobran, con acreedores -como los bancos públicos- que no cobran, con acreedores internacionales que tampoco cobran. Pero que también posee una capacidad de seguir siendo líder en el sector agroexportador, con todo lo que eso puede representar. Y con la posibilidad, además, de actuar como empresa testigo en el funcionamiento del sector y en la fijación de precios internos, más aún al estar ligada a YPF Agro, como se plantea. (Extractado de Contraeditorial).