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Vida de Assange se apaga de a poco en Belmarsh

ES NECESARIO UN MOVIMIENTO MUNDIAL POR SU LIBERTAD

Desde hace más de 7 años la vida de Assange es un infierno. Aislado en la embajada de Ecuador en Londres y luego en una cárcel británica. ¿Delito? Dar información verdadera.
SERGIO ORTIZ
Julian Assange tiene 48 años y se hizo conocido en 2010 por su sitio WikiLeaks, cuando publicó 750.000 cables secretos norteamericanos develando crímenes en Irak y Afganistán, incluyendo videos donde se asesinaba a civiles.
El australiano se convirtió así en el enemigo público número 1 de EEUU, por encima de Saddam Hussein que ya había sido asesinado en Irak, y de Bashar Al Assad que recién en 2011 llegaría a ese podio con el inicio de la guerra para derrocarlo en Siria.
La gran diferencia es que Assange no tenía gobierno, recursos ni misiles. Sí un arma formidable, WikiLeaks, para develar esas miserias del imperialismo global. Este hablaba de democracia y derechos humanos, pero bombardeaba pueblos, saqueaba recursos y secuestraba y torturaba en prisiones ilegales manejadas por la CIA, en países aliados como Arabia Saudita, amén de Guantánamo, robada a Cuba.
Los pesquisas de las 16 agencias de seguridad estadounidenses, todas en la órbita del Pentágono, llegaron a la conclusión de que Assange había tenido la colaboración de una analista militar, Chelsea Manning (ex Bradley). La detuvieron y condenaron en 2013 a 35 años de prisión, de los cuales cumplió 7 hasta ser indultada por Barack Obama en su tramo final de la Casa Blanca.
Chelsea se mantuvo leal a Assange y se negó a testimoniar en su contra. Toda una lección de humanidad y valentía de este exhombre, devenido en mujer.
En ese momento, EEUU le abrió un primer cargo a Assange: conspiración para cometer acto criminal. Aunque sonara muy fuerte, por lo de criminal, tenía una pena de 5 años. Era parte de la táctica: entregáte que no la vas a pasar muy mal, con buena conducta en 3 años te vas. También perseguía engañar a los países donde se asilara el australiano: mándenlo a Virginia, que los cargos no son tan graves.
En el medio el de WikiLeaks tuvo dos acusaciones de mujeres en Suecia. Una de las denunciantes, de 30 años, lo acusó «de haber mantenido relaciones sexuales mientras ella dormía y sin preservativo, a pesar de que ella había rechazado cualquier relación sin protección». ¿Raro no? Si a cierta edad no es tan fácil tener relación entre dos personas despiertas, más complicado lo es cuando una de las dos está dormida…
Esta causa en Suecia, abierta en 2010, fue cerrada por la fiscalía en 2017, ante la imposibilidad de conseguir pruebas. Reabierta en mayo de 2019, esta semana la fiscal general adjunta sueca, Eva-Marie Persson, informó que cerró la investigación contra Assange. Detalló que la investigación adicional realizada desde mayo «demostró que las evidencias utilizadas en el caso no eran lo suficientemente convincentes». Una buena para Julian.
Esas denuncias en Suecia dieron lugar en 2010 a un pedido de extradición al Reino Unido, donde Assange residía. Lo detuvieron brevemente y lo dejaron en libertad al aguardo de una resolución sobre la extradición. Ante el temor de ser enviado a Suecia, como estación de paso hacia EEUU, donde las acusaciones serían gravísimas en su contra, incluso con la posibilidad de ser condenado a muerte, Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. Era el 19 de junio de 2012.

Todo en contra.
Su ingreso allí fue autorizado por Rafael Correa, quien luego le extendió un salvoconducto para que pudiera viajar a Quito. El gobierno inglés no le permitió salir y estuvo 2.488 días (casi 7 años) viviendo en 20 metros cuadrados, con sus movimientos acotados. Mientras en EEUU se preparaban más y graves acusaciones en su contra, el asilado no podía armar su defensa porque la CIA lo espiaba con cámaras y grababa todo lo que hacían y decían él y sus abogados en su albergue.
Esa embajada se convirtió en cárcel cuando Correa fue reemplazado por «Kautsky» Moreno, quien -coherente con su traición a su mentor y a su pueblo- la completó contra Assange. Luego de recibir en Quito a Mike Pence y luego a Mike Pompeo, le quitó el asilo y permitió que el 11 de abril de 2019 la policía británica lo llevara detenido.
En mayo pasado la justicia inglesa dictaminó que debía estar preso 50 semanas mientras se resolvía sobre la extradición solicitada por EEUU. Y lo recluyó en la prisión casi de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres, construida para alojar terroristas luego de los atentados de 2001.
Si lo mandan a Virginia lo estarán condenando a morir porque el 23 de mayo pasado allí le sumaron otros 17 cargos, que junto con el original tienen una pena potencial de 175 años de cárcel.
Por eso el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, declaró en octubre que el fundador de WikiLeaks había sido sometido «a la tortura psicológica y violaciones sistemáticas de su derecho al debido proceso por parte de los Estados involucrados». Ya en junio pasado había dictaminado igual sobre la situación vejatoria del detenido. Su nota periodística fue enviada a los principales diarios de Europa y EE UU, y sus respectivos gobiernos, pero ninguno se hizo eco. Eso se llama censura.
El juicio sobre extradición será en febrero de 2020 de modo que el australiano seguirá recluido las 23 horas en una celda de 4 metros, aislado, con la sola visita de un abogado, deprimido, enfermo, pesando 9 kilos menos y sometido a fuerte presión psicológica.
Entre el asilo en la embajada y su prisión actual, lleva 7 años, cinco meses y dos días privado de su libertad. Y su perspectiva es sombría, pues hasta febrero estará recluido en Belmarsh. Después se abren dos perspectivas: ser extraditado a Alexandria, en el estado asiento de la CIA (Virginia), o la libertad.
Esto interpela a los comunicadores, que en forma amplia y universal deberíamos reclamar por la vida y libertad de Assange. Su único «delito» fue desnudar los procedimientos criminales y secretos del imperio.
No hay que esperar nada de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En su 75° Asamblea de Coral Gables, Florida, del 4 a 7 de octubre pasado, defendió al periodista de Clarín, Daniel Santoro, que sería cómplice de la red extorsiva de Marcelo D’Alessio. La SIP está obsesionada con Cuba y denunció los supuestos crímenes castristas: «a Sandra Haces, Henry Constantin, Yunier Gutiérrez y Ariel Maceo, se les prohibió el acceso a zonas donde se desarrollan eventos noticiosos. Fuentes de información y algunos lectores de Ricardo Fernández Izaguirre y Constantín han sido hostigados. A Inalkis Rodríguez Lora, Yoe Suárez y Constantín se les han practicado revisiones exhaustivas de equipaje en aeropuertos». Uy, ¡qué barbaridades!
En cambio a Donald Trump no le votaron ninguna resolución crítica específica reclamando por Julián Assange.