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Vicentin, un caso testigo de lo que hay que tener y poner

LA SEMANA POLITICA

Ante el vaciamiento y fuga de capitales, el gobierno se puso duro con Vicentin. Luego retrocedió en chancletas. La pelea está abierta. Un caso testigo de lo que hay que tener y lo que hay que poner frente a un monopolio.
SERGIO ORTIZ
En la pelea por o contra Vicentin no hay neutrales. Procurando objetividad, si se describiera «desde afuera», se diría que en primer round el gobierno lanzó un perfecto «1-2»: la intervención y la expropiación.
La empresa contragolpeó en los Tribunales santafesinos, en la política y medios, con sus muchos aliados. Se quejó de sufrir un robo a la firma y un atentado a la propiedad privada en general.
Ante esa resistencia, que ayer subió de tono con un «banderazo» en varias ciudades como eco de las posiciones del monopolio agroexportador, el gobierno retrocedió y mostró sus diferencias internas, que no son meros matices.
El clima de retroceso se acentuó al conocerse la resolución del juez Fabián Lorenzini, a cargo en Reconquista de la causa judicial por el concurso. Repuso a los directivos de Vicentin como autoridades y rebajó a los dos interventores designados por decreto presidencial a la categoría de veedores.
Ese fue el meollo de su resolución, favorable a la presentación empresaria. Como estos magistrados siempre buscan disimular sus preferencias con algún gesto menor en sentido distinto, Lorenzini no se pronunció sobre otro tema planteado por los Nardelli y Padoan: la inconstitucionalidad del decreto 552 de Alberto Fernández, de intervención.
Lo esencial y dañino ya estaba hecho: la intervención fue frenada, tal el objetivo fundamental de la patronal. La futura expropiación quedó en el aire, la estratósfera. Hoy lamentablemente no se discute sobre cómo y cuándo el Congreso discutirá una ley de expropiación no ingresada a sus cámaras. Todo fue para atrás. Ahora se debate si el juez mantendrá su lamentable resolución o si el gobierno podrá modificarla con su propuesta de mínima, formulada por el gobernador Omar Perotti y la Inspección de Personas Jurídicas santafesinas: que se mantengan los dos interventores nombrados por el PEN y se añada un tercero por la gobernación.
Más allá de si la gestión estará a cargo de los dueños del pulpo o de los tres interventores, resulta evidente que no habrá segundo paso hacia una expropiación.
O mejor dicho, si la hubiera, que hoy parece harto improbable, no sería para lograr el objetivo planteado por Fernández la semana pasada, esto es, contar con una empresa estatal testigo en el rubro alimentos y metiendo baza en el submundo de la liquidación de exportaciones. Ese objetivo murió, de la mano de Perotti, la derecha gubernamental (Sergio Massa), los aliados de ese sesgo político (Juan Schiaretti, Roberto Lavagna, etcétera), las entidades agropecuarias Coninagro y ACA, etcétera. Si es que nace, la criatura sería una «empresa mixta», con el Estado poniendo créditos y los privados haciendo negocios. No se llamarán Vicentin, pero sus operatorias serían similares y no se descarta que los Nardelli y Padoan mantengan parte del paquete accionario o lo vendan.

Lo que hay que tener y poner.
En triunfalista primer round, el presidente planteaba la expropiación; a su lado se mostraba la senadora Anabel Fernández Sagasti. Un comunicado de La Cámpora, habitualmente mutis por el foro, subrayaba la importancia de la empresa estatal por el doble cometido (incidencia en alimentos y la liquidación de dólares).
Las expectativas crecieron en el arco gremial no burocrático, el centro-izquierda e izquierda. Estas fuerzas veían con preocupación campañas de la derecha política y empresarial-mediática, que esmerilaban y condicionaban al presidente. Vicentin podía ser un punto de inflexión para la iniciativa política.
Esa expectativa duró pocos días, como estas temperaturas otoñales-primaverales. Ahora se entra de nuevo en el frío invernal. Otra vez la derecha a la ofensiva. La senadora mendocina desapareció de escena. El derechista Perotti es dueño de la pelota, con aval presidencial. Los sojeros se adueñaron de una fecha nacional como el 20 de Junio a pesar de ser tan antipatrióticos. Ayer dolía ver a esta gente con la celeste y blanca cuando su divisa es la de Cargill, Glencore y otras multis.
Varios analistas dijeron que la exportadora estaba comenzando una «nueva 125», en referencia al conflicto de 2008 de la Mesa de Enlace sojera con Cristina Fernández de Kirchner.
Esa comparación tiene un costado cierto pues una parte defendía ganancias extraordinarias de un poroto que valía 600 dólares la tonelada. De todos modos lo de estos días no es comparable con aquello, por tres motivos.
Uno, esa pelea duró más de tres meses y la actual no pinta para durar tanto porque al gobierno se le nota flojedad de rodillas.
La otra diferencia es que aquella vez había una presidenta dispuesta a dar esa batalla por el país. Ahora el presidente, por entonces jefe de Gabinete renunciante, no tiene esa determinación de lucha de esa CFK.
La tercera cosa distinta es que el movimiento popular para cobrar retenciones a la soja ganaba las calles, copaba las plazas, se enfrentaba a los «piquetes de la abundancia» y Luis D’Elía le daba una piña a un defensor de la Suciedad Rural. Hoy -está bien que hay cuarentena por la pandemia – las calles están desiertas de manifestaciones populares, sus organizaciones padecen una desmovilización casi total y Luis D’Elía está preso con domiciliaria.
Si se quisiera librar con perspectivas de éxito una lucha parcial contra los monopolios (antes con la 125 y hoy contra Vicentin), se requiere tener un gobierno bien determinado, con un programa-plan concreto y unificado, y movilización en las calles. Esto es lo básico, además de poner ovarios y gónadas en la campaña. Es lo que hay que tener y lo que hay que poner.

¿Qué hacer con Latam?
Sin pecar de pesimismo, hay que llamar la atención sobre lo desparejo de la pulseada por Vicentin. La derecha gana las calles, sus bloques políticos están unidos, cuenta con los principales medios de incomunicación y opera grandes resortes de la justicia. Es una combinación casi óptima para defender como justa una infame empresa, fugadora de capitales y ex socia del terrorismo de Estado.
Si bien Vicentin es el caso más llamativo de firma a punto de quiebra, no es el único. Latam, en su momento empresa de Sebastián Piñera, anunció el cese de sus actividades en Argentina. A las líneas aéreas y empresas de turismo las perjudicó la pandemia, con el parate total de actividades. También les jugó en contra la habilitación macrista de las «fly bondi», de bajas tarifas y baja seguridad, que les hicieron competencia desleal. Y los posibles delitos y fugas de capitales de sus controlantes extranjeros. La cuestión es que esa línea aérea dejaría de funcionar y 1.700 trabajadores irían a la calle.
Acá se repite, con matices, el debate por Vicentin. ¿Pasa a manos del Estado o éste pone plata para salvar a sus dueños privados? ¿De quién fue la culpa de esta caída de Latam? La empresa acusó a la intransigencia de los gremios aeronáuticos; sus propagandistas de Clarín y el ex gobernador Alfredo Cornejo, agregaron que -además de los gremios- la culpa es de La Cámpora. La imbecilidad y el anticomunismo son incurables; y no tienen vacuna, como tampoco la hay todavía para el Covid-19.
Lo aconsejable es que el Estado se haga cargo de esos trabajadores y fortalezca Aerolíneas Argentinas, como medida de emergencia. Objetarán esa propuesta aduciendo que la línea estatal está sobrecargada y sin volar, pero nuestro país debe tener una política de transportes en manos del Estado y con sentido federal. Una mega empresa estatal con línea aérea, Ferrocarriles, Subtes, transporte urbano y de media y larga distancia, Flota Mercante, talleres y puertos. Si ese fuera el proyecto diverso a construir, entonces habría lugar, aún en otras funciones, para los trabajadores de la fracasada Latam.

No ceder más
El gobierno por medio del ministro Martín Guzmán y los tres grupos de bonistas acreedores siguieron renegociando la deuda externa, sin llegar a un acuerdo. Por eso han extendido hasta el 24/7 el plazo de esa negociación, donde quien viene haciendo las mayores concesiones es la parte argentina.
En abril Guzmán ofreció un pago de 40 centavos por dólar y tras su rechazo por los acreedores fue aumentando y «endulzando» la oferta hasta llegar a los 50 centavos. Como también habría ofrecido un bono atado a las exportaciones, se estima que en total la oferta se llevaba hasta 52 centavos por dólar.
Insaciables, BlackRock, Fidelity, Fintech y Monarch siguen demandando más. Agrupados en Exchange Bondholders, Comité Ad Hoc y Tenedores del Canje, pretenden 55 y 58 centavos, amén de otras ventajas en los nuevos contratos. Con lo que aflojó el gobierno, varios economistas estiman que ya ha ofrecido pagar 12.000 millones de dólares más, respecto a lo ofertado en abril.
Es muchísimo dinero, que tanto se necesita para afrontar la salida de la actual crisis económica agravada por la pandemia. Justo el 20 de junio de 2018 Mauricio Macri firmó con el FMI el acuerdo espurio para superendeudar el país. Pensando en ese endeudamiento, pero también en la propuesta de pago de Fernández, Manuel Belgrano nos diría a los argentinos, «carajo, para qué les legué esta bandera».