Violencia verbal

La ciudadanía pampeana, y también la del resto del país, enterada por algunos de los grandes medios porteños que recogieron la noticia, ha quedado asombrada por las recientes y graves manifestaciones que formulara una funcionaria policial a través de las redes sociales. La mujer policía no vaciló en realizar gravísimos comentarios amenazantes para con el movimiento feminista cuya problemática se solucionaría, según sus expresiones, con “una bomba y listo”. No conforme con semejante despropósito agregó que “al tiempo, cuando la familia se junte para llorarlas, otra bomba más y así vamos limpiando el país”. La responsable de semejantes declaraciones estaba a cargo de una unidad de Género, Niñez y Adolescencia, temáticas íntimamente relacionadas con el feminismo tan denostado por la funcionaria.
Si bien la reacción de la Jefatura de Policía fue inmediata, desplazándola del cargo y a la espera del sumario correspondiente, el hecho obliga a un análisis más amplio. En principio se debe reconocer que -más allá de los funcionarios cuya indignidad está siendo juzgada por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura- en la fuerza policial pampeana no se advierten hechos de odio irracional y manifiesto como el mencionado. Además se supone que todo policía, en su condición de servidor público, debe tener una clara y bien orientada vocación de servicio hacia la comunidad, aun para con aquella parte con la que no coincida en lo personal.
Cabe, también, una interrogación acerca de cómo llegó al cargo una persona con semejantes valores, mucho más cercanos al fascismo que a la democracia que laboriosamente intentamos construir. Su proceder, claramente desequilibrado, aparece impropio de una funcionaria que llegó a ocupar una función pública de responsabilidad institucional.
Ahora resta esperar que la sanción que reciba no implique su traslado a una localidad pequeña y alejada en donde su pensamiento pueda implicar un riesgo comunitario.